Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas: “La Generalitat tiene derecho a no sentirse perjudicada por los gastos del ‘procés”

La responsable del máximo órgano fiscalizador del Estado cree que “seguramente se habrán producido abusos” en los contratos de emergencia para la pandemia

Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas, el miércoles en la sede de la institución.
Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas, el miércoles en la sede de la institución.Víctor Sainz

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano (Madrid, 1949), defiende la reciente decisión del órgano fiscalizador de aceptar los avales que la Generalitat ha prestado a sus 34 ex altos cargos para hacer frente con dinero público a las fianzas impuestas en el expediente de responsabilidad contable abierto en esta institución. “La Generalitat está en su derecho de no creerse perjudicada por los gastos del procés”.

Pregunta. Tras su renovación, ¿el Tribunal de Cuentas está menos politizado que antes?

Respuesta. El tribunal actúa como lo ha hecho siempre, de manera objetiva y profesional. Es verdad que a veces tenemos temas con fuerte repercusión política. Si luego se nos sitúa de una u otra forma es por el interés político del intérprete. Pero aquí no se consienten veleidades.

P. Ahora hay en el tribunal una mayoría progresista. ¿Eso significa afín al Gobierno de coalición?

R. Para elegir a los doce consejeros hace falta una mayoría de tres quintos del Congreso, y hay una renovación cada nueve años, un plazo que implica y comprende al menos tres procesos electorales. Por tanto, la mayoría que haya en las Cortes al producirse cada renovación no tiene por qué mantenerse durante todo el mandato del tribunal. Con el Gobierno no hay relación favorable ni desfavorable. La relación con el Gobierno se hace a través de nuestros informes.

P. ¿Tiene sentido que se avale con dinero público a quienes fueron condenados por el Supremo como autores de un delito de malversación, como en el caso del proceso independentista catalán?

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R. El expediente contable sobre el procés tiene dos partes. El tribunal actuó en el caso del 1 de octubre a instancias de una acción pública, iniciada por la entidad Sociedad Civil Catalana. Se investigó, se practicó una liquidación provisional y se tomaron medidas cautelares. Los presuntos responsables no presentaron en ese caso avales garantizados con dinero público. Luego, a instancias de las Cámaras, se inició otra fiscalización sobre la acción exterior de la Generalitat y Diplocat. También aquí se han tomado medidas cautelares y en este caso sí se han presentado avales garantizados con dinero público.

P. ¿Cuántas fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas en toda su historia se han pagado con dinero público? ¿Por qué el cambio de criterio?

R. Esta situación es nueva. No hay precedentes. El aval que se ha presentado como garantía cautelar en este proceso viene expresamente recogido en una norma con rango de ley, que regula su forma de constitución y efectos. No hay jurisprudencia a este respecto. Todo ello explica que la adopción de un criterio jurídico haya requerido tiempo, dedicación y debate. Pero no puede decirse que haya habido cambio de criterio, porque es la primera vez que se plantea la cuestión de la admisibilidad de este tipo de avales.

P. ¿Ha acudido el Tribunal de Cuentas en auxilio del Gobierno, para facilitarle la relación con sus socios independentistas, como dicen algunos?

R. He oído declaraciones sobre la posición y las funciones del tribunal que me provocan escepticismo, por la irresponsabilidad y la ignorancia que destilan, y por la falta de respeto que suponen para los que trabajamos aquí. Que se enteren bien: la actuación del tribunal es absolutamente independiente del Gobierno. Además, nuestras decisiones son recurribles hasta el Tribunal Supremo, por lo que queda garantizada la aplicación de criterios rigurosamente técnicos.

P. ¿Considera justificado que la Generalitat no se considere como administración perjudicada por los gastos del 1-O y Diplocat?

R. La Generalitat de Cataluña está en su derecho de no creerse perjudicada y no ejercitar acciones ante el Tribunal de Cuentas si sus órganos competentes no estiman la existencia de daños y perjuicios indemnizables. Pero eso es compatible con que personas físicas o jurídicas actúen en ejercicio de la acción pública, y que la Fiscalía discrepe también de la administración presuntamente perjudicada y ambas reclamen el reintegro de dichos perjuicios a las arcas públicas.

R. ¿Es razonable que la cobertura de los avales a los implicados alcance hasta que se haya pronunciado la justicia europea, llegado el caso?

R. Lo normal en todos los procesos es que las medidas cautelares se mantengan hasta la sentencia firme. Es lógico que los demandantes cuenten con la garantía de las medidas preventivas adoptadas. Y que los demandados hagan frente a su responsabilidad cuando el pleito concluya de manera firme y definitiva.

P. ¿Hubo excesiva manga ancha al inicio de la pandemia para que las administraciones contrataran como quisieran?

R. La gestión de la contratación en la pandemia ha sido en general más que aceptable. La legislación contempla procedimientos de emergencia que son necesarios y eficaces para dar respuesta a una situación tan grave y urgente como la que hemos afrontado.

P. ¿Pero hubo abusos?

R. La contratación pública está considerada como un área de riesgo. Entre otras cosas, por las grandes cantidades de dinero público que se gestionan. Y el riesgo aumenta porque la legislación para emergencias no contempla las garantías habituales para la contratación pública. Por eso mismo hemos reforzado las fiscalizaciones en la contratación de emergencia. Seguramente, se habrán producido abusos. Son situaciones propicias. Ahora se están haciendo advertencias contra abusos en relación con las donaciones para los damnificados en la guerra contra Ucrania.

“Seguramente, se habrán producido abusos [en los contratos de la pandemia]. Son situaciones propicias”

P. ¿Cree que las comisiones cobradas por los intermediarios en aquellas operaciones son escandalosas aunque sean legales?

R. Posiblemente algunas lo serán. Pero no se puede hablar de esto por las apariencias. Hay que verlo a fondo, caso por caso.

P. ¿Ha escuchado la tesis de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso de que el PP pudo aceptar la renovación del Tribunal de Cuentas a cambio de que el Gobierno le pasara a Casado información sobre las supuestas corruptelas del hermano para intentar destruirla?

R. Lo he leído por algún sitio. No tiene ningún fundamento. Constituye una vez más una afirmación en desprestigio de las instituciones. No merece más comentarios.

P. ¿Qué le parece haber hecho negocio a cuenta de un virus que mataba diariamente a cientos de personas en España?

R. Este asunto daría para mucho. En los últimos dos años, hay sectores que se han hundido y otros en los que los beneficios se han disparado. Otra cosa es utilizar una situación como ha sido y está siendo la de la pandemia para enriquecerse injustificadamente. Hay quienes aprovechan la tragedia en beneficio propio. Pero estos casos quedan fuera del ámbito civil o administrativo. Son materia para el ámbito penal.

P. ¿Va a vigilar el tribunal con especial celo el reparto de fondos europeos?

R. Lo hemos tenido muy en cuenta en la programación del tribunal para los próximos años. Estamos promoviendo una formación especializada para los funcionarios y procurando una cooperación eficaz con las comunidades y las entidades locales.

P. ¿Cómo explica que el último informe de fiscalización de partidos sea el correspondiente a 2017? ¿Por qué tanto retraso?

R. Ha influido la profusión de procesos electorales en los últimos años. Entre 2015 y 2022 han tenido lugar 48 procesos electorales. Dos de ellos, las elecciones locales, afectaron a miles de entes territoriales y a cientos de formaciones políticas.

P. ¿A qué partidos afectan las irregularidades detectadas?

R. Las irregularidades de las que se ha derivado opinión desfavorable sobre las cuentas presentadas afectaron a Convergencia Democrática de Cataluña, En Manera, Equo, Esquerra Republicana de Cataluña, Federación EH Bildu, Izquierda Unida, Més per Mallorca, Partido Aragones y Partit Demócrata Europeu Català.

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