ERC echa un pulso al Gobierno con la ley de memoria

Una enmienda a la totalidad del grupo catalán compromete la aprobación del proyecto. Esquerra propone que se puedan reabrir causas por la represión de la dictadura

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados.
Gabriel Rufián, portavoz de ERC, el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados.Sergio R. Moreno (GTRES)

El proyecto de ley de memoria democrática, una de las grandes iniciativas del Gobierno para el nuevo curso parlamentario, no va a tener una tramitación fácil en el Congreso. Uno de los apoyos que se adivinan imprescindibles, ERC, se descolgó este viernes con una enmienda a la totalidad. El grupo republicano considera que el texto del Gobierno se queda corto y ha decidido presentar uno alternativo, con medidas mucho más contundentes para impulsar una política pública de condena del franquismo y reconocimiento de la II República. El movimiento de ERC obliga al Ejecutivo a negociar porque, ante el ya anunciado rechazo de la derecha, correría el riesgo de verse en apuros para sacar el texto adelante sin los votos del grupo independentista.

En realidad, Esquerra y el PSOE ya llevan un tiempo negociando. El último contacto se produjo el pasado miércoles, según fuentes del grupo republicano, que reconocieron que los socialistas han aceptado varias de sus propuestas. Pero ERC lo considera aún insuficiente, en un asunto que la formación independentista ha situado entre las prioridades de su agenda en el Congreso. “No queremos renunciar al debate sobre una cuestión muy importante para nosotros, somos uno de los partidos más represaliados”, expresaron fuentes de ERC, que insistieron en su disposición a seguir negociando.

La presentación de una enmienda a la totalidad, en lugar de enmiendas parciales, es una forma de incrementar la presión sobre el Gobierno. Además de sus 13 diputados, ERC tiene capacidad para atraer a otras formaciones nacionalistas como EH Bildu o el BNG.

Esquerra echa en falta en el texto del Gobierno que se certifique “la nulidad de pleno derecho” del régimen franquista o que se reconozca a las víctimas de la Transición. El grupo independentista propone incluir en ese reconocimiento a los que fueron “perseguidos” entre 1978 y 1982 por “funcionarios del Estado y organizaciones paramilitares”. También critica ERC que se excluya del reconocimiento al maquis que luchó contra la dictadura tras el final de la Guerra Civil y que “se cierre la puerta explícitamente a las reclamaciones patrimoniales” de las personas que sufrieron represión durante las cuatro décadas del franquismo.

El texto alternativo de ERC abre la puerta expresamente a revisar las actuaciones del régimen franquista, pese a la ley de amnistía de 1977. Esquerra apela a la “imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad” que contempla el derecho penal internacional. En virtud de ese principio propone introducir en la ley un artículo para que el Gobierno dé apoyo “económico y jurídico” a las “reclamaciones que formulen ciudadanos, asociaciones e instituciones por los crímenes cometidos durante el franquismo”.

La pretensión del grupo de ERC es que el Congreso se declare heredero de la II República y plasme en el texto legal una condena minuciosa de los crímenes franquistas. Propone que el Estado asuma las reclamaciones de todas las personas que hayan sido perseguidas o hayan sufrido “perjuicio económico” por la dictadura.

El texto alternativo de los republicanos va incluso más atrás que el franquismo. En el reconocimiento a todo tipo de víctimas, se remonta a la guerra del Rif bajo el reinado de Alfonso XIII. La propuesta de ERC pretende comprometer al Estado a promover actos de memoria en esa región de Marruecos como resarcimiento por el uso de armas químicas por parte del Ejército colonial español.

La creación de centros de la memoria de la represión es uno de los puntos en los que más incide la propuesta del grupo independentista catalán. ERC sugiere hacerlos en numerosos lugares, como cárceles o incluso la antigua sede de la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol de Madrid, lugar habitual de torturas a los presos políticos y que hoy acoge la presidencia del Gobierno regional.


Sobre la firma

Xosé Hermida

Es corresponsal parlamentario de EL PAÍS. Anteriormente ejerció como redactor jefe de España y delegado en Brasil y Galicia. Ha pasado también por las secciones de Deportes, Reportajes y El País Semanal. Sus primeros trabajos fueron en el diario El Correo Gallego y en la emisora Radio Galega.

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