Seis policías y un exrecluso para destapar la trastienda del ‘caso Kitchen’

Los diputados de la comisión de investigación en el Congreso ponen el foco en los agentes y el antiguo preso que acompañarán a los políticos citados para obtener información detallada del espionaje a Bárcenas

El comisario jubilado José Manuel Villarejo a su salida de la Audiencia Nacional el pasado 15 de septiembre en Madrid.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo a su salida de la Audiencia Nacional el pasado 15 de septiembre en Madrid.Cézaro De Luca - Europa Press (Europa Press)

Quince personas comparecerán, a partir del 20 de octubre, ante la comisión del Congreso que investiga la Operación Kitchen, el espionaje ilegal al que fue sometido a partir de 2013 Luis Bárcenas para sustraerle la supuesta documentación comprometedora del PP que pudiera ocultar. En la lista, siete políticos o antiguos altos cargos del Gobierno, entre ellos el expresidente Mariano Rajoy, la que fuera su mano derecha en el partido, María Dolores de Cospedal, y el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, y el director de una cárcel. Pero también, seis policías y un antiguo recluso, en los que, según coinciden en señalar varios diputados que integran la comisión, se han depositado buena parte de sus esperanzas de obtener información relevante que aclare la trastienda de la trama.

El comisario que acusó a Rajoy. El primero en comparecer será el comisario jubilado José Manuel Villarejo, pieza clave en la Operación Kitchen y que ya acudió al Congreso el 27 de mayo, durante las anteriores sesiones de la comisión. Entonces, su testimonio generó muchas suspicacias, sobre todo porque no aportó pruebas. Así, afirmó que intercambió mensajes de teléfono con Rajoy sobre el operativo. Cuando un diputado le preguntó si tenía documentación que probase ese intercambio, Villarejo se limitó a decir que “todo” estaba en sus archivos —intervenidos por la Policía cuando fue detenido en noviembre de 2017— y que lo demostraría en un futuro juicio. Aquella declaración provocó que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Kitchen, le llamara a declarar días después. Ante el juez, el comisario insistió en ese relato. Ante la falta de nuevas pruebas, el juez decidió no continuar la investigación sobre esos supuestos contactos.

Enrique García Castaño, conocido como 'El Gordo', excomisario de Policía y exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO).
Enrique García Castaño, conocido como 'El Gordo', excomisario de Policía y exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO).Mariscal (EFE)

El policía que colabora con la justicia. El segundo, ese mismo día, será otro comisario jubilado, Enrique García Castaño, El Gordo, que en el momento en que se espió al extesorero era el jefe de la Unidad de Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, especializada en seguimientos. Ante el juez, García Castaño ha reconocido su implicación y colabora con la investigación. De hecho, él facilitó la información que permitió localizar las actas notariales en las que el ex número dos de Interior, Francisco Martínez, dejó constancia del intercambio de mensajes que mantuvo con el exministro Jorge Fernández Díaz sobre la Operación Kitchen, y que provocaron la imputación de este. García Castaño, como Villarejo, ya compareció en la comisión. A preguntas de los diputados, implicó en el operativo tanto a Martínez como a Fernández Díaz. Incluso mostró su convencimiento de que Rajoy y Cospedal estaban al tanto. La información que facilitó sorprendió a los diputados que esperan que, de nuevo, mantenga su actitud colaboradora.

El alto mando que condecoró a Morocho. José García Losada fue el máximo responsable de la Comisaría General de Policía Judicial entre julio de 2012 y el 18 de octubre de 2013, durante parte de la etapa de Fernández Díaz en Interior. De esa comisaría depende la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), responsable de la investigación del caso Gürtel y, por tanto, García Losada era el jefe del inspector jefe Manuel Morocho, a quien la trama Kitchen intentó apartar de la investigación ofreciéndole puestos mejor remunerados y, posteriormente, sobrecargándole de trabajo. En septiembre de 2013, García Losada propuso que se concediera a Morocho una medalla por su labor. Días después, fue destituido. Fuentes policiales señalan que este comisario rechazó las supuestas presiones para retirar a Morocho del caso Gürtel.

Fotografía carcelaria de Isidro Sánchez, enviada por Instituciones Penitenciarias a Asuntos Internos.
Fotografía carcelaria de Isidro Sánchez, enviada por Instituciones Penitenciarias a Asuntos Internos.

El preso que ofreció sus servicios a Bárcenas. Isidro Sánchez, un recluso de nacionalidad colombiana condenado por tráfico de drogas y falsificación, entabló relación con Bárcenas cuando este ingresó por primera vez en la cárcel de Soto del Real (Madrid), en junio de 2013. La comisión espera de él conocer los detalles del supuesto espionaje al que se sometió al extesorero en el centro penitenciario. Según Bárcenas, fue a Sánchez a quien pagó al menos 2.500 euros en 2014 para destruir una copia del supuesto audio que incriminaba a Rajoy y que supuestamente tenía en la nube [almacenaje virtual informático]. Para realizar el encargo, el entonces recluso iba a aprovechar un permiso. Horas después de salir de la cárcel, fue detenido por otra causa. Cuando fue llamado a declarar por el juez, Sánchez admitió que Bárcenas se interesó por sus conocimientos informáticos, pero negó que fuera para borrar archivos: “Me preguntó si era capaz de borrar datos de Google que perjudicaban a la mujer [Rosalía Iglesias, también condenada por el caso de corrupción], como vídeos, noticias...”. Sobre el dinero recibido, acusó a una tercera persona de quedárselo. En la actualidad, Sánchez se encuentra en libertad.

El agente que el juez rechazó interrogar. El policía Enrique Luis Báez Tabasco asegura haber participado en los seguimientos al entorno familiar de Bárcenas. Báez Tabasco perteneció hasta septiembre de 2013 al Área Especial de Seguimientos de la UCAO que dirigía el comisario García Castaño y, por tanto, su intervención en el espionaje del extesorero fue corta en el tiempo. Pese a ello, en septiembre de 2019 envió a la Fiscalía Anticorrupción dos correos electrónicos en los que se ofrecía a declarar y aseguraba que su salida de aquella unidad fue debida, precisamente, a este “servicio”. Fuentes policiales aseguran, sin embargo, que sus jefes le invitaron a dejar el puesto por su falta de pericia. En la actualidad, está en excedencia destinado en la agencia europea de control de fronteras (Frontex). Anticorrupción pidió en julio que testificara en la causa, pero el juez lo rechazó. En un auto, el magistrado criticó que la fiscalía hubiera tardado más de 10 meses en informarle la existencia de ese testigo y concluyó que “la declaración pretendida no aporta nada relevante en este momento.

El inspector jefe que ordenó vigilancias. El inspector jefe Jesús Vicente Galán, exjefe de la sección encargada de vigilancias y seguimientos en la Unidad de Asuntos Internos, declaró como imputado el pasado enero ante el juez del caso Kitchen, pero este sobreseyó la causa contra él seis meses después. Galán había sido señalado por una de las policías a sus órdenes como el mando que le dio instrucciones para acudir en, al menos, dos ocasiones a las cercanías del domicilio de Bárcenas porque la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, “estaba en peligro”. Ante el juez, Galán confirmó que montó un dispositivo de vigilancia cerca del domicilio del extesorero, pero aclaró que el objetivo era supuestamente localizar un automóvil y no seguir al entorno de Bárcenas. De aquellas órdenes responsabilizó al que entonces era su jefe, el comisario Marcelino Martín-Blas, también imputado en la causa. Martín-Blas, que ya ha comparecido en la comisión, negó que él diera aquellas órdenes y señala a Galán como hombre de la confianza del comisario Eugenio Pino, entonces máximo responsable operativo de la Policía y muñidor de la trama.

El asesor de Cosidó que tuvo que dimitir. El comisario Pedro Agudo alcanzó relevancia mediática el pasado verano por ser el responsable de la investigación que permitió detener a los presuntos autores de la paliza que costó la vida, en A Coruña, al joven Samuel Luiz. Sin embargo, su citación a comparecer en el Congreso es por otro motivo: entre diciembre de 2011 y septiembre de 2012 fue el jefe de gabinete del entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Agudo —que antes había sido alto cargo en el Gobierno de Esperanza Aguirre— dimitió tras solo 10 meses en el puesto por “motivos personales” tras conocerse que su esposa tenía una academia para preparar a candidatos a ingresar en la policía. Posteriormente fue destinado como agregado de Interior a la embajada de Roma, donde mantuvo una estrecha relación con el entonces juez de enlace en la capital italiana y actual instructor del caso Kitchen, Manuel García-Castellón. En 2016, antes de dejar de ser director general de la Policía, Cosidó le concedió una medalla pensionada.

Sobre la firma

Óscar López-Fonseca

Redactor especializado en temas del Ministerio del Interior y Tribunales. Llego a EL PAÍS en marzo de 2017 tras una trayectoria profesional de más de 30 años en Ya, OTR/Press, Época, El Confidencial, Público y Vozpópuli. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.

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