El Gobierno recupera a sus socios para la reforma exprés con la que pretende renovar el Tribunal Constitucional

Podemos, ERC y Más País apoyan este primer cambio en la ley del Poder Judicial, pero piden más iniciativas para rebajar el perfil conservador de la judicatura

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, en una rueda de prensa.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, en una rueda de prensa.Jesús Hellín (Europa Press)

El Gobierno cuenta ya con los votos suficientes para superar la semana que viene, tras el debate del estado de la nación y en uno de los momentos más complicados de la legislatura, los escollos a tres proyectos y reformas legales clave sobre las que sus socios habían mostrado en estas semanas varios reparos: la reforma exprés de la ley del Poder Judicial, la Ley de Memoria Democrática y la convalidación del decreto de medidas anticrisis.

Unidas Podemos, ERC y Más País han anticipado este miércoles que respaldarán, en primer lugar, la reforma en lectura única y urgente de la ley del Poder Judicial, con la que el PSOE pretende facilitar (ante el enroque del PP) el recambio de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que han acabado su mandato. Los aliados del Ejecutivo sostienen que esa reforma ―controvertida desde el punto jurídico, y que ha provocado el rechazo del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial― es un “primer paso” para modificar el perfil que denuncian “conservador y poco feminista” de las principales instituciones judiciales del país.

El PSOE aún sigue negociando con sus socios de Gobierno y parlamentarios distintos aspectos, resoluciones y mejoras en esos tres proyectos, cuyo debate en pleno servirá de colofón legislativo el jueves de la semana que viene a dos días de intensas discusiones políticas en el debate del estado de la nación. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, habló este miércoles directamente de “momento decisivo para el país y para la coalición”.

El portavoz de Unidas Podemos, en cualquier caso, sí adelantó este miércoles que habían alcanzado “un acuerdo” con el PSOE para apoyar la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial en un artículo para permitir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aun estando en funciones, renovar a los dos magistrados del Constitucional que les corresponden. El tribunal de garantías, que tiene por esa falta de renovación una mayoría de magistrados conservadores, debe abordar varios recursos planteados por Vox y el PP a leyes tan significativas como la del aborto o la eutanasia.

La reforma que se pretende el Gobierno permitiría, en teoría, al CGPJ nombrar a los dos magistrados del Constitucional, pero esos nombramientos requieren de una mayoría de tres quintos en el seno del Consejo, y esa mayoría ahora no existe, entre otras cosas porque el sector conservador (mayoritario) se opone a la reforma legal del Gobierno. Argumentan que no tiene sentido devolverles la capacidad de hacer nombramientos estando en funciones (facultad que el propio Gobierno les quitó hace un año con otra ley) solo para rellenar las vacantes del Constitucional en su interés y no para otras instancias judiciales, como el Supremo, en las que la falta de jueces amenaza con producir un colapso.

El cambio legal, que saldrá holgadamente adelante en el pleno del 14 de julio del Congreso, no convence totalmente a los socios, pero lo defienden como un primer paso. Echenique lo expresó así: “Es una buena idea renovar a los magistrados caducados, pero hay que dar más pasos y hay que hacer más cosas”. Y recuperó la idea de Unidas Podemos de aplicar más reformas legislativas para eliminar la posibilidad de veto que ahora tiene el PP en las renovaciones de esos órganos judiciales.

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El PSOE ha llevado este miércoles a la Junta de Portavoces del Congreso la propuesta de tramitar esa reforma legal por la vía de la lectura única y urgente el día 14, de tal manera que la semana siguiente pase por el mismo procedimiento en el Senado y pueda entrar en vigor antes del verano. PP, Vox y Ciudadanos ya han avisado de que votarán en contra, como harán con la nueva ley de Memoria Democrática, con la que son muy críticos. El PP se reserva estratégicamente su posición sobre el decreto de medidas anticrisis a la espera de que el Gobierno les llame y acepte las alternativas económicas que presentó Feijóo al presidente Pedro Sánchez ya hace varios meses.

Los populares argumentan, sobre el Poder Judicial, que quieren enviar un proyecto alternativo al Gobierno, pero han paralizado en varias ocasiones la negociación abierta con el PSOE con diferentes excusas y condiciones. La portavoz popular, Cuca Gamarra, se opuso en la Junta de Portavoces de este miércoles a esa tramitación de urgencia porque evitará plazos para enmiendas y correcciones y que se consulte y escuche a organismos como el propio Consejo del Poder Judicial, la Convención de Viena o asociaciones judiciales. Gamarra reiteró que el PP exige que se retire ese proyecto “unilateral” del PSOE “porque no es el camino” para el acuerdo o se devuelvan todas sus competencias al Consejo para hacer nombramientos, y no solo para los pendientes en el Constitucional.

El Gobierno contará el jueves con votos suficientes para que la norma salga adelante. Unidas Podemos había mostrado reparos, pero ahora se muestra a favor. También ERC, aunque este partido sigue negociando las otras dos normas: la Ley de Memoria y el decreto anticrisis. Más País sí respaldará los tres proyectos.

Reunión extraordinaria del Poder Judicial

La decisión del PSOE de llevar al Congreso la semana que viene la reforma de la Ley del Poder Judicial es la razón que han alegado ocho vocales conservadores del Consejo para forzar la celebración de un pleno extraordinario para debatir esa propuesta, informa Reyes Rincón. El presidente del órgano, Carlos Lesmes, ha convocado a los consejeros para el lunes, después de que se lo pidieran ocho de ellos, todos elegidos como vocales en 2013. Sobre la mesa estará el escrito que presentó este sector la semana pasada en el que pedían al Congreso que recabe la opinión del órgano de gobierno de los jueces antes de someter a votación la nueva redacción de la ley. Además, estos consejeros proponen informar a la Comisión Europea de la propuesta socialista, lo que supondría la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces se dirige oficialmente a la UE para quejarse por una actuación impulsada por el Gobierno.

Ambos puntos iban a ser debatidos en un pleno ordinario el pasado jueves, pero la sesión se suspendió por el fallecimiento, ese mismo día, de la vocal Victoria Cinto. En el orden del día del próximo lunes se analizará también el acuerdo aprobado el 27 de junio por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo en el que acordó dirigirse al CGPJ para que transmita al Congreso de los Diputados y el Senado su preocupación porque la falta de renovación del Consejo y la imposibilidad legal de realizar nombramientos discrecionales están creando una situación “insostenible”.


Sobre la firma

Javier Casqueiro

Es corresponsal político de EL PAÍS, donde lleva más de 30 años especializado en este tipo de información con distintas responsabilidades. Fue corresponsal diplomático, vivió en Washington y Rabat, se encargó del área Nacional en Cuatro y CNN+. Y en la prehistoria trabajó seis años en La Voz de Galicia. Colabora en tertulias de radio y televisión.

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