El factor político del final del terrorismo

Los principales partidos coinciden en que sin presión policial, judicial, social e internacional y el compromiso de todos los gobiernos, ETA no habría finalizado

Acto de apoyo a los presos de ETA el 2 de octubre en Berriozar (Navarra).
Acto de apoyo a los presos de ETA el 2 de octubre en Berriozar (Navarra).Jesús Diges (EFE)

Hace diez años que finalizó el terrorismo etarra y las Cortes españolas, debido al desacuerdo entre los principales partidos, siguen sin reconocer la victoria del Estado de derecho sobre la lacra heredada del franquismo que marcó la democracia española. Un éxito continuador de la Transición y palpable en el cambio radical de la vida en Euskadi, donde la izquierda independentista tiene pendiente reconocer la injusticia del terrorismo etarra, aunque en este décimo aniversario ha dado un paso esperanzador en esa dirección al asumir que no debía haberse producido el daño causado a las víctimas de ETA.

A excepción de la izquierda independentista, los principales partidos coinciden en una cuestión clave: sin presión policial, judicial, social e internacional y el compromiso de todos los gobiernos democráticos, el terrorismo etarra no hubiera finalizado. Unanimidad extendida a otra vertiente básica: la ubicación de las víctimas en el centro del relato. Pero las discrepancias entre el PSOE y el PP más Vox sobre el papel del diálogo del Gobierno de Zapatero y ETA en la desaparición del terrorismo impiden el consenso.

Vox y el sector radical del PP sostienen que ETA ganó a la democracia porque la izquierda independentista recuperó la legalidad y está representada institucionalmente. Ignoran que el Pacto de Ajuria Enea de 1988 pretendía que el terrorismo desapareciera y el independentismo se expresara políticamente. No combatía el nacionalismo sino el terrorismo. Sortu rechazó el terrorismo en sus estatutos y fue legalizado por los tribunales en 2011.

El sector moderado del PP asumió el fin del terrorismo y reconoció que Zapatero no pagó precio político. Rajoy, en la Moncloa desde 2012, desoyó a UPyD y la derecha radical y no promovió la ilegalización de Bildu. Pero sostiene que el proceso dialogado no contribuyó al fin del terrorismo, que bastó con la intervención policial, judicial e internacional. Son ingredientes básicos en el final de ETA, pero ignora que el proceso dialogado, respaldado por los jefes policiales de la lucha antiterrorista, lo aceleró al estimular la catarsis en el abertzalismo.

El Gobierno sabía que ETA estaba muy debilitada, pero no moribunda. El proceso dialogado tenía el aliciente de conllevar una tregua etarra y contaba con el precedente de que los protagonizados por Felipe González y Aznar debilitaron a ETA que, al romperlos, perdió la batalla de la opinión en Euskadi, clave para una organización con respaldo social.

Gobierno y ETA pactaron un procedimiento marcado por el Pacto de Ajuria Enea: paz y presos, pero no cuestiones políticas. La ruptura del proceso por ETA supuso un revés para el Gobierno que el PP, contrario al diálogo, utilizó virulentamente explotando las emociones de algunas víctimas, con un ruidoso acompañamiento mediático. Pero el diálogo dividió a ETA y al abertzalismo entre favorables y contrarios a finalizar el terrorismo. Los pragmáticos, liderados por Otegi, temían que el terrorismo, sin futuro, arrastrara al independentismo.

En ese momento Rubalcaba emplazó a Otegi a elegir entre “votos o bombas”: romper con ETA o lograr que cesara. Otegi, cuyo objetivo era que el independentismo recuperara la legalidad, optó por convencer a las bases abertzales a apostar por la política y aislar a los continuadores del terrorismo. Fueron seis años, llenos de vicisitudes, donde los intereses de Otegi coincidieron con los del Gobierno: lograr el cese etarra. El enfrentamiento de moderados contra radicales, que lo propició, hubiera sido imposible sin proceso dialogado.

Su lentitud garantizó un final ordenado y sin escisiones, declarado por ETA el 20 de octubre de 2011. ETA no consiguió sus objetivos políticos —el derecho de autodeterminación y unión de Navarra y Euskadi—, el Gobierno toleró una escenificación de personalidades internacionales confirmando el final y los tribunales legalizaron Sortu. Se cumplió el Pacto de Ajuria Enea, suscrito en 1988 por los partidos democráticos, incluida Alianza Popular de Manuel Fraga.

Hoy, Pablo Casado no asume la utilidad del diálogo final del terrorismo. Acusa gratuitamente al Gobierno de Zapatero de haber revivido a una ETA moribunda. Sigue la tradición de Aznar, en la oposición, de sacar el terrorismo de las políticas de Estado consensuadas. Una consecuencia es que la derecha no ha extraído enseñanzas políticas del final de ETA.

Falta una reflexión sobre la crisis catalana a la luz del final de ETA. Una barrera separaba ambos conflictos: la violencia que contaminó al independentismo vasco. Pero, pese a su mayor virulencia, se resolvió. El proceso dialogado pactó un procedimiento y sustituyó la dinámica del antagonismo entre ideologías por el acercamiento entre quienes querían acabar con el terrorismo frente a los continuistas. Se inició una distensión que caló socialmente. Cuando los intransigentes rompieron el proceso, los dialogantes convencieron al mundo abertzale. Algunos de estos rasgos, aunque sin trasponer mecánicamente a Cataluña, podían servir de reflexión, sobre todo cuando está claro que la ausencia de diálogo agravó los problemas.

El final del terrorismo fue posible, también, porque los anteriores gobiernos democráticos contribuyeron, sin excepción, a debilitarlo progresivamente. Zapatero le puso el broche político. Casado, que representa una nueva generación, debía asumir y reconocer con los demás partidos el éxito común. Pero su estrategia de tierra quemada lo impide al prolongar el uso partidista de un terrorismo acabado hace diez años.

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