El candidato del PP para el Constitucional, a Jaume Matas en el ‘caso Palma Arena’: “No te olvides de mí para los temas jurídicos”

Los negocios y contactos de Enrique Arnaldo con gobiernos populares lastran su apariencia de imparcialidad

Enrique Arnaldo, en una imagen de abril de 2017.
Enrique Arnaldo, en una imagen de abril de 2017.Ramón de la Rocha (EFE)

Enrique Arnaldo, candidato propuesto por el PP para ocupar una plaza de magistrado en el Tribunal Constitucional, se ha movido durante décadas cerca del poder y ha recibido contratos de distintos gobiernos, mayoritariamente del partido conservador. El catedrático, que figuraba como propietario del despacho Estudios Jurídicos y Procesales, prestó sus servicios durante años a numerosas administraciones y mantuvo un fluido contacto con exdirigentes del PP señalados por la corrupción. Entre ellos, Jaume Matas, exministro de José María Aznar y expresidente del Gobierno de las Islas Baleares. Según el sumario del caso Palma Arena, donde el propio Arnaldo fue imputado por recibir un supuesto trato de favor del Ejecutivo regional, el ahora candidato al Constitucional envió en 2008 un correo a Matas donde le proponía un negocio y añadía: “No te olvides tampoco de mí para los temas jurídicos que puedan surgir”.

Este correo electrónico, al que tuvo acceso EL PAÍS, se encuentra fechado el 24 de junio de 2008. Matas ya había abandonado entonces la presidencia del Gobierno balear, pero mantenía una enorme influencia dentro del PP autonómico y nacional. Además, según la información aportada por Hacienda al sumario, la empresa de Arnaldo le había pagado 31.320 euros en 2007 a Matas. Este abono se produjo después de que la Administración autonómica, durante los años de Gobierno del popular, adjudicase varios encargos a la compañía del jurista. Una coincidencia que levantó las sospechas del juez del caso Palma Arena, José Castro, que apreció un posible “trato de favor” y acabó imputando a Arnaldo, aunque posteriormente se archivó la causa contra él por la prescripción de los posibles delitos y por, según defendía la Fiscalía, la falta de indicios.

Contactado este jueves por EL PAÍS, Arnaldo defendió su “honestidad” e “independencia” ante su aterrizaje ahora en un tribunal de garantías que tiene pendiente resolver numerosos recursos del partido conservador. El docente explicó que no recuerda el contenido exacto de esos correos y recordó que el juez dio carpetazo a la causa abierta contra él. Según dijo también el catedrático, Matas ya estaba entonces fuera del Ejecutivo y mantenía una relación profesional con él. Sobre el resto de la facturación con administraciones populares, recogidas por un informe de Hacienda incorporado al sumario que cubre el periodo entre 2003 y 2008, el docente detalla que era solo una “pequeña parte” del negocio de su bufete, que compartía con Ramón Entrena, especializado en el área contencioso-administrativa, y en el que tenían “varios empleados”. Es más, remachó Arnaldo, también contrataron con otros ejecutivos de “distinto signo político”: “Pero en aquella época había muchas comunidades autónomas gobernadas por el PP”, matizó.

“Querido Jaume”, arranca el correo electrónico enviado por Arnaldo: “Un cuñado mío (notario para más señas) se sumó al proyecto empresarial de otras personas y montaron una sociedad de biodiésel. Por una serie de razones, no quieren (o no pueden) seguir adelante y han acordado poner en venta la sociedad. A tal efecto han aprobado unánimemente un precio mínimo de venta al que todos se comprometen a vender [...] Parece ser que se vende barato y que, si se tiene pulmón financiero, cabe ganar mucho dinero. Te envío la presentación de la planta. Si te interesa, dímelo y nos ponemos a trabajar con el notario para profundizar en el tema. Un abrazo”. “P. D.: Espero que tu hijo se graduara a la perfección. No te olvides tampoco de mí para los temas jurídicos que puedan surgir. Cuéntame lo de Panamá”.

Los negocios entre Arnaldo y Matas se reflejan en otro correo enviado por el jurista el 9 de abril de 2008 a “Gonzalo GBG. Banus”. El catedrático hace de intermediario, según se desprende del contenido de la comunicación incorporada al sumario: “Te envío el acuerdo de confidencialidad para acceder a la información sobre la inversión en Playa Hotels & Resorts, S. L., que es una sociedad norteamericana pero dirigida y gestionada por el Grupo Barceló. Según me comenta Jaume Matas —de quien has oído hablar— y que trabaja en este tema, es una extraordinaria oportunidad por: solvencia del grupo; hay integrado un touroperador americano (el más grande) y otros inversores americanos y árabes y una Caja española, tiene muy buenos activos; opera en dólares; y está inmediata la salida a bolsa (en 2009, obligatoriamente)”.

“Creo que podría ser interesante que firmaras este acuerdo de confidencialidad aunque sólo sea para enterarte de las tripas”, le escribe Arnaldo a su interlocutor, antes de decirle que le envíe la documentación a Matas por email tras avisar previamente al catedrático. Tras abandonar el Gobierno autonómico, Matas pasó a hacer negocios privados y comenzó a trabajar, por ejemplo, para la compañía hotelera balear Barceló, a la que previamente ya había concedido proyectos.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

FAES y contratos con la Administración

Arnaldo, al que el PP ha propuesto para el Constitucional tras auparlo ya en 1996 a vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ha movido siempre en círculos cercanos al partido conservador. El catedrático, que también es letrado de las Cortes y fue presidente del Tribunal Administrativo del Deporte (TAS), es un asiduo colaborador de FAES. Durante años ha participado en decenas de seminarios, jornadas y estudios de la fundación encabezada por José María Aznar, que marca la línea de pensamiento más dura de los populares. Un asunto nada baladí.

Enrique López, juez de la Audiencia Nacional y actual consejero del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, fue apartado del tribunal enjuiciador del caso Gürtel por su cercanía al PP. La Sala de lo Penal aceptó recusarlo tras tener en cuenta, entre otros motivos, que había estado presente o participado en 68 seminarios de FAES entre junio de 2003 y febrero de 2015. “Percibió remuneraciones por asistir, coordinar y presentar ponencias”, recalcaron sus propios compañeros: “[Esto] sustenta la percepción social de proximidad y pérdida de imparcialidad para conocer de un litigio”.

Pero, además, la cercanía entre Arnaldo y los populares va mucho más allá. Según consta también en el sumario del caso Palma Arena, su empresa Estudios Jurídicos y Procesales contrató durante años con administraciones gobernadas por el PP. Así se desprende de ese informe de Hacienda que analiza el periodo entre 2003 y 2008, donde figuran encargos por cientos de miles de euros con, entro otros muchos, la Generalitat valenciana, el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Álava, Aena o la Comunidad de Madrid. También con el propio Partido Popular como persona jurídica. Además, hace apenas dos años, en noviembre de 2019, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Rozas —en manos de la formación conservadora— adjudicó a la compañía un contrato de un año por 109.750,59 euros (más IVA), en el que se mencionaba expresamente a Arnaldo como persona “adscrita” a la concesión.

Según este informe de Hacienda, aunque son mayoría las administraciones y empresas públicas en poder del PP, Arnaldo también ha trabajado para la Generalitat de Cataluña en la era de Jordi Pujol o con la Junta de Extremadura en época socialista. También con grandes empresas y organismos como Indra, Banco Santander, Endesa, Accenture, PwC, la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (donde él mismo es catedrático de Derecho Constitucional), y con compañías del constructor fallecido Francisco Hernando, conocido como Paco El Pocero.

Estos negocios privados lastran el futuro de Arnaldo en el tribunal de garantías. En 2007, el Constitucional ya aceptó la recusación del magistrado progresista Pablo Pérez Tremps planteada por el PP en el caso del recurso presentado contra el Estatuto de Cataluña. Antes de ser designado magistrado, Tremps había participado en un estudio realizado por 10 juristas sobre distintos aspectos relacionados con el desarrollo de un nuevo Estatuto, encargado por el Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat. El tribunal de garantías concluyó entonces: “No se trata de juzgar si el magistrado recusado es efectivamente parcial o si él mismo se tiene por tal. Lo determinante es, exclusivamente, si una parte del proceso tiene motivo, sopesando racionalmente todas las circunstancias, para dudar de la falta de prevención y de la posición objetiva del magistrado”. “En este ámbito, las apariencias son muy importantes, porque lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática”, añadía la resolución.

Arnaldo, que se define como un “estudioso”, se defiende: “No me siento comprometido en mi independencia”. “No entiendo por qué me tengo que apartar [de recursos del PP o de asuntos sobre empresas que le contrataron] por haber hecho una consultoría hace 20 años”, afirma el catedrático, que remacha: “No entiendo que me condicione”.

Vínculos con Enrique López e Ignacio González

Arnaldo asumió también la defensa de Enrique López, actual secretario de Justicia del PP y consejero del Gobierno madrileño, tras ser detenido por conducir ebrio, por lo que fue condenado. Y el nombre del jurista, además, aparece en otro sumario de corrupción vinculado a los populares: el caso Lezo, la trama que tiene como epicentro al expresidente madrileño Ignacio González.

A finales de 2016, solo unos meses antes de que González fuese arrestado, la Guardia Civil interceptó una llamada del expresidente y el catedrático donde comentaban “los nuevos nombramientos en el seno del Ministerio de Justicia y la supuesta influencia que Arnaldo tendría al respecto”. “Estarás ahí moviéndote como corresponde”, le dice González sobre posibles cambios en la cúpula de la Fiscalía General del Estado. “Estoy moviéndome para que el nuevo que sustituya a esta señora [en referencia a la ex fiscal general Concepción Madrigal] sea bueno”, responde el exvocal del Poder Judicial, que también le dice: “Si yo tuviera algún [conocimiento] nuevo, te llamaría en seguida”.

En otra conversación intervenida a González, en este caso con el exministro Eduardo Zaplana, también investigado por corrupción, ambos charlan sobre cómo maniobrar a su favor en la judicatura y mencionan directamente al ahora elegido para el Constitucional: “¿En ese círculo sabes quién se mueve todo el puto día y enreda? No sé con qué grado de influencia, pero Enrique López más Enrique Arnaldo”, sentencia Ignacio González, que incluye en el grupo a Pedro González Trevijano, exrector de la Universidad Rey Juan Carlos, actual magistrado del Constitucional a propuesta del PP y uno de los que tiene más papeletas para presidir ahora el tribunal de garantías.

Examen en el Congreso

Antes de su designación como magistrado del Constitucional, Enrique Arnaldo debe pasar por el Congreso, donde se le examinará junto al resto de los candidatos, según prevé la legislación. El Parlamento ya ha fijado esa cita para el próximo martes, a la que también asistirán los otros tres aspirantes al tribunal de garantías: la jueza conservadora Concepción Espejel y los jueces progresistas Ramón Sáez Valcárcel e Inmaculada Montalbán. Según el calendario previsto por la Cámara, el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos será el primero en sentarse en la Comisión de Nombramientos, donde los diferentes grupos políticos podrán preguntarle. Debido al pacto entre el Gobierno de coalición y el PP, se prevé que el nombramiento salga adelante.

Lea aquí los correos electrónicos de Arnaldo.

“Con la sentencia sobre el Estatuto catalán, el Constitucional firmó su esquela”

Enrique Arnaldo se ha pronunciado sobre aspectos de la actualidad en diversas intervenciones y artículos de prensa en los últimos años. Estas son algunas de las opiniones vertidas en esos textos:

El “desmadre” autonómico. En un artículo titulado La Constitución debe pasar por el taller, publicado el 6 de diciembre de 2012 en El Imparcial (diario digital del que ha sido colaborador habitual), Arnaldo arremetía contra la “jurisprudencia creativa” del Tribunal Constitucional en la cuestión territorial. Y escribía: “Cuantos males hoy sufrimos derivan del desmadre organizativo y competencial autonómico que se ha ido agrandando desde 1981. Algunos pensaron que el desorden podría arreglarse a través de leyes de bases, y fueron sumidos por la melancolía. Otros confiaron en que el Tribunal Constitucional cumpliera su función, pero definitivamente con la sentencia sobre el Estatuto catalán firmó su esquela”.

La elección del Poder Judicial. En 2006, en un artículo publicado por la fundación FAES, vinculada al PP, el catedrático sostenía que la Constitución no deja “lugar a dudas” sobre la necesidad de que sean “los propios jueces” quienes elijan a los vocales “togados” del Consejo General del Poder Judicial, y mostraba su disgusto porque, a pesar de ello, las Cortes “monopolizan” esa designación, lo cual redunda en la “plena politización del órgano”. “El Tribunal Constitucional miró para otro lado en una sentencia interpretativa llena de ambigüedades y de ingenuidades aparentes”, censuraba.

La “cirugía destructiva” contra la Transición. En una intervención en la Escuela de Verano del PP aragonés en 2014, Arnaldo señalaba la dificultad de abordar una reforma constitucional en España por la “falta de lealtad”. “Quienes quieren reformar la Constitución es para completar su cirugía destructiva de España y acabar con la obra de arte de la Transición”, afirmó, según recogió la nota de prensa de FAES.

La “libertad ideológica” de los miembros del tribunal. Cuando Francisco Pérez de los Cobos, catedrático y exmilitante del PP, fue elegido presidente del Constitucional en 2014, Arnaldo criticó en El Imparcial la “feroz campaña” que se había puesto en marcha para apartarle del cargo; y defendió la “libertad ideológica” de los magistrados, siempre y cuando no ocupen cargos en los partidos. El artículo 16 de la Constitución establece además, que “nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”, subrayaba Arnaldo. Pérez de los Cobos no había informado a las Cortes de su pasada militancia en el PP.


Normas

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS