El Gobierno ralentiza las reformas legales de gran calado

El Ejecutivo rehace el proyecto que deja la investigación penal en manos de los fiscales y ralentiza la rebaja penal de la sedición y la derogación de la ‘ley mordaza’

La ministra de Justicia, Pilar Llop, recibe de manos de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, la Memoria Fiscal 2020.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, recibe de manos de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, la Memoria Fiscal 2020.Ministerio de Justicia (Ministerio de Justicia/EFE)

Las reformas estrella que el Gobierno y los dos partidos que lo integran defendieron al comenzar la legislatura en materia de Justicia e Interior han echado el freno. El Ejecutivo, que sí sacó adelante recientemente la ley de la eutanasia y trabaja en la de memoria democrática, ha pospuesto otros grandes debates jurídicos para concentrarse en el desarrollo de los Presupuestos y las grandes reformas económicas. Tras las críticas que recibió del Consejo Fiscal, el Ministerio de Justicia ha decidido repensar el proyecto estrella de la legislatura, una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la instrucción de los casos pase de jueces a fiscales.

Además, la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana del PP, conocida como ley mordaza, sigue empantanada en el Congreso de los Diputados sin que ni siquiera haya acuerdo sobre la eliminación de las devoluciones en caliente, tras un aval ambiguo del Tribunal Constitucional a esta medida. Esta ley estuvo encima de la mesa en la negociación presupuestaria entre los dos socios de Gobierno, pero finalmente se dejó para más adelante.

El Ejecutivo ha centrado sus prioridades en la agenda económica, en especial los Presupuestos, y está dejando otras cuestiones en segundo plano. Fuentes del Gobierno señalan que, al menos en lo que queda de año, la agenda del Gobierno y de sus reformas legales está “centrada en la recuperación justa” después de una pandemia muy dura y, por tanto, esa es la prioridad.

La prisión permanente revisable, que el PSOE recurrió y Podemos denunció por inconstitucional, ha sido avalada por el Constitucional y en el Gobierno no hay de momento planes para sacarla del Código Penal. Fuentes del Ejecutivo aseguran que no se renuncia a la idea de derogar esta norma, pero que se va a trabajar primero para buscar una mayoría suficiente en el Congreso.

Lo mismo ocurre con la reforma del delito de sedición, vinculado a la situación de los dirigentes independentistas catalanes. La reforma de este delito, con una rebaja de las penas previstas de 15 a 8 años de cárcel, era una de las vías que se plantearon al inicio de la legislatura para flexibilizar situación penitenciaria de los nueve líderes independentistas catalanes condenados por sedición por el Tribunal Supremo en octubre de 2019. Una vez que Oriol Junqueras y el resto de condenados por este delito fueron indultados por el Gobierno y puestos en libertad el pasado junio por motivos de “utilidad pública”, la reforma del Código Penal ha perdido urgencia. El Gobierno cree, además, que no hay consensos suficientes en el Parlamento para abordar ya esa cuestión.

También se ha echado el freno por ahora a la promesa del sector socialista del Gobierno de llevar adelante un cambio en las leyes que afectan a la libertad de expresión para evitar casos como el del rapero Pablo Hasél, condenado a penas de prisión. Unidas Podemos sigue adelante con su propuesta en el Congreso para sacar adelante esta reforma, pero la ley que iba a promover Justicia no se ha abordado.

“Ritmo más lento”

El ministerio que dirige Pilar Llop está trabajando ahora para acelerar otras tres leyes que tienen como objeto mejorar la organización, eficiencia y digitalización de la justicia, en el marco de la Agenda 2030, y en una o dos semanas tendrá lista una de ellas, la de eficiencia organizativa. Pero otros proyectos legislativos se han ralentizado. Fuentes de este departamento aseguran que se va a seguir trabajando en todos ellos, pero a un “ritmo más lento” para que los planes que se impulsen tengan consenso de los sectores implicados y mayorías suficientes para sacarlos adelante en el Congreso.

Uno de los proyectos que estaba más avanzado es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), para dar la instrucción a los fiscales, una de las propuestas de mayor envergadura del Ministerio de Justicia para esta legislatura. El Consejo de Ministros aprobó en noviembre de 2020 el anteproyecto, pero tras la destitución del ministro Juan Carlos Campo y la llegada de Pilar Llop al ministerio, la gran reforma del proceso penal ha entrado en una fase de replanteamiento.

Fuentes de Justicia explican que el durísimo informe emitido en julio pasado por el Consejo Fiscal sobre el anteproyecto aprobado por el Ejecutivo ha llevado al Ministerio de Justicia a rehacer el texto. Los cambios, afirman estas fuentes, no afectarán a la esencia del proyecto (dejar la instrucción penal en manos de los fiscales), pero se va a revisar el texto para eliminar los puntos negros señalados por la Fiscalía.

La necesidad de acometer una modificación integral del proceso penal se ha ido retrasando durante 20 años y el exministro Campo lo asumió cuando llegó al cargo como uno de los planes irrenunciables de su mandato. Pero el dictamen emitido en julio por el Consejo Fiscal —principal órgano asesor de la fiscal general— encendió todas las alertas.

El ministerio público apoya la decisión del Gobierno de dejar la instrucción penal en manos de los fiscales, tal y como contempla el anteproyecto aprobado por el Ejecutivo, pero cuestionó de forma muy contundente cómo resuelve ese texto aspectos clave de la norma, lo que, en opinión de la Fiscalía, puede hacer fracasar el nuevo modelo de proceso penal. El órgano que preside Dolores Delgado señaló importantes deficiencias en el anteproyecto, especialmente, por las “exorbitantes funciones” que, en su opinión, seguirían concentrando los denominados jueces de garantías, figura en la que se transforman los actuales jueces de instrucción y cuyo cometido será supervisar la labor de los fiscales investigadores.

La Fiscalía advirtió de que si la reforma seguía adelante tal y como estaba planteada había un grave riesgo de “dilaciones y otras disfunciones que pueden dar lugar a la ralentización de los procedimientos” y se generarían “indeseables espacios de impunidad”. El informe urgía también a ampliar la plantilla de fiscales para evitar un previsible “colapso” cuando el ministerio público tuviera que asumir la dirección de la investigación penal. El ministro Campo fue destituido el 10 de julio, solo tres días después de que el Consejo Fiscal aprobara e hiciera público ese dictamen.

Comisión de instituciones

La fiscal Dolores Delgado pidió “ajustes” y Justicia, ya sin Campo y con Llop (juez de carrera, como su antecesor) al frente ha decidido no empezar de cero, pero casi. El anteproyecto aprobado en noviembre pasado, que bebía en gran medida del plan que ya se puso en marcha en 2011, en tiempos del ministro Francisco Caamaño, fue redactado por un grupo de expertos pero sin contar con los operadores jurídicos, lo que dio lugar a un texto que no convenció ni a la carrera fiscal ni a otras instituciones del Poder Judicial. Eso es lo que se quiere corregir ahora, señalan fuentes de Justicia.

Para hacerlo, el ministerio ha optado por crear una comisión, cuya creación avanzó El Español, que estará integrada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior, el Consejo de la Abogacía, el Consejo General de Procuradores de España y expertos de universidades. Justicia ya se ha puesto en contacto con todas ellas para que designen a los miembros que formarán parte de este grupo.

La idea, señalan desde Justicia, es darle “un impulso institucional” a la principal reforma del proceso penal desde hace más de un siglo (la actual Lecrim se aprobó en 1882 y ha sido reformada 77 veces) y que debe servir para adaptar la ley española a las exigencias de la UE. Un proyecto de esta envergadura, advierten en el departamento que dirige Llop, no puede abordarse sin contar desde el inicio con la Fiscalía y el resto de operadores jurídicos.

La nueva comisión no tiene todavía calendario, pero Justicia da por hecho que los trabajos de este grupo van a retrasar varios meses la tramitación parlamentaria. La idea, señalan en el departamento que dirige Llop, es conseguir un texto con el mayor “consenso” posible. La sensación es que se había pisado el acelerador con un proyecto hecho por un grupo de expertos designados al inicio de la legislatura que no recogía las inquietudes y las aportaciones de jueces, fiscales y otras carreras e instituciones que se van a ver afectadas por la reforma.

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