La mitad de los municipios de España está en zonas de alto riesgo de incendio

Solo 1.023 de las 3.769 localidades afectadas tienen aprobado o en trámite el plan obligatorio de prevención para estas áreas

Bomberos forestales y vecinos de la zona observan las llamas en el incendio forestal del pasado agosto en Navalacruz, en Ávila.
Bomberos forestales y vecinos de la zona observan las llamas en el incendio forestal del pasado agosto en Navalacruz, en Ávila.Pedro Armestre/Greenpeace

Al menos el 46,35% de los 8.131 ayuntamientos españoles se encuentra en zonas de alto riesgo por incendio (ZAR), según los planes de prevención y lucha contra incendios y la documentación relativa a estas áreas de cada comunidad autónoma. Es la conclusión a la que ha llegado EL PAÍS tras recopilar los datos del total de municipios ubicados en zonas de alto riesgo de incendio en toda España, salvo en Navarra y Euskadi, que no aportan cifras oficiales. La Ley de Montes de 2003 de 2003 las califica como “áreas en las que la frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la importancia de los valores amenazados hagan necesarias medidas especiales de protección contra los incendios”.

Esta calificación obliga, según la misma ley, a tener un plan de prevención contra el fuego tanto a los 3.769 municipios afectados en ese 46,35% como a los propietarios de las casas construidas en ellos. El protocolo debe ser exigido y supervisado por la comunidad autónoma correspondiente. Sin embargo, el 75% de los municipios en zonas de alto riesgo carece de este plan, según el informe Protege el Bosque, Protege tu casa, publicado por Greenpeace en 2018.

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David Caballero, consultor internacional sobre riesgos de incendios forestales que participa en este trabajo, advierte: “En toda la costa española se ha construido mezclando edificaciones y bosque por el atractivo turístico que tiene. Y supone un grave riesgo de sufrir una catástrofe como la de Mati, en Grecia”. Allí, el fuego arrasó decenas de casas y causó más de 100 muertes en el verano de 2018. Oskar Karlsson, ambientólogo y miembro del grupo de Geografía, Política y Socioeconomía Forestal de la Universidad Complutense de Madrid, corrobora el peligro al que se exponen los hogares construidos en estas zonas: “Se ha edificado con arquitectos, pero sin geógrafos, primando el interés económico. Si fuéramos un país rico derribaríamos todas estas construcciones”, asevera.

Las autonomías deben supervisar que los municipios en riesgo aprueban un plan específico de prevención contra el fuego. Sin embargo, no hay información pública que permita conocer si las localidades están cumpliendo o no. El último informe de Greenpeace señala que solo 1.023 localidades cumplen, lo que supone el 25% del total de municipios situados en áreas de alto riesgo. Además, los ayuntamientos deben asegurarse de que todos los propietarios de las edificaciones construidas en ellos (casa, urbanizaciones, gasolineras, etc.) tienen un protocolo de autoprotección. Pero sobre esto tampoco existe registro alguno.

Karlsson asegura que “no le sorprende” porque “la política municipal es muy lenta”. Y señala el problema que supone la división de las competencias en cuestiones forestales: “Tenemos 17 consejerías de medio ambiente distintas y un plan forestal diferente por cada una. Si la administración estuviera más centralizada sería mucho más sencillo hacer una política de prevención y ordenación del terreno”.

En 2003 se hicieron obligatorios los planes preventivos para ayuntamientos y propietarios de viviendas en zonas de alto riesgo, pero muchos terrenos ya estaban urbanizados para esa fecha. “Hemos heredado un tremendo desarrollo urbanístico de los años 70, 80 y 90, anteriores a ninguna normativa concienciada con los incendios. Y ahora tenemos cientos de miles de casas vulnerables”, dice Caballero. Solo en el pueblo de Santa Eulalia del Río, en Ibiza (39.358 habitantes), el cálculo de viviendas en zonas de riesgo supera las 11.000, según el experto, que se encargó de contarlas una a una.

Cristina Montiel, catedrática en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid, explica que en España “faltan planes de ordenación del territorio que lo protejan por riesgo de incendios para evitar que se urbanice en determinados lugares”. Montiel insiste en las discrepancias entre las comunidades: “En Madrid no hay ni un plan de ordenación del territorio. Sin embargo en Baleares sí, y muy bien hechos”, dice.

De todas las comunidades autónomas, Castilla-La Mancha es la que más localidades tiene en áreas de riesgo, un total de 780.


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