Arrecia el debate sobre la descentralización de instituciones para visibilizar territorios más allá de Madrid

Pedro Sánchez se abre a desconcentrar el sector público por el reto demográfico y Ximo Puig lo inscribe en la necesidad de construir una España policéntrica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el pasado mes de mayo en Valencia.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el pasado mes de mayo en Valencia.ROBER SOLSONA (Europa Press)

El debate sobre la descentralización de organismos del Estado con sede en Madrid hacia otros lugares de España se abre paso en la discusión política. Ya sea como vía para fomentar la igualdad de oportunidades de todo el territorio o como una forma de fijar población en zonas afectadas por el reto demográfico, la idea de trasladar las instituciones —y a sus funcionarios— desde la capital hacia la periferia va cobrando cuerpo.

El presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, hace tiempo que batalla por construir una España descentralizada y policéntrica. “¿Por qué Turespaña no puede estar en Palma, la sede central del Instituto Español de Oceanografía junto a la playa en Vigo o el Centro Nacional de Danza en Sevilla? ¿Por qué Puertos del Estado no puede estar en Valencia?”, se preguntó Puig en una de sus últimas visitas a la capital, en julio. Su espíritu es que en cada parte del país se sienta el todo, se reconozca que España no es solo Madrid y se promueva la visibilidad de otros territorios.

El presidente Pedro Sánchez se ha abierto esta semana a “desconcentrar”. Pero, aunque existe un mismo objetivo, la filosofía del método varía. El lunes, Sánchez habló, ante el presidente cántabro, el regionalista Miguel Ángel Revilla, de su disposición a trasladar sedes de instituciones públicas para afrontar el desafío demográfico y la lucha contra la despoblación.

Los empleados del sector público estatal ubicados en Madrid suman 150.000 trabajadores que, con sus familias, representan unas 400.000 personas. Son más funcionarios y empleados públicos estatales que los autónomos que hay en 47 provincias. De los funcionarios que trabajan en Madrid, 37.446 lo hacen en servicios centrales de los ministerios cuando materias como sanidad, educación y servicios sociales están transferidas a las comunidades autónomas. La concentración de unidades de contratación en la capital lleva a que el 60% de los contratos recaigan en empresas de Madrid, porcentaje que alcanza el 64,4% si se considera el importe de los contratos. Y, así, Madrid está 36 puntos por encima de la media en PIB per cápita. Son datos recogidos en el informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal.

En Madrid se ubican los ministerios, el poder legislativo y el judicial, los organismos reguladores, y muchas de las mayores instituciones culturales y centros de investigación públicos, señala el informe, que sostiene que buena parte de esos organismos y entidades podrían descentralizarse. De hecho, señala que Madrid tiene 44.315 empleados públicos en instituciones que podrían estar ubicadas en cualquier otro lugar de España, “y que tendrían un importante efecto tractor allí”.

En su apuesta por “desconcentrar” instituciones “que históricamente han estado en Madrid”, Sánchez topó de inmediato con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: “Es, nuevamente, un ataque frontal y directo contra Madrid y, desde luego, nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para impedirlo”, dijo Ayuso.

Las armas para hacer del reto demográfico una “política de Estado” no se ciñen a la descentralización, tal como reconoció Sánchez, quien señaló también como necesaria la reforma del modelo de financiación autonómica, caducado desde 2014 y prometida por el Gobierno para antes de que acabe el año, un plazo que tiene pocas posibilidades de cumplirse. Fuentes del Gobierno atestiguan que tampoco la descentralización tiene una hoja de ruta marcada por lo que, de momento, se limita a una voluntad.

Pese a que Sánchez habló del traslado de sedes como medida ante el reto demográfico, el espíritu de lo que marca el PSOE es más amplio. En la ponencia marco que se debatirá en el próximo congreso federal, que se celebrará en Valencia, los socialistas hablan de “una Administración General del Estado en todo el territorio”. “Con la voluntad de que la Administración General del Estado siga siendo una institución que vertebra y está presente en todo el territorio español, vamos a promover su desconcentración a partir del traslado total o parcial de las sedes de diversos organismos a distintas ciudades del país. Por ejemplo, algunas agencias estatales, así como segundos niveles de la Administración”, señala el texto. Los socialistas valencianos tienen la intención de enmendar el punto para concretar el objetivo, “no caer en errores del pasado y separarlo del debate identitario al que lo unió Zapatero”, en referencia a las transferencias que realizó el expresidente del Gobierno a Cataluña, según han indicado fuentes del partido. Otras fuentes aseguran que es un paso en el modelo federal que propugna el PSOE. Aunque no se marcarán las instituciones y organismos con posibilidades de traslado, sí tienen en mente la descentralización del Tribunal Constitucional, uno de los organismos con menor número de funcionarios, o de equipos directivos de organismos que no precisen de la movilidad de centenares de empleados públicos. “Se trata de avanzar en la España policéntrica que contribuirá, además, a hacer la administración más eficiente, tal como ha demostrado el modelo alemán”, señalan.

Alemania es uno de los ejemplos recurrentes. Los distintos tribunales federales no se localizan en la capital: ni el Tribunal Constitucional y el Tribunal Federal de Justicia, ni los tribunales Contencioso-administrativo, de Trabajo, de Hacienda o de Asuntos Sociales. Tampoco se localizan en Berlín el Banco Central alemán (está en Fráncfort) ni algunos de los ministerios federales (en Bonn), señala el director de investigación del IVIE, Francisco Pérez, que ha dirigido el estudio de la capitalidad. La concentración supone además, según este catedrático de Análisis Económico, unos costes para las personas, por el precio del alquiler de viviendas, el coste de la vida, los tiempos de traslado o, incluso, los costes de contaminación que conllevan las grandes concentraciones de población.

El Gobierno de Sánchez ya ha hecho algunos gestos, sobre todo, en cumplimiento del acuerdo con Teruel Existe, que impuso la descentralización como condición para otorgar su apoyo en la investidura. Teruel ya ha logrado un centro de servicios en línea de Renfe para la provincia, la extensión de la UNED a Alcañiz y la creación de un Centro de Investigación de Humanidades. Sin embargo, fuentes del partido ven en la despoblación y no en la necesidad de visibilizar otros territorios el principal motivo para llevar adelante la descentralización. Las Cortes Valencianas, en cualquier caso, han aprobado este miércoles una propuesta de resolución en la que instan al Gobierno a llevar a cabo un plan de deslocalización que “implique una mayor participación de las comunidades autónomas en la toma de decisiones del Estado”. Todos los actores coinciden en las dificultades de la movilidad para los empleados públicos pero, a la vez, sostienen que, en algún momento, se tiene que dar el inicio de pensar en localizaciones que no son Madrid como sede para nuevos organismos.

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