El PP se enroca en sus exigencias sobre el Poder Judicial pero se queda en minoría en el Congreso

El PSOE acepta negociar un papel más directo para los jueces en la elección si se renueva ya el Consejo

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños (a la derecha, en el centro), con la delegación del PP, con Cuca Gamarra (a la izquierda, en el centro), este martes en el Congreso. En vídeo, las declaraciones de Gamarra sobre la negociación de la renovación del CGPJ.

Sin avance alguno sobre el bloqueado Poder Judicial ni sobre ninguno de los órganos constitucionales fuera de mandato. El encuentro bilateral entre el Gobierno y la dirección del grupo parlamentario del PP en el Congreso, que han mantenido este martes y apenas duró 45 minutos, constató que persisten en sus posiciones y que no se vislumbra ninguna posibilidad de acuerdo. El Ejecutivo y el PSOE reafirmaron que se abren a discutir con el PP y con todo el arco parlamentario sobre una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para dar más papel directo a los jueces en la elección del órgano de su gobierno, como recomienda ahora la Unión Europea y demandan las asociaciones de jueces más relevantes, pero si se renueva ya y con el actual sistema ese Consejo. El PP incluyó todas sus últimas exigencias, desde que se inicie ya la tramitación de esa reforma legal y los vetos a Podemos y otros partidos en la negociación, en una propuesta de reforma de esa ley que ha sido debatida y derrotada este martes en el Congreso, con 190 votos en contra y 154 a favor. El atasco institucional continúa.

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En la reunión de este martes entre el Gobierno y el PP en el Congreso han participado por parte del Ejecutivo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y la directora general de Relaciones con las Cortes, Mercedes Cabrera; y por parte del Grupo Parlamentario Popular la portavoz, Cuca Gamarra; el secretario general, Guillermo Mariscal, y la secretaria general adjunta, Isabel Borrego. La cita no fructificó en nada aunque desde ambos bandos se tachó de “cordial”.

El PP lleva semanas reclamando algún contacto bilateral entre el presidente, Pedro Sánchez, y su líder, Pablo Casado, que no se hablan directamente hace meses, pero desde el Gobierno se argumenta que ese encuentro no tiene sentido ante el nivel de los ataques que reciben desde las filas populares y porque entienden que son el PP y su presidente quienes se ha situado fuera de los márgenes constitucionales e institucionales al negarse a negociar y pretender solo la imposición de sus condiciones.

El Gobierno constató este martes, sobre la renovación del Poder Judicial, “que el PP sigue enrocado en no cumplir la ley ni la Constitución y que, por tanto, incumplen el requerimiento de la Comisión Europea y de su comisario de Justicia que ha pedido que se renueve con carácter urgente el Consejo conforme a la ley vigente”, según señalaron fuentes socialistas tras el encuentro. “El cumplimiento de la ley no se puede someter a condición. No se puede incumplir una ley porque un partido que no tiene mayoría parlamentaria ha decidido cambiar de opinión y ahora desea imponer a la mayoría su voluntad”, remarcaron las mismas fuentes.

Desde las filas del PP se rebatió esa versión y se apuntó contra “la parte ministerial” como la culpable de “bloquear la renovación al mantener la misma posición anunciada antes de la reunión por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista”, Héctor Gómez, contraria a apoyar la toma en consideración de la proposición de ley registrada y defendida en la tarde de este martes por la portavoz del PP. Fuentes del PSOE en la Cámara subrayaron en ese sentido que la votación y la previsible derrota en el pleno de esa propuesta, en la que los populares insisten en iniciar los debates sobre la reforma legal antes de “renovar inmediatamente” el Consejo con el sistema actual, indica cuáles son los apoyos reales y actuales del PP en el Congreso. El portavoz socialista incluso les achacó no haber asumido aún su papel en la oposición.

“La ley no se toca”, añaden fuentes del Ejecutivo, tajantes sobre la posibilidad de que el proceso de designación de los vocales se vaya a modificar como pide Génova. Fuentes conocedoras de la reunión sentencian que la prioridad de la UE es que se renueve el CGPJ. En cuanto a la renovación de otros órganos como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, la portavoz del PP le ha trasladado al ministro de Presidencia que van en bloque con el Poder Judicial. Una posición que el Ejecutivo lamenta y cree que, de extenderse en el tiempo, aboca al desprestigio de las instituciones por el bloqueo sine die en esos órganos.

Antes del pleno y en el propio debate, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, emplazó al PSOE a asumir su proposición por “seria y sensata” y se atribuyó el apoyo a sus ideas de la Unión Europea, del comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, y de todas las asociaciones judiciales (el comisario europeo instó este lunes a renovar ya el Poder Judicial con el modelo actual, antes de abordar cualquier otra reforma). Gamarra apuntó en un primer momento que al PP le bastaría con que el PSOE tomase en consideración y permitiese el debate de su iniciativa para emprender la renovación del Poder Judicial, pero más tarde, preguntada por si quedaban anuladas otras condiciones que fueron planteando en el curso de estos tres años de frustradas negociaciones, la dirigente del PP reconoció que no y que seguían vigentes las que calificó como “principios”. Entre ellos que Unidas Podemos no forme parte de estas negociaciones, ni tampoco Vox u otras formaciones, y los vetos personales a magistrados como José Ricardo de Prada o Victoria Rosell. “No nos vamos a mover de nuestros principios de garantizar la independencia judicial”, proclamó.

El portavoz del PSOE, Héctor Gómez, comunicó la opinión del partido y la posición del Gobierno, incluso por anticipado a la reunión bilateral y al debate en el pleno. Gómez arremetió contra Casado, al que descalificó como “líder desorientado y sin sentido de Estado”, le achacó toda la responsabilidad sobre este atasco institucional por querer cambiar las reglas de juego con la reforma legal del Poder Judicial “a mitad de partido y con el proceso ya iniciado” y, finalmente, destacó el problema de falta de apoyos y votos del PP para cambiar esa ley: “El PP está en la oposición, no está para ultimátums, lo que es muy grave es que Casado no respete las leyes y los mandatos constitucionales”. El dirigente socialista sí repitió varias veces que el Ejecutivo se abriría a discutir y debatir “desde una perspectiva amplia y abierta” con todos los partidos y las asociaciones judiciales posibles mejoras y aportaciones a la futura ley del Poder Judicial, incluyendo conceder más papel directo a los jueces en la selección de ese órgano, si se cambia el actual Consejo sobre el procedimiento en vigor.

Una modificación de una ley orgánica de esa importancia requiere, sin embargo, meses de debate y se puede alargar incluso más de un año. El PP defiende que, con procedimientos de urgencia y si la pactan solo con el PSOE, se podría resolver en apenas 45 días.

El Consejo General del Poder Judicial acabó su mandato de cinco años en 2018, sobre la base de un acuerdo político que firmaron en 2013 el Ejecutivo con mayoría absoluta del PP de Mariano Rajoy y el PSOE que dirigía entonces en la oposición Alfredo Pérez Rubalcaba. Ese escenario político cambió en las últimas elecciones, hace ya tres años. El sistema aún vigente permite a los jueces presentar sus candidaturas con un mínimo de avales de sus compañeros para ocupar 12 de los 20 puestos de consejeros, pero la elección final la deciden los partidos en el Congreso y el Senado. Los otros ocho consejeros proceden de juristas de reconocido prestigio.

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