El Tribunal de Cuentas fiscaliza 2.000 millones en contratos covid

La auditoria analizará los gastos en los tres primeros meses de pandemia de la administración central y las autonomías

Trabajadores del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas recogen un cargamento de dos millones de mascarillas FFP2 adquiridas por el Gobierno regional en mayo de 2020.
Trabajadores del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas recogen un cargamento de dos millones de mascarillas FFP2 adquiridas por el Gobierno regional en mayo de 2020.Comunidad de Madrid (Europa Press)

El Tribunal de Cuentas está en plena fiscalización de los contratos covid de la pandemia y analiza, entre otros aspectos, la gestión de más de 2.000 millones de euros gastados por las distintas administraciones en material sanitario entre marzo y mayo de 2020. Las comunidades autónomas gestionaron más de la mitad de ese gasto. En uno de ellos, de la Comunidad de Madrid, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea se disputan la investigación de un contrato de mascarillas KN-95 por 1,5 millones de euros adjudicada a una empresa propiedad de un amigo de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. Esa empresa pagó al hermano de la dirigente regional al menos 55.000 euros por sus gestiones para conseguir el material en China y trasladarlo a Madrid.

El Tribunal de Cuentas tiene competencias sobre cinco autonomías que carecen de órgano de fiscalización (Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, Murcia y Extremadura, además de Ceuta y Melilla), pero incorporará a su análisis los datos que proporcionen el resto de comunidades. El gasto sanitario de la administración central se llevó principalmente a través del Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa), aunque se auditará todo el gasto de la administración, ministerio por ministerio.

La escasez de mascarillas, guantes o test de autodiagnóstico hizo que el Gobierno permitiese a todas las administraciones comprar sin reglas, sin concurso y sin controles “para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas para hacer frente al Covid-19″.

El decreto de alarma que aprobó el Gobierno el 14 de marzo de 2020 estableció que los contratos del material necesario para combatir la pandemia no estuvieran sometidos a “la obligación de tramitar el expediente ni sujetarse a los requisitos formales establecidos en la Ley”. Esa situación excepcional que permitió la contratación de emergencia se mantuvo durante 422 días —entre el 14 de marzo de 2020 y el 9 de mayo de 2021—, a través de los distintos decretos de alarma que fue aprobando el Gobierno. Las administraciones públicas recurrieron a este sistema de contratación de manera mayoritaria. La falta de controles y de concurrencia desencadenó un sinfín de problemas por los precios abonados con fondos públicos o por la calidad de los productos procedentes de China. Junto a ello, determinados empresarios, intermediarios y comisionistas se enriquecieron mucho en muy poco tiempo.

Ahora se trata de la tercera fiscalización importante del Tribunal de Cuentas para detectar los problemas en la contratación de las administraciones durante la pandemia. Tras analizar la gestión de las 12 ciudades de España con una población superior a 300.000 habitantes —fiscalizó 400 contratos por más de 100 millones de euros—, y la de una decena de organismos —autoridades administrativas independientes y otras entidades públicas y fundaciones estatales—, el auditor se enfrenta al estudio del mayor gasto sanitario en menos tiempo de la historia de España: 2.000 millones de euros en apenas tres meses.

Los auditores públicos ya han detectado el caos de precios desencadenado durante los peores meses de la pandemia. El Banco de España llegó a adquirir mascarillas FFP2 por 9,44 euros al mismo tiempo que la Agencia Tributaria en Cataluña compraba idéntico material a 4,87, y RTVE lo adquiría por entre 2,08 y 3,03. La administración central, cuya gestión de las compras en pandemia está bajo sospecha tras la denuncia presentada por el grupo del PP en la Asamblea de Madrid, llegó a comprar a través del Ministerio de Movilidad Urbana cinco millones de mascarillas FFP2 a 2,5 euros por unidad.

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El Tribunal de Cuentas no se atrevió en sus dos primeros informes a sacar conclusiones sobre este desbarajuste “porque había múltiples variables en juego que condicionaron cada una de las contrataciones”. En el caso de la auditoría a las 12 ciudades más pobladas de España, señaló la anomalía que suponía contratar de emergencia material que no llegaba hasta muchos meses después de la contratación; o no convocar concursos ante necesidades previstas con mucha antelación cuando la gravedad de la pandemia ya había remitido.

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