Asociaciones policiales rechazan las acusaciones lanzadas por la investigación marroquí contra España sobre la tragedia de Melilla

Dirigentes de cinco organizaciones tildan de “absurdas” las conclusiones del informe y recuerdan que ninguna de las 23 muertes se produjo en el lado español de la frontera

Un grupo de inmigrantes corren tras lograr cruzar la frontera de Melilla el pasado 24 de junio, durante el asalto que costó la vida al menos a 23 personas.Foto: JAVIER BERNARDO (AP) | Vídeo: EPV

El informe que hizo público el miércoles el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Marruecos, un órgano con atribuciones equiparables a las del Defensor del Pueblo español pero cuyo presidente nombra el rey marroquí, sobre la tragedia del 24 de junio en la valla de Melilla ha causado enorme malestar entre policías y guardias civiles. En ese informe se culpa a las autoridades españolas de no facilitar “la asistencia y el socorro necesarios” a las víctimas del salto, que se saldó con al menos 23 inmigrantes muertos y decenas de heridos. Dirigentes de las cinco principales organizaciones de agentes de ambos cuerpos contactados por EL PAÍS coinciden en rechazar las conclusiones del documento y defienden que la actuación aquel día de los agentes españoles “se ajustó en todo momento a la legalidad”. El Ministerio del Interior ya defendió el mismo día que se conoció el informe que “la Guardia Civil actuó en todo momento dentro del marco legal nacional e internacional, siempre con criterios de proporcionalidad y de pleno respeto a los derechos humanos”, aunque no expresó ningún tipo de crítica al documento marroquí.

La presidenta de la CNDH, Amina Bouayach, aseguró el miércoles, durante la presentación del informe, que las autoridades españolas habían “usado la violencia” y “no habrían asistido a los heridos que estaban saltando o cayendo de la valla, además de que en el momento de la estampida las puertas [de acceso al paso fronterizo] quedaron cerradas, pero su responsabilidad era abrirlas”. Agustín Leal, portavoz de Justicia Guardia Civil (Jucil, la asociación mayoritaria en la Guardia Civil) asegura que los vídeos que se difundieron tras el suceso desmienten esta versión: “Esas imágenes demuestran que las muertes se produjeron en el lado marroquí de la frontera”.

Leal también recuerda la imagen que ha circulado estos días de decenas de cuerpos amontonados en el suelo vigilados por agentes marroquíes sin recibir asistencia. “Si eso hubiera pasado en el lado español, cualquier guardia civil o policía habría acudido a auxiliarlos y no se habría quedado mirando como hacen los gendarmes”, sostiene. El dirigente de Jucil insiste en que el uso de la fuerza que hizo la Guardia Civil aquel día fue “la estrictamente necesaria para detener una intromisión en territorio español de cientos de inmigrantes”. Finalmente, lograron cruzar la frontera 133 de los cerca de 2.000 que lo intentaron.

Desde la Unión de Oficiales, la asociación representativa de la escala de mando de la Guardia Civil, se critica que el organismo marroquí autor del informe “haya buscado a los culpables a este lado de la frontera” y niega que, como se indica en el documento, las autoridades españolas debieran haber abierto las puertas de la valla para evitar que los inmigrantes se agolparan unos contra otros, supuesta causa de parte de las muertes. “Los hechos ocurren en la parte de la valla que pertenece a Marruecos y a la que las fuerzas de seguridad españolas no tienen acceso, por lo que difícilmente podíamos abrir ninguna puerta”, señala. Además, esta asociación pone en duda que esa hubiera sido la solución ante una situación como la que se estaba viviendo: “No habrían funcionado como las esclusas de una presa”.

Pedro Carmona, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), se remite a la investigación que la Fiscalía española ha abierto sobre los hechos, y para la que la semana pasada se tomó declaración a los agentes destinados en Melilla que participaron aquel día en el dispositivo. La Guardia Civil también ha elaborado un informe con las imágenes que antes, durante y después de los sucesos grabaron los drones, un helicóptero y las cámaras de videovigilancia dispuestas a lo largo del perímetro fronterizo. “Cuando concluya esa investigación, sabremos si realmente sí se hizo algo mal por nuestra parte”, apunta Carmona, que reclama que las autoridades marroquíes analicen en primer lugar qué hicieron aquel día sus agentes. “Es asombroso que ese informe nos culpe a nosotros y no diga nada sobre la responsabilidad que pudieron tener los policías marroquíes”, recalca.

Los sindicatos de la Policía Nacional también se muestran críticos con las conclusiones del CNCH. Pablo Pérez, portavoz de Justicia Policial (Jupol, la organización mayoritaria), insiste en que los sucesos que desembocaron en la muerte de los migrantes “se produjeron en el lado marroquí, no en el español”, y coincide con los representantes de la Guardia Civil en tildar de “absurdo” el punto del documento que apunta a que se debían haber abierto las puertas. Para Pérez, los sucesos muestran la necesidad de “adoptar otras medidas”, entre ellas que los llamados peines invertidos, que sustituyeron a las concertinas en el lado español para evitar las lesiones que ocasionaban estas, se instalen rápidamente allí donde todavía no están. “Son necesarios más medios para tratar de evitar estas avalanchas y, sobre todo, con estos resultados tan lamentables”, añade.

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Carlos Morales, portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), también rechaza que la apertura de las puertas hubiera evitado la tragedia. “Es una opción inviable, en una situación así, en cualquier país fronterizo de la UE. Un hecho que deberían conocer de sobra los autores de dicho informe”, afirma Morales. El dirigente del SUP incide en que no se puede olvidar que la muerte de los migrantes se produjo en el transcurso de “un asalto multitudinario a la valla con gran violencia, donde se produjo una batalla campal en la que se registraron varios heridos entre los miembros de las Fuerzas de Seguridad [Interior informó de 49 guardias civiles con lesiones leves y 57 inmigrantes]”. Morales, cuyo sindicato lleva meses reclamando el refuerzo de las plantillas en Ceuta y Melilla, pide la elaboración urgente de un protocolo que fije cómo deben actuar los agentes ante estos saltos “cada vez más violentos”. “Evitaría daños graves, pero también daría mayor seguridad jurídica a policías y guardias civiles, cortando de raíz los intentos de manipulación como los de este informe, que pretende desviar la atención sobre lo ocurrido”, concluye.

Sobre la firma

Óscar López-Fonseca

Redactor especializado en temas del Ministerio del Interior y Tribunales. Llego a EL PAÍS en marzo de 2017 tras una trayectoria profesional de más de 30 años en Ya, OTR/Press, Época, El Confidencial, Público y Vozpópuli. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.

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