El Congreso mantiene en el escaño a Alberto Rodríguez, de Podemos, tras ser condenado por el Supremo

PP y Vox quieren recurrir a la Junta Electoral Central para que se pronuncie en contra de que el diputado de UP conserve el acta

El diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, en el Congreso, el pasado febrero.
El diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, en el Congreso, el pasado febrero.Chema Moya (EFE)

La Mesa del Congreso ha considerado adecuado el informe de los letrados que mantiene que el diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez debe mantener su acta y su escaño tras haber abonado la multa de 540 euros que le impuso el Tribunal Supremo por un delito de atentado a un agente de la autoridad y que servía para sustituir la pena de un mes y medio de cárcel. En la reunión de este martes, la Mesa ha apoyado por mayoría este informe jurídico que ha sido rechazado por el PP y Vox, por lo que ambos partidos han decidido remitir sendos escritos a la Junta Electoral Central (JEC) para que se pronuncie en contra. El informe de los letrados contempla que sus conclusiones pueden verse afectadas por pronunciamientos posteriores del Tribunal Supremo o de la Junta Electoral Central.

El Supremo condenó al diputado de Podemos Alberto Rodríguez por dar una patada a un policía durante una manifestación contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en 2014. El alto tribunal le impuso una pena de un mes y 15 días de cárcel y otra accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo. Este tipo de inhabilitación le impide presentarse a elecciones, pero no implica la pérdida del escaño. Sin embargo, hay dudas jurídicas sobre si la condena firme a 45 días de cárcel puede impedirle mantener el acta.

Los servicios jurídicos del Congreso especifican que, en el caso de Rodríguez, no concurre “ni la causa de incompatibilidad sobrevenida” que recoge la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en su artículo 6 —contemplada en el apartado 2 en relación con el apartado 4—, ni tampoco los supuestos que prevén los artículos 21 y 22 del Reglamento del Congreso para “la suspensión de los derechos, prerrogativas y deberes del diputado”. La Junta Electoral Central, a la que el Tribunal Supremo también notificó la sentencia, no se ha pronunciado y tampoco tiene prevista ninguna reunión en esta semana, según la agenda de la Cámara baja.

Tanto el PP como Cs y Vox han urgido a la JEC que emita un informe diferente al de la Mesa y reconsidere la retirada del acta al diputado Alberto Rodríguez. El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha confiado en que la Junta Electoral Central “llame la atención” a la Mesa porque, en su opinión, el informe de los letrados “carece de fundamento”. Bal ha avanzado que su formación va “a pelear” para que se le quite el acta al diputado de Unidas Podemos y que pedirán a la Fiscalía que abra un incidente de ejecución para que la sala segunda del Tribunal Supremo se pronuncie sobre si está bien o mal ejecutada esta parte de la condena por parte de los órganos que tienen obligación de llevarla a efecto (el Congreso y la Junta Electoral Central).

El portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, ha incidido en que el grupo parlamentario “está y va a estar en el respeto a lo que digan los letrados de la Cámara”, según el criterio jurídico; mientras que el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha considerado “incomprensible” que alguien que ha cometido un “delito grave” no quede inhabilitado “como el resto de los políticos cuando comete un delito grave”. Otros portavoces parlamentarios se han alegrado abiertamente de que el informe de los letrados permita a Alberto Rodríguez mantener su acta de diputado. Desde su propia formación, la diputada Aina Vidal ha incidido en que están “muy contentos” y lucharán “para que no quede ninguna duda de su inocencia”.

La tesis de la Mesa tampoco ha gustado al Tribunal Supremo. Fuentes del tribunal citadas por Europa Press señalan que la Cámara ha “reinterpretado” la condena y señalan que cuando se impone una condena que implica la inhabilitación para sufragio pasivo, éste debe ser practicado. La doctrina de la Junta Electoral Central, recuerdan estas fuentes, es aplicar la ilegibilidad sobrevenida.

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