La Audiencia de Madrid archiva definitivamente el caso de la caja de solidaridad de Podemos

La Fiscalía no aprecia indicios de que el contrato firmado con Neurona fuese “simulado”, pero respalda agotar las pesquisas

El entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias (en el centro), acompañado del diputado del partido Rafael Mayoral y la jueza Victoria Rosell, en 2019.
El entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias (en el centro), acompañado del diputado del partido Rafael Mayoral y la jueza Victoria Rosell, en 2019.Carlos Diaz

Las novedades del caso Neurona insuflan aire a Podemos. Por partida doble. En primer lugar, la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado archivar de forma definitiva una línea de investigación secundaria centrada en la caja de solidaridad del partido, un fondo al que sus cargos donan parte de su sueldo para fines sociales y que se había puesto bajo sospecha después de que un exabogado de la formación denunciase que se había utilizado para desviar dinero. Pero además, en la parte principal de las pesquisas, la Fiscalía ha concluido que no existen indicios de que el contrato firmado con la consultora mexicana Neurona fuese “simulado”. Esta era la tesis inicial del juez instructor.

El caso Neurona se inició hace más de año y medio, y mantiene imputado al propio partido como persona jurídica. El juez Juan José Escalonilla abrió la investigación tras recibir una denuncia de José Manuel Calvente, un antiguo abogado de Podemos que se encuentra enfrentado con la cúpula y que narró toda una batería de supuestas irregularidades. Su testimonio dio pie a una macrocausa con hasta siete líneas de investigación, que se han ido cerrando progresivamente. De hecho, a día de hoy, solo una de ellas se encuentra activa: la que versa sobre el contrato firmado con Neurona para ejecutar trabajos de consultoría en las elecciones generales de abril de 2019.

Pero, en esta parte de las pesquisas, la investigación también dio un pequeño giro a finales de 2021. En un principio, el juez sospechaba que Podemos pagó a Neurona más de 360.000 euros por unas labores que nunca llegó a realizar. Esa tesis viró el pasado noviembre, después de que Escalonilla diese por acreditado que parte de los trabajos se ejecutaron. A raíz de ello, el magistrado encargó un informe pericial para valorar estos proyectos y compararlos con el precio abonado. Una decisión que la defensa recurrió y sobre la que la Fiscalía se pronuncia ahora. Así, por primera vez, el ministerio público deja por escrito que no existen indicios de que se sellase un “contrato simulado”. Eso sí, la acusación pública apoya que se elabore esa pericial para “agotar la investigación”: “Entendemos que la formación política puede contratar con los proveedores que considere oportuno y es posible que no pueda determinarse con fiabilidad el coste. No obstante, la diligencia es lógica a la vista de las diligencias practicadas, por lo que la resolución [del juez] es conforme a derecho”, expone la Fiscalía en un escrito del pasado 3 de enero.

La caja de solidaridad

Por su parte, sobre la línea de investigación centrada en la caja de solidaridad, el juez instructor ya cerró esta parte del caso en dos ocasiones al no apreciar indicios de administración desleal y ratificar que “no consta distracción de los fondos”. Y la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid desestima ahora el recurso de Vox y de la exsenadora de Podemos Celia Cánovas contra este archivo y decreta su cierre definitivo. De esta forma, se ha dado carpetazo a seis de las siete partes del caso Neurona. Aunque, paralelamente, sigue abierta otra derivada: el conocido como caso Niñera, en la que se investiga si una asesora de la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, ejerció como cuidadora de la hija de la política.

El origen de la investigación sobre la caja de solidaridad se encuentra en la denuncia de Calvente, que señaló al diputado Rafael Mayoral y aseguró que habría desviado 50.000 euros a la empresa #404 Comunicación Popular. Pese a que la fiscal no veía indicios de delito, Escalonilla abrió una investigación que acabó archivando por primera vez en octubre de 2020. Esta decisión fue recurrida entonces por varias acusaciones, que lograron que se reabriera. Para volver a cerrarse de nuevo ante la falta de pruebas y tras practicar varias diligencias, como encargar un estudio a la Policía sobre movimientos bancarios.

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La Audiencia Provincial concluye que, como señala la Fiscalía, “no consta la existencia de distracción de los fondos recibidos por el partido Podemos” y “no existe norma que prohíba la donación a la entidad 404“. “Ninguno de sus miembros ostenta cargo orgánico ni función directiva en el partido. En todo caso, no consta pago alguno a Rafael Mayoral conforme así lo declarara el denunciante”, añade el tribunal, que apunta que el recurso de Cánovas —al que se suma Vox— está encaminado a “revisar el articulado del Reglamento de la Caja de Solidaridad”, algo que al tribunal “no le compete”. “Si la recurrente considera que dicha normativa permite realizar donaciones, al parecer, sin control de quien gestiona sus fondos, ello es materia que deberá resolver como cuestión interna del partido político mediante los mecanismos que, en su caso, contemplen sus estatutos y normas internas, y no a través del Derecho penal”, añade.

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