Un taller para borrar el pasado penitenciario

Justicia y Prisiones imparten cursos para enseñar a los reclusos a eliminar los antecedentes penales, un paso necesario para trabajar en el sector público o con menores

Arancha Indurria, coordinadora de área de registros de apoyo a la actividad Judicial, durante el taller informativo impartido en el Centro de Inserción Social Máximo Casado de Valladolid, este miércoles.
Arancha Indurria, coordinadora de área de registros de apoyo a la actividad Judicial, durante el taller informativo impartido en el Centro de Inserción Social Máximo Casado de Valladolid, este miércoles.NACHO GALLEGO (EFE)

“A mí se me plantea una duda”. Los internos del Centro de Inserción Social de Valladolid atienden una charla fundamental para su vida y las dudas afloran. Unas 40 personas escuchan con atención y lanzan preguntas a las representantes del Ministerio de Justicia que explican cómo conseguir que sus antecedentes penales, derivados de diversos delitos, desaparezcan de su expediente tras haber cumplido su condena. Uno de los asistentes consulta cómo presentarse a una oposición tras su castigo; otro habla de las multas que acarrean los hurtos; otra levanta la mano y pregunta qué tiene que hacer para “conseguir” estar con sus hijos; y otro resume lo que pensaba el grupo hasta antes de esta conferencia: “Es que ponen muchas dificultades”.

La cancelación de los antecedentes penales, una vez cumplida la pena y pasados los plazos previstos en la ley, es un derecho que muchos presos desconocen, aunque puede ser determinante para conseguir su completa reinserción en la sociedad. Mientras los antecedentes se mantengan, figurarán en el certificado de antecedentes penales, un documento que expide el Ministerio de Justicia y que se exige en distintos ámbitos, desde el laboral (para trabajar con menores, en sectores como el juego o en el sector público) a la obtención de licencia de armas o la compra de un perro catalogado como peligroso. Justicia tiene un proyecto en marcha para propiciar la cancelación automática de los antecedentes, pero este solo se podrá aplicar de forma generalizada para personas que tienen, como máximo, dos antecedentes. Aquellos delincuentes con más de dos, una situación relativamente frecuente, seguirán teniendo que solicitar la eliminación y esta debe ser ejecutada manualmente por un funcionario.

El departamento que dirige Pilar Llop e Instituciones Penitenciarias pretenden facilitar ese proceso que los afectados creen farragoso y que muchos, como admiten en la sala, ni conocían. Ambas entidades acudieron este miércoles a Valladolid, en una ruta que va a llevar estos talleres por centros penitenciarios de España, para mostrar que hay vida después de delinquir y que se puede borrar ese capítulo del expediente. Esta cancelación no tiene nada que ver con el derecho al olvido en Internet, una reclamación ya reconocida en algunos casos por el tribunal Supremo y que supone la eliminación de las referencias digitales sobre los delitos cometidos por una persona.

La primera idea que destacaron las responsables de la charla, Ana Dehesa, jefa de área de Registros Administrativos, y Arancha Indurria, coordinadora de área de Registros de Apoyo a la Actividad Judicial, fue rotunda: “Venimos a contar que esto [los antecedentes] se quita. Ha sido un fallo, un traspié”. La audiencia murmura cuando en la pantalla aparece el tiempo que se tarda en erradicar los antecedentes: entre seis meses y diez años, en función de la gravedad de la pena y siempre que no se vuelva a cometer ningún delito. “Madre mía”, musita uno de los internos, y todos empiezan a hacer cálculos para descubrir cuándo quedarán “limpios”. Muchos desconocían que los delitos cometidos, cuando la pena esté saldada, podrá eliminarse de su historial. La clave, insisten las responsables del taller, pasa por no volver a las andadas, que implica un retroceso e impide desprenderse de esos pecados pasados.

El paso de la sesión conlleva que los presos se vayan involucrando. Así conocen que los antecedentes por delitos sexuales o de trata de seres humanos tardan más en eliminarse y requieren de un certificado específico. “Lógico”, apostilla un hombre de las últimas filas, que asiente, convencido, cuando les informan de que el documento que avala que no se han cometido delitos sexuales se reclama incluso para trabajar de camarero en un hospital. Algunos asistentes se quejan de las dificultades para limpiar el expediente. “Si no haces nada, no vuelves. No volváis a liarla”, aconsejan las representantes de Justicia, que insisten en que los trámites son más sencillos de lo que piensan y que pronto dirán adiós a esa etapa.

Dos de los que ansían dejar atrás esas manchas en su historial acceden a contar su experiencia, bajo nombres ficticios. Omar, de Algeciras, agradece que los servicios sociales lo han ayudado para conseguir un empleo y un alojamiento desde los que reincorporarse a la sociedad, aunque sus circunstancias le impiden abundar en su trayectoria: en los trabajos que va encadenando no conocen su pasado penitenciario y no quiere ser identificado por ello. El proceso de superar esas vivencias “cuesta” pero con el apoyo de los orientadores le ha sido más sencillo acceder a su actual tercer grado o semilibertad, e incorporarse al mercado laboral. Carlos, de Valladolid, coincide sobre el valor de las enseñanzas en prisión y habla sin tapujos: “Yo cometí un error puntual en mi vida”. Ahora toca superarlo. De la cárcel pasó al centro de inserción social y la siguiente etapa implicará tachar ese “error”, algo que va consiguiendo mediante un empleo de carretillero gracias a las enseñanzas de técnico de almacén impartidas en los cursos de la prisión. Sus compañeros de trabajo sí conocen este expediente y lo han acogido sin problemas. “Quiero cancelar los antecedentes y cerrar por fin esa puerta”, afirma el vallisoletano, que valora las opciones que se le ofrecen para concluir esta fase de su vida: “Es el último paso y casi el más importante”.

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