La ley audiovisual y el ingreso mínimo: los dos atajos que han allanado el camino de los Presupuestos

La cuota de las lenguas cooficiales en Netflix es el gran caballo de batalla. El PSOE se compromete a pactarlo con Esquerra, pero las posturas aún son distantes

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, durante una rueda de prensa en el Congreso, este viernes.
El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, durante una rueda de prensa en el Congreso, este viernes.Alberto Ortega (Europa Press)

Unos Presupuestos fallidos pueden tumbar un Gobierno, como se acaba de ver en Portugal, y esa circunstancia decisiva convierte la negociación sobre las cuentas en un asunto mucho más político que económico. Por eso a veces su aprobación depende de algo completamente ajeno a los Presupuestos, como ha ocurrido en este caso con ERC y la futura ley audiovisual en la que trabaja el Gobierno. El acuerdo de ultimísima hora que evitó este viernes que Esquerra pidiera la devolución de las cuentas no ha aclarado mucho sobre el contenido de esa ley, más allá del compromiso del PSOE de negociar el texto en exclusiva con el grupo independentista.

Otra vez la cuestión lingüística se ha convertido en una pieza clave de una negociación presupuestaria. El año pasado fue la exigencia de ERC de suprimir la obligatoriedad del castellano como lengua vehicular en las aulas catalanas y este la reclamación de reservar una cuota —se ha hablado de hasta un 7%— en las grandes plataformas como Netflix o HBO para las producciones en idiomas cooficiales. Ese fue el escollo principal que estuvo a punto de hacer fracasar la negociación hasta cinco minutos antes de que venciera el plazo para la presentación de enmiendas a los Presupuestos.

El acuerdo es muy de mínimos, tanto que en realidad lo que remite es a otro acuerdo futuro. El PSOE se ha comprometido a negociar la ley con ERC. Como el apoyo del grupo republicano se antoja indispensable, su portavoz, Gabriel Rufián, intentó dejarlo claro en la sala de prensa del Congreso: o hay cuota o el Gobierno no tendrá con quién aprobar la ley.

Esquerra distribuyó luego un texto sobre sus acuerdos con el PSOE que apunta que “se buscarán las mejores fórmulas para garantizar un porcentaje” de catalán, gallego y euskera en las grandes plataformas audiovisuales. Minutos después de Rufián, tomó el relevo en la sala de prensa el portavoz adjunto del grupo socialista, Felipe Sicilia, y la versión cambió ligeramente. Sicilia evitó a toda costa hablar de “cuotas” y solo aludió al deseo del Gobierno de “proteger y mejorar la diversidad de lenguas” en España.

La perseverancia de ERC y el resto de nacionalistas en exigir un porcentaje obligatorio para las lenguas cooficiales —como sí está previsto para el castellano— ha tropezado hasta ahora con el Gobierno, y más en concreto, con la responsable de elaborar la ley audiovisual, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. La también ministra de Economía es reacia a imponer esa cuota porque cree que puede poner en peligro inversiones en España de las grandes compañías. ERC aduce que no es solo una cuestión lingüística, también económica, ya que el sector emplea en Cataluña a casi 27.000 personas y genera 6.702 millones de euros.

El portavoz de ERC subrayó con mucho énfasis que su grupo “nunca ha hablado con Calviño” y que sus negociaciones han sido a través de los ministros de la Presidencia, Félix Bolaños, y de Hacienda, María Jesús Montero. La contundencia de Rufián para negar cualquier interlocución con la vicepresidenta primera, en plena pugna de esta con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por la reforma laboral, cayó mal en el Gobierno. Fuentes del departamento de Calviño respondieron al portavoz de ERC que los negociadores del Ejecutivo actúan “con los argumentos y el visto bueno de todos los ministerios, en este caso también de la vicepresidencia primera”.

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La ley audiovisual fue uno de los motivos alegados por otro grupo independentista, Junts, para, en su caso sí, presentar una solicitud de devolución de los Presupuestos. Pero ni el Gobierno tenía la menor esperanza de contar con el concurso del partido de Carles Puigdemont ni lo necesita ya tras las posiciones expresadas por ERC y el PNV. Otra cosa serán las negociaciones para la ley audiovisual, que va a quedar a expensas de los nacionalistas. Los dos grupos vascos, PNV y EH Bildu, además del diputado gallego del BNG, han evitado colocar esta cuestión en las conversaciones sobre los Presupuestos. Pero todos ellos son tan categóricos como ERC al advertir de que la ley no saldrá adelante con su apoyo si no se establece claramente una cuota de producciones en catalán, gallego y euskera.

Ingreso mínimo vital

No se hizo de rogar tanto el PNV como ERC para desistir de su amenaza de bloquear los Presupuestos, pero tampoco dejó de apretar al Gobierno en la negociación contra reloj. El propio presidente del partido, Andoni Ortuzar, se unió a la presión pública con un mensaje en Twitter a primera hora de la mañana de este viernes en el que advertía de que solo quedaban horas para el cierre del plazo de presentación de enmiendas y que su grupo no descartaba registrar una.

Al igual que ERC, los nacionalistas vascos ponían sobre la mesa un asunto ajeno a los Presupuestos: el traspaso a Euskadi de la gestión del ingreso mínimo vital, una promesa incumplida del Gobierno. El PNV ya había alcanzado un acuerdo sobre este asunto en mayo de 2020. Entonces se anunció que el traspaso se materializaría ese mismo octubre.

Pero el asunto se fue demorando y el PNV siempre lo achacó a la “cerrazón” del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. Ortuzar arremetió hace dos semanas con singular dureza contra Escrivá. “Un ministro, además de conocimientos técnicos, tiene que conocer los mínimos rudimentos del oficio de la política. Pero Escrivá, el día que dieron política en su carrera hizo pira”, declaró el presidente del PNV al Diario Vasco. Esta vez, los nacionalistas dicen que han obtenido garantías de que no habrá más retrasos y que la transferencia se concretará a finales de año o comienzos del próximo.

El acuerdo de 2020 establecía que País Vasco y Navarra asumirían toda la parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social que gestiona el ingreso mínimo. El pacto contemplaba que se podría complementar con la renta social que ya abona el Gobierno vasco, siempre que no se sobrepasen los límites fijados en esta.


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