Una negociación larga y llena de obstáculos

El pacto para la renovación de las instituciones entre el PSOE y el PP deja fuera el Consejo General del Poder Judicial y ha estado marcado por un rosario de desencuentros

Edificio del Tribunal Constitucional en Madrid.
Edificio del Tribunal Constitucional en Madrid.Jaime Villanueva

El Gobierno de coalición y el PP han culminado este jueves por la noche el pacto para la renovación de las cuatro altas instituciones con el mandato caducado, a excepción del Consejo General del Poder Judicial: el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la Agencia de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo, para el que han nombrado al exministro socialista Ángel Gabilondo. En el caso del Constitucional, los nombramientos —cuatro en total, repartidos dos a dos— también responden a un marcado perfil político, a pesar de la intención manifestada de que fueran perfiles más técnicos. Después de más de seis meses en pausa, el acuerdo ha llegado ocho días después de que el Gobierno y los populares, con Félix Bolaños y Teodoro García Egea en representación de cada parte, desbloquearan las negociaciones de forma exprés en menos de 24 horas. Pero el pacto ha dejado fuera al órgano de gobierno de los jueces.

2018. Primer intento. El PSOE y el PP pactaron ese año la renovación del Consejo con una mayoría progresista de vocales y presidido por Manuel Marchena, un juez de tendencia conservadora. Los dos partidos llegaron a registrar en el Congreso la lista con los nombres de los ocho vocales juristas pactados entre ambos. Entonces, el PP no exigió al PSOE una reforma de la ley para cambiar el método de elección de los vocales y que 12 de los 20 sean elegidos en exclusiva por los jueces, como plantea ahora. Casado justificó este martes que no lo hizo porque entendió que el proceso de renovación ya estaba iniciado y tenía que regirse por la ley vigente. “Yo lo que dije es: en mi programa tengo la modificación del sistema de elección, lo voy a hacer, pero entiendo que si se ha iniciado el proceso no es retroactivo el cambio de ley y vamos a hacerlo”, arguyó.

En aquella lista pactada por el PSOE y el PP, el PP aceptó por el bloque de juristas al juez José Ricardo de Prada, el magistrado del caso Gürtel que este año el PP vetó cuando apareció en la propuesta del PSOE. Los populares alegan que entonces De Prada estaba en comisión de servicios y por eso aceptaban que entrara por el cupo de jurista, a diferencia de ahora, cuando es juez en activo. En la lista pactada en 2018, el PP propuso como jurista, entre otros, a José Miguel Castillo, un exdiputado del PP.

El acuerdo de 2018 saltó por los aires por la renuncia de Marchena. “La razón por la que no se lleva a cabo es que la ministra de Justicia filtró el nombre de quien iba a ser propuesto para presidente del Tribunal Supremo antes incluso de que estuvieran nombrados los vocales”, afirmó este martes Casado. La información sobre Marchena fue publicada por EL PAÍS y la ministra no era la fuente. El detonante de la renuncia de Marchena fue la filtración del mensaje que Ignacio Cosidó, entonces portavoz del PP en el Senado, envió a los senadores populares justificando el acuerdo porque así el partido iba a poder “controlar la sala segunda del Supremo por la puerta de atrás”.

Segunda intentona. Verano de 2020. Según reveló este martes Casado, el PSOE y el PP habían pactado ese verano la renovación en un pacto con cuatro puntos: que la Fiscalía General del Estado no pudiera ser dirigida a futuro por expolíticos, como ahora Dolores Delgado; que el Consejo operara con una mayoría de tres quintos para cualquier decisión, la prohibición del nombramiento de políticos para vocales juristas y de que los jueces pudieran entrar por el cupo de juristas. Quedó fuera, de nuevo, y el PP no lo exigió como condición, que se reformara el sistema de elección de los vocales. El líder del PP lo justificó así este martes: “Porque ellos decían que en una democracia cuando ganas cambias la ley, y hasta entonces tienes que acatarlo. ¡Y lo acatamos! Fuimos generosos”.

Sin embargo, el pacto volvió a saltar por los aires. ¿Qué ocurrió? Que Juan Carlos I abandonó España por las informaciones sobre sus irregularidades fiscales, y Unidas Podemos criticó a la Monarquía. El PP pasó a exigir que el partido de Pablo Iglesias quedara fuera de la negociación para renovar el Consejo. El PP mantuvo esa condición durante meses. En diciembre de 2020, Casado insistió en que el acuerdo parlamentario debía ser solo entre PSOE y PP. “Ningún otro partido tiene que formar parte de esa negociación”, aseguró.

Ante la parálisis, el Gobierno registró una propuesta de reforma de la ley para poder renovar el Consejo con mayoría simple del Congreso, una reforma que terminó metiendo en un cajón.

Marzo de 2021. Último amago fallido. El pacto estuvo a punto de cerrarse con las mismas cuatro premisas que en el verano de 2020 y, según Casado, existía un compromiso también para poner en marcha “una subcomisión para estudiar” la reforma del método de elección del Consejo. De madrugada, el acuerdo saltó por los aires por la presencia de nuevo del juez José Ricardo de Prada en el cupo de juristas, que el PP no aceptó.

Septiembre de 2021. Persiste el bloqueo. El PP exige una última condición para hacer efectivo el cambio de sistema de elección de los vocales en la próxima renovación, la que toca dentro de cinco años. Ya no le sirve una subcomisión que estudie la reforma, ahora pide que “antes de que se apruebe la renovación, aprobamos esa ley”. “¿Por qué ya no admitimos esa subcomisión que nos prometían? Porque en tres ocasiones han incumplido su palabra y han roto la negociación”, dijo este martes Casado. “No nos fiamos ya del Gobierno”.

El líder del PP argumenta que su última exigencia viene a cuenta de las recomendaciones de la Comisión Europea.

21 de octubre de 2021. Se anuncian los nombres de los cuatro nuevos miembros. Ocho días después de que Gobierno y PP iniciaran la negociación para renovar todas las instituciones pendientes salvo el Poder Judicial, se anuncia el nombramiento de cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y los 12 nuevos miembros del Tribunal de Cuentas, además del nuevo Defensor del Pueblo y la dirección de la Agencia Española de Protección de Datos. Queda aún pendiente la renovación del Consejo General del Poder Judicial.


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