La Asamblea de la España Vaciada: “Si no estás en el Congreso, en Madrid, no existes”

Siete representantes de los colectivos de varias plataformas debaten sobre sus aspiraciones y su futuro

Los siete portavoces durante el debate. De espaldas, Inma Sáenz. Con gafas de sol, Mar Martín. Y, desde la izquierda, Vanessa García, Antonio Saz, Salomón Ortega, Chema Mezquita y Raquel Esteban.
Los siete portavoces durante el debate. De espaldas, Inma Sáenz. Con gafas de sol, Mar Martín. Y, desde la izquierda, Vanessa García, Antonio Saz, Salomón Ortega, Chema Mezquita y Raquel Esteban.Nacho Izquierdo

Calatañazor (Soria) acoge una conversación organizada por EL PAÍS entre los representantes de varias plataformas integradas en la Asamblea de la España Vaciada, colectivos de territorios dispares como Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja unidos por una misma realidad: el sentimiento de abandono. Son siete contertulios: Vanessa García, de Soria ¡YA!; Antonio Saz, de Teruel Existe; Salomón Ortega, de Repuebla Burgos; Chema Mezquita, de la Coordinadora Rural de Zamora, Raquel Esteban, de SOS Talavera y comarca; Inma Sáenz, de SOS Cameros La Rioja; y Mar Martín, del Colectivo de acción solidaria y de la Coordinadora para el desarrollo del nordeste de Segovia. Para llegar hasta aquí, todos han tenido que usar infraestructuras en mal estado, uno de los males endémicos que tratan de combatir. Están de acuerdo en abrir la puerta a presentarse a las elecciones no por un “qué hay de lo mío”, sino por el desinterés que, según ellos, muestran los partidos tradicionales. El programa, “sin ideologías”, es un modelo de desarrollo elaborado entre 180 personas de 28 provincias. Este septeto tiene una tarea: explicar sus reivindicaciones y cómo ven el futuro.

Por qué concurrir. El acuerdo tomado en la III Asamblea general de la España Vaciada en septiembre no es casualidad. La voluntad de “trabajar por el reequilibrio territorial y luchar contra la despoblación” en unas elecciones bebe de su hastío. Saz, representante de Teruel Existe, que tiene un diputado nacional, indica que el movimiento es “consecuencia de la pérdida de servicios”. Por eso reniegan de aquello de “España vacía” y piden el participio “vaciada”, pues esgrimen que en los últimos 70 años, desde los planes de desarrollo del franquismo, ha habido zonas que han perdido “vida y recursos”, apostilla Esteban. De lo que están llenos, avisan, es de energía para combatirlo. La escasez de inversiones, los déficits en infraestructuras, telecomunicaciones, transportes o sanidad han estimulado la reacción. La soriana García se resigna: “Si no estás en el Congreso, en Madrid, no existes”. Su plataforma llevaba tiempo avisando de que “daría el golpe” si persistía este abandono. Sáenz, alcaldesa del riojano Nieva de Cameros (90 habitantes), denuncia que “ser pocos no resta derechos”, algo que nota al compararse con las ciudades. El pediatra más cercano se encuentra a 40 kilómetros.

Modelo de desarrollo. Un grueso tomo encuadernado y en algunos casos lleno de garabatos plasma 101 medidas pactadas entre las múltiples mesas sectoriales. Uno de los propósitos, resalta Mar Martín, implica eliminar ese “desconocimiento” que existe hacia los males de esas provincias que están en riesgo demográfico. Ortega asegura que muchas de las propuestas actuales están elaboradas “desde un despacho de ciudad” y no atacan de raíz los problemas de la despoblación.

Las reivindicaciones implican un pacto de Estado que destine un 1% del PIB, unos 11.000 millones de euros anuales, al ansiado reequilibrio contra la “insostenibilidad” que comparten tanto las macrociudades como los pueblos pequeños. También están de acuerdo en que la despoblación se incluya como criterio de solidaridad entre territorios, algo que implicaría cambiar el artículo 138 de la Constitución. La fiscalidad diferenciada se ha convertido asimismo en un mantra de las asociaciones. Una de las propuestas más recientes es reclamar 100 megas fijos de Internet en plena era de las tecnologías y el teletrabajo; que cualquier municipio esté a 30 kilómetros de vías avanzadas de comunicación, y a 30 kilómetros de hospitales o centros educativos. Ya quisieran muchos de los pueblos de estos siete debatientes, con camisetas reivindicativas a juego, disponer de al menos uno de estos tres requisitos. La descentralización se antoja imprescindible para empujar el desarrollo. En Zamora, un cuartel del Ejército va a atraer a unas 5.000 personas y un impacto económico de unos 45 millones de euros anuales, una gran noticia para el profesor zamorano Chema Mezquita que exige no olvidar el orden de prioridades: “Primero debemos evitar que se vacíen los pueblos y después ya hablaremos de repoblar”.

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Vista aérea de Calatañazor, en Soria, donde se celebró el debate.
Vista aérea de Calatañazor, en Soria, donde se celebró el debate.Nacho Izquierdo

Deuda de la Administración. Las únicas risas durante las dos horas de charla llegan al preguntar por las cuentas pendientes con las administraciones. Ortega reflexiona sobre la falta de “cercanía” de entidades supuestamente creadas para atender las necesidades de entornos rurales, como las diputaciones que, según Martín, cubren más las demandas urbanas porque allí cosechan más votos. El grupo incide en que competencias troncales como la Educación o la Sanidad corresponden a los Gobiernos regionales, que acostumbran a rehuir de esta responsabilidad y a asignar el problema a los Ejecutivos centrales, en función del color político de cada formación en los poderes. Los recelos hacia los políticos electos por cada circunscripción, dice García, responden a que se han dejado llevar “por directrices de los partidos”. Mezquita descalifica la “etiqueta rural” que se ponen los partidos convencionales, un “postureo” que no brinda cambios. Las voces del foro coinciden al señalar a Teruel Existe como emblema de “solidaridad” que intenta mejorar las condiciones de toda esa España alejada de las grandes poblaciones.

Teruel Existe. La irrupción de esta agrupación de electores en 2019 canalizó la indignación rural mostrada en una manifestación que llenó Madrid de reclamaciones rara vez vistas sobre el asfalto capitalino. Su diputado, Tomás Guitarte, y sus dos senadores, Beatriz Martín y Joaquín Vicente, han llevado a la moqueta las quejas históricas de múltiples territorios. Su compañero Saz calcula, categórico, que han conseguido “más en dos años que en 20″. El voto de Guitarte fue indispensable para aprobar los últimos Presupuestos, algo que le granjeó amenazas de los foráneos, aplausos de los suyos y, ante todo, visibilidad. Sáenz celebra que demostraron que “bastaba ya de hablar” y tocaba actuar y Esteban directamente tilda de “ridículas” a las voces que auguran un modelo “cantonalista” si las Cámaras nacionales y autónomas dan cabida a plataformas contra la despoblación.

Pueblos-Ciudades. Ortega entiende que no se puede legislar desde una gran urbe con medidas que afecten tanto a las calles masificadas como a localidades menores. Las normas que en la pandemia no permitían a los vecinos rurales cuidar de los gallineros o huertos, indignan a Inma Sáenz. Saz solicita un “mecanismo de garantía rural” para que los nuevos modelos energéticos, como las penalizaciones al diésel, aunque nadie pueda ni imaginarse un tractor eléctrico, no les obliguen a “volver al burro”.

Activismo social y rural. Estos activistas tienen un perfil variado. Van de los 39 a los 68 años. Abogada, ingeniera forestal, profesores, monitora de autobús y alcaldesa, programador informático, jubilado…, la mayoría dedica a sus organizaciones el tiempo que les deja libre la familia y el trabajo. La mayoría proviene de otros movimientos sociales y políticos y dedica al menos una hora al día altruista a sus organizaciones. “No he medido las horas, es difícil de separar mi trabajo del activismo social”, dice Mar Martín.

Planes de futuro. El cónclave de Calatañazor considera que, pase lo que pase en posibles elecciones, ellos ya han ganado porque han expuesto el sentir de millones de personas históricamente denostadas. Mar Martín alude a una “ruptura rural-urbana” que implica que el “conjunto social” considera a los pueblos como meras fuentes de energía o alimentos que llenan sus supermercados, pero que no acarrean empleos, habitantes o rédito económico en el origen, tanto en el caso de los grandes parques solares o eólicos o las odiadas macrogranjas. La opción de “morir de éxito” si llegan a las instituciones y no consiguen sus objetivos no inquieta porque “la única forma de conseguir cosas es en los ministerios y en los Presupuestos”. Si el salto político no funciona, comentan, volverán orgullosamente a sus empleos y mantendrán el activismo. Lo que no piensan hacer, vaticina Saz, es “levantar el pie del acelerador”. “Si no estamos presentes, vamos a desaparecer”.

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Juan Navarro

Colaborador de EL PAÍS en Castilla y León, Asturias y Cantabria desde 2019. Aprendió en esRadio, La Moncloa, en comunicación corporativa, buscándose la vida y pisando calle. Graduado en Periodismo en la Universidad de Valladolid, máster en Periodismo Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Periodismo EL PAÍS.

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