La excúpula de Interior intenta anular los audios de Villarejo para tumbar el ‘caso Kitchen’

Varios procesados piden invalidar las grabaciones que demuestran las maniobras para captar al chófer de Bárcenas y que son el origen de las pesquisas

Francisco Martínez y Jorge Fernández Diaz, en un reunión de trabajo en el Ministerio del Interior en 2016.
Francisco Martínez y Jorge Fernández Diaz, en un reunión de trabajo en el Ministerio del Interior en 2016.Luis Sevllano Arribas

La ofensiva de la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para tratar de frenar la investigación judicial sobre el caso Kitchen, que se instruye en la Audiencia Nacional, se adentra en una nueva dimensión. Varios de los procesados por el juez Manuel García-Castellón intentan anular la validez de las grabaciones intervenidas al comisario jubilado José Manuel Villarejo, una de las principales pruebas de la causa y donde se recogen las maniobras del policía para captar como confidente al chófer del extesorero popular Luis Bárcenas, entre otros detalles. Con esta iniciativa, las defensas tratan de tumbar unas pesquisas que han dado ya por acreditada la existencia de una operación sin control judicial para espiar a Bárcenas con el presunto objetivo de arrebatarle documentos comprometedores para altos cargos del PP cuando se investigaba la caja b y el caso Gürtel.

Estos audios tienen una enorme importancia en la causa sobre Kitchen. Son el origen de la misma. Tras detener a Villarejo en 2017 y registrar sus inmuebles y los de sus colaboradores, la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía encontró una batería de archivos con las conversaciones que mantuvo el agente con el conductor del extesorero del PP, Sergio Ríos; y con otros presuntos implicados en la trama, como los comisarios Enrique García Castaño, Eugenio Pino y José Luis Olivera. En base a ellos, los investigadores elaboraron los primeros informes que mandaron al juez, quien inició entonces la escalada por la cadena de mando hasta alcanzar la cúpula de la Policía y de Interior. Por ello, las defensas se proponen ahora anular esas grabaciones, lo que afectaría a toda la instrucción.

Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad y antigua mano derecha del exministro Jorge Fernández Díaz, se encuentra entre los imputados que han adoptado esta estrategia. En el recurso que ha enviado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para pedir que se revoque su procesamiento, que se encuentra pendiente de resolver y al que ha tenido acceso EL PAÍS, el expolítico defiende que se debe declarar la “nulidad” de los audios, así como las transcripciones de la UAI, “al tratarse de pruebas obtenidas violentando los derechos o libertades fundamentales”. Según su defensa, Villarejo hizo esas grabaciones en “su desempeño como funcionario policial” y constituyen “un tratamiento de datos personales que incumple de manera flagrante y sin matices todos los requisitos de la legislación vigente”.

Martínez va más allá al cuestionar también la “autenticidad” de los archivos y arremete contra los agentes de la UAI, así como contra el trabajo de los investigadores: “Se hace especialmente necesario conocer qué criterios u órdenes se han dado a los funcionarios policiales para la escucha y selección de aquellos fragmentos de conversaciones grabadas que después se han incorporado a la causa; y con qué criterio o bajo qué directrices y supervisión han tomado la decisión de desechar contenidos”.

A la petición de Martínez se ha sumado José Luis Olivera, ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y también procesado, en el recurso que ha enviado a la Sala. Además, en el primer gran juicio del caso Villarejo que actualmente se está desarrollando en la Audiencia Nacional por otras tres líneas de investigación diferentes, el propio autor de las grabaciones y García-Castaño han pedido declararlas inválidas. Villarejo sostiene que todas se captaron durante el desarrollo de sus funciones como agente y, por tanto, “están hechas desde la autoridad de un policía” y no pueden usarse contra él. Una tesis que rechaza la Fiscalía y las acusaciones populares. El PSOE lo argumenta así al oponerse al reciente recurso del ex secretario de Estado: “Las conversaciones, independientemente de que ostenten la condición de funcionarios, no pueden ser consideradas oficiales sino particulares, pues su fin y actividad nada tiene que ver con el Estado. Es más, es un ataque a uno de sus pilares”.

“Hay que darle al tarro”. Los audios demuestran cómo el conductor, al que se pagó a través de los fondos reservados, pasaba información a la trama y cómo maniobraban para conseguir arrebatar documentos sensibles a Bárcenas. Así, en un archivo del 2 de octubre de 2013, Villarejo pregunta a su interlocutor por las supuestas grabaciones que Bárcenas guardaba de Javier Arenas y Mariano Rajoy. “¿Esa la tiene grabada?”, le interroga sobre la de Arenas. “Sí, esa es la que tiene”, responde el conductor, que también da detalles sobre la supuesta charla comprometedora del extesorero con el futuro presidente del Gobierno —sobre esta última, el chófer asegura que Bárcenas “no se la ha enseñado a nadie”—. El comisario comenta entonces que “hay que darle al tarro” para “encontrar” el pendrive donde estarían almacenadas.

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“¿Algo que joda al Barbas?”. En otra parte del diálogo, Ríos admite que el comisario Andrés Gómez Gordo, asesor de María Dolores de Cospedal y también procesado por ayudar en la captación del chófer, le preguntó en una ocasión: “Oye, pero ¿tú crees que hay algo que puede joder al Barbasalias con el que se referían a Rajoy—?”. Y el conductor le cuenta a Villarejo a continuación que Bárcenas guarda documentación sobre viajes para actos de campaña de Rajoy pagados por las empresas de Francisco Correa, líder de la trama Gürtel. “Todo lo que sea recuperar esas grabaciones... recuperar los discos duros”, le había insistido ya antes el comisario.

“Quitarle los papeles”. Anular estas grabaciones de Villarejo a Ríos desataría una tormenta impredecible en una causa plagada de audios. En otro archivo interceptado, el comisario habla con su compañero García Castaño de cómo tienen guardadas “cosas” de una “operación para quitarle al Bárcenas [sic] los papeles que comprometían al presidente”. Castaño fue quien entró en el estudio de la mujer del extesorero en busca de los documentos sensibles, aunque él asegura que no encontró nada allí. Eso sí, admitió que el conductor le entregó al menos dos dispositivos móviles de Bárcenas, como confirmaron después los agentes que se encargaron de clonar su contenido.

“He boicoteado mil cosas”. Otras grabaciones de Villarejo señalan también a María Dolores de Cospedal y su marido, cuya desimputación recurrió la Fiscalía. El ministerio público explica que varios audios recogen conversaciones del policía con la pareja, y revelan que el comisario les filtró datos confidenciales sobre investigaciones judiciales bajo secreto, como la Operación Brugal y la rama valenciana del caso Gürtel. En uno, por ejemplo, Villarejo le dice a Cospedal: “Olivera me avisa siempre. Gracias a él he boicoteado mil cosas”. En otro, añade: “Hay que hacer lo posible por no contaminar a Francisco Camps, [entonces presidente de la Comunidad Valenciana], con esto de la financiación ilegal del partido, porque si no estamos jodidos”.

El ex secretario de Estado dispara hacia abajo y responsabiliza a los policías

Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad durante la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior, defiende que él siempre creyó que la operación sin control judicial urdida contra Luis Bárcenas era legal. Así lo repite en el recurso que ha presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra su procesamiento en el caso Kitchen, donde limita la implicación de los cargos políticos del Ministerio y atribuye la responsabilidad del espionaje a los mandos de la Policía Nacional, encabezados entonces por el comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo del Cuerpo. “La decisión de dicha operación no fue, ni de [Fernández] Díaz, ni de mi patrocinado”, insiste el abogado de Martínez.

El ex secretario de Estado ya contó al juez instructor que él y Fernández Díaz estaban al tanto de las maniobras para captar como confidente al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos —extremo que niega el ministro—. Pero, según alega Martínez en su recurso, “el operativo nace, se desarrolla, se coordina y se ejecuta siempre en la esfera policial”. “Pino ha sido claro y tajante a la hora de afirmar que fue él quien puso en marcha el operativo [...] Fue él quien ordenó a José Manuel Villarejo que captase a Sergio Ríos, y fue él quien autorizó el pago de ese confidente con cargo a los fondos reservados”, prosigue el ex secretario de Estado en su escrito de defensa. “La intervención de la cúpula política del Ministerio en estos hechos siempre fue de ‘segundo grado’. Es decir, como receptores a posteriori y por iniciativa propia de los agentes policiales involucrados, de información parcial y escueta, entre la que nunca se sospechó que pudiese haber ilícito de ninguna clase”, argumenta el ex número dos de Interior, que dispara así hacia abajo.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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