El Gobierno y el PP barajan perfiles muy técnicos para pactar la renovación del Tribunal Constitucional

La bronca entre los partidos por el aniversario del fin de ETA demora el acuerdo institucional

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, conversa con la diputada socialista Adriana Lastra tras asistir a la sesión de control al Gobierno, este miércoles, en el Congreso de los Diputados.EMILIO NARANJO (EFE) / VÍDEO: EUROPA PRESS

Esta vez no quieren problemas. En la memoria del PSOE y el PP está grabado el fiasco del acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2018, que saltó por los aires por la renuncia de Manuel Marchena a presidir el Tribunal Supremo después de la filtración de los mensajes de Ignacio Cosidó, entonces portavoz popular en el Senado, en los que se jactaba de que el PP controlaría la Sala Segunda del alto tribunal “por la puerta de atrás”. Pablo Casado ha decidido evitar ahora toda imagen de politización de los órganos constitucionales pactados por el PP, y esa intención está muy presente en la negociación que ultiman el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Los dos partidos buscan perfiles “muy profesionales y técnicos” para integrar las altas instituciones. Deben ser figuras “intachables”, coinciden fuentes del Ejecutivo. El acuerdo está muy avanzado y ambas partes confían en poder comunicarlo esta misma semana, aunque el clima político enrarecido por el décimo aniversario del fin de ETA ha retrasado el anuncio.

El PP quiere evitar que los perfiles pactados sean políticos o expolíticos, lo que en principio excluye que entren nombres como el de Ángel Gabilondo, exportavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, que siempre estuvo en las quinielas para convertirse en Defensor del Pueblo y al que el PP ya se resistió a aceptar en el último intento de acuerdo, el pasado febrero. Pero, sobre todo, el propósito es para los cuatro magistrados que se tienen que renovar en el Tribunal Constitucional y para la decena de miembros del Tribunal de Cuentas. Este objetivo cortaría también el paso al exministro de Justicia Juan Carlos Campo, cuyo nombre ha sonado en las últimas horas como candidato al Constitucional. El Consejo General del Poder Judicial, de momento, queda fuera del pacto, aunque ambas partes son más optimistas sobre la posibilidad de llegar también a un acuerdo sobre este órgano, una vez ya están negociando el resto.

El Gobierno está convencido de que el acuerdo para la renovación del Constitucional está prácticamente hecho. En él están detrás tanto el PSOE como Unidas Podemos, esta vez sin vetos. Entre los dos nombres que propondrá el Gobierno habrá con seguridad una mujer, para al menos no bajar el porcentaje de magistradas en el tribunal —que ahora es de apenas el 17%, con solo dos frente a diez hombres— ya que tiene que salir una de las dos que hay, Encarnación Roca. Si el PP propusiera también a una mujer subiría el porcentaje, pero los populares no desvelan si están por esa labor. El Ejecutivo tiene la intención de mejorar en la paridad en la siguiente renovación, la que toca en mayo de 2022.

Aunque parece bastante probable que las negociaciones se separen, desde el Gobierno ven espacio también para pactar el Consejo General del Poder Judicial una vez se han reanudado los contactos. Nadie explica bien cómo se lograría ese acuerdo dadas las posiciones muy alejadas en lo que se refiere a la posible reforma del sistema de elección, pero lo que se traslada es un notable optimismo sobre la negociación. El PSOE está dispuesto a ceder mucho, porque a pesar de tener una clarísima mayoría en la Cámara está ofreciendo al PP una relación de igual a igual, 10 vocales a 10, con un presidente pactado, aunque la lógica señala que debería ser progresista. Además de Unidas Podemos, que estaría en el acuerdo como Gobierno de coalición y por tanto podría orientar los nombres de algunos vocales, el PNV también tendría capacidad de sugerir un vocal. Es por tanto un acuerdo complejo pero estaba prácticamente hecho en febrero, por lo que no debería ser muy complicado lograrlo.

Bolaños y García Egea seguían este miércoles perfilando los nombres para las cuatro instituciones —Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y Agencia de Protección de Datos—, pero ambas partes transmiten que no hay escollos importantes y “el clima sigue siendo bueno”. Los contactos continuaron en privado entre los negociadores mientras en público los dos partidos se echaban los trastos a la cabeza por el décimo aniversario del fin de ETA. El líder del PP y el presidente del Gobierno protagonizaron por la mañana un tenso rifirrafe en la sesión de control por el papel de EH Bildu en la política institucional tras las palabras de su coordinador, Arnaldo Otegi, y en ese clima algunas fuentes del PP reconocían que no encajaba anunciar este miércoles el pacto para las instituciones. Fuentes de la dirección popular aseguraron, en todo caso, que el pacto “no se va a dilatar” y confiaron en que se anuncie esta misma semana.

Bolaños defiende que el pacto “fortalece la democracia”

El ministro de la Presidencia y principal negociador del Gobierno con el PP, Félix Bolaños, defendió este miércoles el pacto del Ejecutivo con los populares para renovar los órganos constitucionales como “un buen acuerdo” porque “normaliza las instituciones” y, por tanto, “fortalece la democracia”. Las palabras del ministro desde la tribuna del Congreso contrastaron con el áspero choque que, en la misma sesión de control, enfrentó al presidente y al líder de la oposición por el papel político de Bildu diez años después del fin de ETA.

Bolaños defendió el entendimiento del Gobierno con el PP ante los reproches de ERC, aliado clave del Ejecutivo en el Congreso, que dedicó su pregunta en la sesión a cargar contra la aproximación entre socialistas y populares. La portavoz adjunta de ERC, Carolina Telechea, descalificó el pacto entre el Gobierno y el PP porque vuelve a “sellar el pacto dinástico y nacionalista” de 1978. “PSOE y PP se ponen de acuerdo, de la misma manera que lo hacen para tapar la corrupción de los Borbones”, criticó la diputada republicana. Para ERC, los dos principales partidos aspiran a nombrar “consejeros y jueces politizados” y “hooligans que sirvan a los intereses del régimen y el bipartidismo”, dijo Telechea. “El Gobierno siempre tiende puentes y busca acuerdos y soluciones porque no dialogar con el diferente lleva al bloqueo, hay que hacerlo incluso cuando hay discrepancias profundas como entre su grupo y el mío”, le contestó Bolaños.



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