Los restos de ETA: 26 terroristas huidos, 315 atentados por aclarar y 206 presos

Policía y Guardia Civil siguen persiguiendo a etarras fugados y vigilando a la disidencia de la banda

Un empleado municipal borra en Gernika (Bizkaia) una pintada con un texto en euskera en favor de ETA en septiembre de 2020.
Un empleado municipal borra en Gernika (Bizkaia) una pintada con un texto en euskera en favor de ETA en septiembre de 2020.V. WEST / REUTERS

“ETA ha desaparecido, sí, pero las investigaciones sobre sus actividades no están cerradas”, destaca un alto mando de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, encargada de la lucha antiterrorista. Con idéntica firmeza se pronuncia un jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil: “La ETA de los comandos ya no existe, pero aún nos queda trabajo”. Diez años después de que la organización terrorista hiciese público el comunicado por el que anunciaba el “cese definitivo” a su violencia, las fuerzas de seguridad detallan cuál es ahora su misión contra lo que queda de la banda.

Armas. Las fuerzas de seguridad intentan localizar los restos del arsenal de ETA. Los grandes zulos fueron localizados por la policía y, en 2017, un año antes del anuncio de su disolución, la organización facilitó la localización de otros depósitos. Sin embargo, aún quedan, como lo ha demostrado el hecho de que, desde entonces, hayan aparecido en Francia escondites con armas aparentemente abandonados y que, por su tamaño, se sospecha que pudieran pertenecer a comandos que no recuperaron su contenido por temor a que estuvieran vigilados o, simplemente, porque se les olvidó su localización exacta. El alto mando policial destaca dos aspectos preocupantes: uno de esos zulos, hallado en 2019, tenía signos de haberse utilizado “con posterioridad” a la disolución de ETA. “Además, aún siguen sin aparecer 60 de las pistolas que la banda robó en Vauvert [una fábrica de armas francesa asaltada en octubre de 2006 por ETA de la que sustrajo 350 armas]”, recalca el comisario.

Huidos. Las webs de la Policía y la Guardia Civil mantienen sendas páginas en las que reclaman la colaboración ciudadana para localizar a etarras huidos. La primera muestra las fotos de Iñaki de Juana Chaos, José Luis Eciolaza, alias Dienteputo, y Oier Aguidazu. El instituto armado añade a estos nombres los de Eneko Aguirresarobe y Anartz Arambarri. Todos ellos figuran con causas pendientes para la justicia, pero no son los únicos. Fuentes de la lucha antiterrorista detallan que hay 26 miembros de ETA buscados por hechos aún no prescritos. De muchos se sabe su paradero, como el propio De Juana Chaos, que se le sitúa en Venezuela. Este país sudamericano es, con 13 etarras, el país preferido por los huidos, según datos de Interior, aunque su extradición se ve como algo imposible por las reticencias del Ejecutivo de Nicolás Maduro. En América también hay fugados en Cuba, México, Uruguay y Brasil. El resto se reparte entre Francia y Suiza, detallan estas fuentes. Uno de ellos era José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, detenido en una pequeña localidad de los Alpes, en mayo de 2019 cuando se hacía pasar por escritor. Llevaba 17 años huido.

Atentados sin resolver. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) cifra en 315 los atentados de los que aún se desconoce a los autores. Los resultados en los últimos años de las fuerzas de seguridad ahí están. La policía ha resuelto cuatro atentados que parecían condenados al archivo. Entre ellos, el del asesinato, en mayo de 2001 en Zaragoza, el presidente del PP de Aragón y senador Manuel Giménez Abad, con la detención, en julio de 2020, de la antigua presa de ETA Miren Itxaso Zaldua. La Guardia Civil, que ha aglutinado esta labor en la llamada Operación Damocles, ha elaborado más de 160 informes periciales que han permitido condenar a más de 40 terroristas en estos años. Entre ellos, a Sergio Polo y la dirigente etarra Soledad Iparraguirre, Anboto, autor material e inductora, respectivamente, del asesinato del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo en León el 22 de diciembre de 1995.

Parte de ello fue posible gracias a los llamados papeles de Francia, la ingente documentación acumulada por las autoridades de París durante años en su lucha contra el terrorismo de ETA que entregó a España en 2016. “A buena parte de ella ya habíamos tenido acceso gracias a la colaboración judicial y policial, pero el análisis conjunto de todo ello nos ha permitido abrir nuevas vías de investigación”, admite el responsable de la Guardia Civil. Este oficial también admite que en algunos casos tienen el “convencimiento” de tener identificados a los autores de algunos de esos atentados, “pero nos falta el elemento probatorio que permita a la justicia actuar”. Su compañero de la Policía admite que es “una labor complicada” por el tiempo transcurrido desde que se cometieron los asesinatos. “Y por la falta de colaboración de los terroristas”, añade la Guardia Civil.

Presos. En octubre de 2011, estaban encarcelados 703 miembros de ETA (559 en prisiones españolas y el resto en otros países, principalmente Francia). En la actualidad, son 206. De ellos, 184 en España y los 22 restantes en recintos penitenciarios galos. Un descenso que, sin embargo, solo refleja una parte del cambio vivido en este tiempo en este colectivo. Hace diez años, la dispersión penitenciaria era la norma y solo 15 reclusos de ETA estaban en prisiones del País Vasco y Navarra. El resto estaba repartidos por España. En la actualidad, no queda ninguno al sur de Madrid, y 66 están en cárceles de Euskadi y otros 13 de Navarra. Además, solo queda un preso etarra sometido al primer grado penitenciario, el más duro, mientras que el 95% (174) está en segundo grado, lo que les permite, por ejemplo, solicitar permisos; y nueve están en el tercer grado o semilibertad. Hace 10 años casi todos estaban en el régimen más duro.

Fuentes penitenciarias apuntan que, en estos años, los dirigentes del colectivo de presos de ETA (EPPK en sus siglas en euskera) han pasado de hablar de amnistía y excarcelaciones masivas, a aceptar la legislación penitenciaria, aspirar a disfrutar de permisos y reclamar lo que denominaban “plan de reintegración para la fase de excarcelación”, para cuando queden en libertad. Incluso, en sus conversaciones se plantean buscar “fórmulas” para que los llamados ongi etorri (recibimientos de homenaje a los presos de ETA cuando salen de prisión) “no sean hirientes para nadie”. Solo un número reducido de los reclusos de la banda —”no más de 10″, según fuentes de la lucha antiterrorista— siguen oponiéndose al fin de la violencia terrorista. Entre ellos, Patxi Ruiz, Aitor Cotano, Oskar Barreras, Iñaki Bilbao Goikoetxea, José Ignacio Cruchaga y Alberto Viedma.

Disidencia. No todo el mundo de ETA aceptó la decisión de la organización de poner punto final a los atentados y disolverse. “Una minoría no ha renunciado ni a los objetivos ni a los métodos de la banda”, señala un alto policial. En ellos han puesto los expertos de la lucha antiterrorista el foco en los últimos años y han detectado una multitud de grupos heterogéneos que surgen, se fusionan, se escinden y desaparecen o sobreviven con escasa repercusión. Ibil, ATA, GKS o Jardun son siglas aún poco conocidas, pero que llevan tiempo apareciendo en los informes policiales. Los presos han sido el principal argumento que han esgrimido para atraer a los disconformes con el paso dado por ETA. “El mayor repunte de violencia callejera se produjo, precisamente, durante la huelga de hambre del preso Patxi Ruiz [en mayo del año pasado, con pintadas a sedes del PNV y el PSE, la quema de algún cajero y el lanzamiento de pintura a la vivienda de la dirigente socialista Idoia Mendia], pero su intensidad es baja”, admite esta fuente, que señala que han detectado que algunos participantes se quejan, precisamente de eso, que la actividad de estos grupos se limita “a concentrarse y hacer pintadas”.

Sobre la firma

Óscar López-Fonseca

Redactor especializado en temas del Ministerio del Interior y Tribunales. Llego a EL PAÍS en marzo de 2017 tras una trayectoria profesional de más de 30 años en Ya, OTR/Press, Época, El Confidencial, Público y Vozpópuli. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.

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