Podemos denuncia una “cacería judicial” tras desinflarse las tres últimas causas contra el partido

La Audiencia Nacional ordena cerrar las pesquisas sobre la presunta financiación irregular de la formación

La actual secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, junto al exlíder del partido, Pablo Iglesias, en un acto en octubre de 2021.
La actual secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, junto al exlíder del partido, Pablo Iglesias, en un acto en octubre de 2021.Chema Moya (EFE)

Podemos se ha lanzado este lunes al contraataque. Tras conocer que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenaba al juez instructor Manuel García-Castellón archivar la investigación sobre la supuesta financiación irregular del partido —reabierta basándose en testimonio de Hugo Armando Carvajal, Pollo Carvajal, jefe de la contrainteligencia venezolana hasta 2014—, el portavoz de la formación en el Congreso, Pablo Echenique, ha acusado al magistrado de emprender una “cacería judicial”. Unas palabras que llegan después de que, en los últimos meses, se desinflase también el caso Neurona y se diese por acabado el caso Dina tras no hallar indicios contra Pablo Iglesias, ex secretario general de la formación.

El partido de izquierdas, liderado actualmente por Ione Belarra, incide así en una tesis que repite desde hace años: la existencia de una “campaña” de desprestigio contra sus miembros, en la que incluye a estamentos policiales y judiciales. Es lo que la formación llama lawfare o “guerra jurídica”: “El lawfare es el nuevo golpismo. Es un conjunto de dispositivos donde poderes mediáticos, conectados con los económicos se alían con autoridades judiciales para ganar de manera ilegítima en los juzgados lo que no pudieron ganar en las urnas”, dijo Iglesias el pasado año en un acto con Lula da Silva, expresidente de Brasil, que fue encarcelado por unas condenas que acabaron anuladas.

Este lunes, García-Castellón acordó archivar la investigación sobre la presunta financiación irregular de la fuerza política y decretó paralizar todas las averiguaciones que había encargado a la Policía. El magistrado, que reabrió estas pesquisas en octubre de 2021 tras un lustro cerradas, se ha visto obligado a tomar esta decisión tras recibir la orden de la Sala de lo Penal de la propia Audiencia, que estimó un recurso presentado por la Fiscalía al considerar prospectiva esta instrucción, según fuentes jurídicas.

El magistrado había reanudado la causa tras tomar declaración al Pollo Carvajal, detenido en septiembre del pasado año e inmerso en un proceso de extradición a EE UU. El militar atribuyó a antiguo cargos de la formación el cobro de pagos procedentes de Gobiernos chavistas y señaló a Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos; a la exdiputada Carolina Bescansa, y a los sociólogos Jorge Lago y Ariel Jerez. Para poder indagar sobre ello, el juez incluyó ese testimonio en un sumario al que había dado carpetazo el instructor Alejandro Abascal en 2016, que se inició tras recibir una denuncia contra el partido basada “un conjunto desordenado de reproducciones de noticias publicadas en la prensa” y sustentada por un supuesto informe policial, bautizado como Informe Pisa (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima), que no llevaba el sello de ninguna unidad del Cuerpo.

Este Informe Pisa fue avalado por el Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz (PP), cuando operó la denominada como policía patriótica, y sirvió de base para que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) llevase el caso al Tribunal de Cuentas, que lo consideró irrelevante.

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Las arremetidas contra el juez

Las decisiones de García-Castellón, que también instruyó el caso Dina, lo han puesto en la diana de Podemos. “Me dijo un amigo juez que es evidente que lo de García-Castellón es prevaricación. Me explicaba también que jamás le condenarán”, afirma Pablo Iglesias en su libro de memorias Verdades a la cara, al referirse a las pesquisas abiertas por el robo del móvil en 2015 de una de sus asesoras, Dina Bousselham, cuyo contenido se encontró copiado en casa del comisario José Manuel Villarejo y además acabó publicado en varios medios de comunicación.

El magistrado de la Audiencia Nacional abrió una investigación en 2019 para averiguar si Villarejo había cometido un delito de revelación de secretos al filtrar esa información a los periodistas o, incluso, si se encontraba detrás de una supuesta operación para robar el móvil. Pero el juez dio un giro a esa tesis en 2020 y consideró que Iglesias le había engañado para presentarse como víctima. García-Castellón pidió entonces su imputación al Tribunal Supremo, que la rechazó por falta de pruebas antes de devolverle el caso, al que dio finalmente por finalizado este enero tras no encontrar indicios contra el exdirigente de Podemos.

“¿Quién convirtió una investigación sobre el espionaje a Podemos en un intento fallido de imputarme cuando llegué a la vicepresidencia?”, volvía a la carga Iglesias este junio. Una serie de acusaciones que han llevado a la Fiscalía de Madrid a abrir diligencias para estudiar si el expolítico cometió un delito de injurias y calumnias contra el juez García-Castellón. Aunque, este mismo lunes, Monedero insistía en la misma dirección tras conocerse el archivo de la causa sobre la supuesta financiación irregular: “La justicia española es muy prudente y, justo antes de que desde instancias europeas puedan abrir un proceso por prevaricación y España pierda puntos en la valoración de su democracia, mandan parar. Si el CGPJ [Consejo General del Poder Judicial] funcionara... ‘Lo llaman democracia’, cantábamos”.

Podemos también incluye en su teoría sobre el lawfare las condenas firmes de cárcel a su portavoz Isabel Serra y al exdiputado Alberto Rodríguez por agredir policías. Y el caso Neurona, una causa donde el partido permanece imputado como persona jurídica y que se abrió en el verano de 2020 para indagar si la formación contrató a la consultora mexicana Neurona para las elecciones generales de abril de 2019 y le pagó más de 360.000 euros por unos proyectos que nunca se realizaron. En estas pesquisas, que la Fiscalía ha desinflado, se llegaron a abrir siete líneas de investigación, de las que se ha dado carpetazo a seis —además de dar luz verde a otras tres pesquisas derivadas, como el caso Niñera, de las que dos ya han sido archivadas—. El instructor descartó, por ejemplo, los supuestos sobresueldos a cargos del partido, el desvío de dinero de la Caja de Solidaridad o las irregularidades en la reforma de la sede de Podemos.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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