La Audiencia Nacional ordena cerrar una revista de Sortu por enaltecimiento terrorista

El juez García-Castellón, que acuerda también la clausura de una web, aprecia un posible delito en esta publicación sobre presos de ETA

El portavoz y dirigente de Sortu, Haimar Altuna, en un acto celebrado este septiembre.
El portavoz y dirigente de Sortu, Haimar Altuna, en un acto celebrado este septiembre.Juan Herrero (EFE)

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha ordenado el cierre de una página web y de una revista sobre los presos de ETA editada por Sortu, principal partido de la coalición de la izquierda abertzale EH Bildu. El magistrado ha tomado esta decisión a instancias de la Fiscalía y al apreciar un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo, según consta en un auto dictado el pasado 15 de septiembre y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Haimar Altuna y Oihana Garmendia, portavoces de la formación, han anunciado este miércoles que los abogados de la fuerza política ya han recurrido esta decisión judicial.

El magistrado instructor ha adoptado esta medida, según argumenta en su escrito, para evitar que a través de dichas “publicaciones y páginas nocivas” pueda producirse una “perpetuación delictiva, que en este caso supone el enaltecimiento de la trayectoria y ensalzamiento de miembros de la banda terrorista ETA”, disuelta en mayo de 2018. Por ello, García-Castellón da luz verde a la “clausura temporal” de la revista Kalerainfo —”editada por la comisión a favor de los presos de ETA de Sortu”, según explicó el ministerio público— y ordena también el bloqueo técnico de la web Kalerakalera.eus, que este miércoles permanecía todavía activa. Todo ello, apostilla el magistrado en su auto de dos páginas, “mientras continúa la investigación para conocer a los responsables del enaltecimiento delictivo”.

El pasado 20 de julio la Fiscalía tomó la iniciativa y solicitó esta medida al juez García-Castellón, que mantiene abiertas pesquisas sobre las presuntas estructuras creadas para organizar actos de homenaje a los integrantes de la banda terrorista. Según mantiene la acusación, a través de estas dos publicaciones “se enaltece el terrorismo de ETA, mediante ongi etorris [actos de bienvenida al salir de prisión] y otros actos de homenaje dispensados a miembros de la banda terrorista ETA”. De hecho, los portavoces del partido aberzale detallaron también que la petición del ministerio público se basó en informes previos elaborados por la Guardia Civil.

Kalerainfo es una revista publicada cada tres meses por Sortu desde 2017, según explicó este miércoles la formación abertzale en una rueda de prensa. El partido rechaza las tesis de la Fiscalía y acusó al juez de la Audiencia Nacional de arremeter contra “la actividad comunicativa de un partido” político. “Nos encontramos ante unos hechos muy graves. Se está atentando contra derechos fundamentales y actuaciones lícitas, como es el derecho a informar”, repitió la portavoz Oihana Garmendia, que añadió: “La revista es una herramienta para informar a los presos sobre las cuestiones judiciales que les atañen, para ofrecerles información de interés a fin de realizar su recorrido penitenciario y para darles cuenta de las movilizaciones que se llevan a cabo en defensa de sus derechos”.

Homenajes a etarras

La orden de cierre de ambas publicaciones se conoce después del tenso fin de semana vivido en Arrasate/Mondragón (Gipuzkoa), donde se produjeron incidentes entre los asistentes a un acto organizado por Vox en homenaje a las víctimas del etarra Henri Parot y los simpatizantes abertzales que se concentraron en las cercanías para gritar consignas contra el partido de extrema derecha. La fuerza liderada por Santiago Abascal había convocado esta movilización como respuesta a otra marcha prevista para el mismo día en favor de Parot, que fue suspendida finalmente ante la presión de las instituciones vascas y nacionales, de las víctimas y de los partidos.

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En ese caso, ante la petición del hijo de un asesinado por el terrorista, la propia Audiencia Nacional llegó a estudiar si prohibía la manifestación por enaltecimiento, pero el juez José Luis Calama lo descartó al no poder restringir “preventivamente” el derecho fundamental de reunión sin que “exista constancia” de que se “haya producido o se vaya a producir” delito alguno: “No existen en este momento los datos y elementos necesarios para poder determinar si los hechos denunciados podrían, en su caso, llegar a constituir hipotéticamente un delito de enaltecimiento”, argumentó.

El juez García-Castellón mantiene abierto actualmente un sumario para esclarecer si existe un grupo encargado de organizar sistemáticamente los homenajes a etarras. Los investigadores creen que un colectivo de integrantes de la izquierda abertzale “dirigía y coordinaba en primera persona” estos actos y que, demás, utilizaron distintas asociaciones “instrumentalizadas y usadas a modo de pantalla para encubrir a los promotores genuinos”. Según afirmaron este miércoles ambos portavoces de Sortu, seis miembros del partido se encuentran imputados en esa causa, incluidos ellos mismos.

Otra clausura dictada por un juez

Un precedente. El magistrado instructor Juan del Olmo ordenó en 2003 el cierre del diario en euskera Egunkaria, afín a la izquierda abertzale, al considerarlo un “instrumento” de ETA. La medida supuso la desaparición de la publicación e implicó la detención de sus directivos. En 2010 la propia Audiencia Nacional absolvió a los cinco imputados llevados a juicio y consideró que no se acreditó su vinculación a la banda terrorista. Es más, el tribunal arremetió contra el juez Del Olmo y subrayó que su decisión de cerrar el diario era “de difícil encaje en nuestro ordenamiento”.

 

Frente jurídico. La Audiencia Nacional reanudó este miércoles el juicio contra los acusados de pertenecer al bautizado como “frente jurídico” de ETA, conocido como Halboka, una supuesta estructura creada en 2002 para mantener el control y la disciplina interna de los presos de la banda. Entre los procesados se encuentra la abogada Arantza Zulueta. Este miércoles, varios guardias civiles declararon que en 2010 incautaron a Zulueta un documento en el que la banda terrorista le pedía datos de la Audiencia Nacional, adonde ella iba habitualmente, para preparar supuestamente un atentado.

Sobre la firma

J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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