Los presos de ETA reabren la brecha entre los socios del Gobierno y la derecha

La propuesta de Ciudadanos para prohibir los homenajes solo la respaldan PP y Vox

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, en una intervención ante el pleno.
La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, en una intervención ante el pleno.Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)

El paso dado este lunes por el colectivo de presos de ETA (EPPK), admitiendo el dolor causado por los homenajes festivos en sus pueblos a los reclusos de la banda terrorista tras su salida de las cárceles y anunciando que no se volverán a producir públicamente, ha reabierto la brecha entre los socios del Gobierno y la derecha presente en el Congreso. El fin de ETA, del que se cumplen ahora 10 años, no ha servido para cicatrizar muchas heridas políticas ni para evitar la tentación del uso partidista del terrorismo para atizar al Gobierno. Ni siquiera ante una noticia en teoría positiva, como podría ser acabar con los polémicos ongi etorri, algo que venía reclamando prácticamente la unanimidad de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento.

El anuncio del colectivo EPPK coincidió este martes en el tiempo con el debate en el Congreso de una proposición de ley, registrada por Ciudadanos en teoría, de memoria, dignidad y reparación de todas las víctimas del terrorismo que al final de la jornada fue derrotada por 179 votos y solo acumuló los 143 de ese partido, el PP, Vox, UPN y Foro Asturias. La oportunidad reventó cualquier posibilidad de un debate sosegado o sereno. Pero los partidos no desperdiciaron la ocasión para evidenciar sus enormes diferencias, de forma y fondo, sobre todo lo relacionado aún con ETA. Esos llamados homenajes a los presos desagradan, en realidad, a todas las fuerzas políticas, incluso a gran parte de Bildu, pero cada sector ideológico del Parlamento puso el acento en los argumentos que más le interesaban.

El Gobierno, PSOE, Unidas Podemos, y sus socios habituales, ERC, PNV, EH Bildu, Más País, PDeCAT o Compromís, celebraron más o menos la importancia de la actitud mostrada por los presos, aunque en varios casos subrayaron la tardanza con la que llegan este tipo de medidas. PP, Vox, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias no le concedieron ningún crédito, descalificaron esa postura como falsa y tramposa, y la interpretaron como un intento del Gobierno de “blanquear” a Bildu como nuevo socio parlamentario preferente. Y ya repitieron durante toda la jornada la consigna: “El Gobierno ha pactado presos por presupuestos”.

El presidente del PP, Pablo Casado, a su llegada a la clausura de la mesa de debate 'Los Valores Constitucionales en la España del Siglo XXI'.Vídeo: FOTO Y EUROPA PRESS

ETA, los herederos de ETA, los presos de ETA están últimamente presentes en casi todos los debates del Congreso. Con una virulencia que podría aparentar que la banda no hubiese anunciado su final hace ya más de 10 años. Es casi imposible que transcurra una semana sin que el terrorismo y sus secuelas no se cuele por varias iniciativas en la Cámara.

Ciudadanos registró la proposición de ley contra esos homenajes que se discutió sin éxito este martes, pero el PP ya impulsó una similar hace meses que aún está pendiente de fecha. Unas horas antes del debate en el pleno, el portavoz de Cs, Edmundo Bal, avisó con gran indignación de que no le otorgaba ninguna credibilidad al “vergonzoso papelucho trampa” emitido por el colectivo de presos y reconoció que lo que perseguían era que todas las demás fuerzas “quedasen retratadas” en la votación de su propuesta. Bal apuntó la responsabilidad máxima de que hasta 600 de esas celebraciones no se hayan frenado por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El observatorio de la asociación de víctimas Covite computa un centenar de esos homenajes desde julio de 2018, pero la cifra se eleva varios centenares más si se incluyen otro tipo de manifestaciones, fiestas o pintadas.

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En el calor del debate, el diputado de Cs, Guillermo Díaz, hijo de un policía, achacó al Gobierno y sus socios pretender “la lobotomía moral” de la sociedad española y buscar así la “cirugía estética” y el “olvido de ETA” para borrar su pasado. Antonio Salvá, diputado de Vox y padre del guardia civil Diego Salvá, asesinado en 2009, rechazó las posiciones actuales de Bildu hasta que condenen todos los asesinatos, se esclarezcan los 376 aún por resolver y pidan individualmente perdón a todas las víctimas. “El daño es irreparable”, precisó Salvá, y acabó apuntando a PP y PSOE: “Por pactar con los herederos de ETA, ustedes tienen las manos manchadas de sangre”.

El Gobierno, desde la mesa del Consejo de Ministros, intentó evitar entrar en la refriega política directa. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, reafirmó que siempre han estado y estarán en un compromiso claro de reconocimiento a las víctimas, que han rechazado esos comportamientos que reabrían su dolor y recalcó: “El Gobierno celebra que afortunadamente hace 10 años la democracia venció a ETA” y “lo que no va a hacer nunca este Gobierno es recuperar el dolor de las víctimas para hacer ningún tipo de iniciativa política”.

Las portavoces de En Comú Podem y de Unidas Podemos, Aina Calvo y Sofía Castañón, quisieron recordar, como hizo también el representante de ERC, Gabriel Rufián, unas palabras a finales de septiembre en el Congreso de la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, en las que admitió el dolor que esos homenajes habían causado a las víctimas, aunque pidió que no se utilizase políticamente. Calvo fue un poco más allá y criticó que el comunicado de los presos llegara ahora “pero tarde” y tildó esos festejos de los presos como “bochornosos para las víctimas”. La dirigente de En Comú Podem etiquetó a Bildu como “partido netamente democrático” ajeno a ETA y celebró “el avance fundamental” del paso dado por el colectivo EPPK.

Podemos, como hicieron Más País, PDeCAT, Compromís, ERC y, al finalizar el pleno, el socialista Patxi López, lehendakari vasco cuando ETA estaba aún activa, reprocharon a la derecha y en particular a Ciudadanos la fijación por mirar el pasado, por atribuirse la representación de todas las víctimas y por utilizarlas ahora para socavar al Gobierno con fines partidistas.

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