La Audiencia Nacional impulsa una séptima investigación contra la excúpula de ETA

El juez Abascal admite la querella contra cuatro exjefes de la banda por el atentado contra la comisaría de la Ertzaintza de Ondarroa (Bizkaia) en 2008, que dejó 18 heridos

Dos operarios limpian los alrededores de la comisaría de la Ertzaintza de Ondarroa, tras el atentado cometido el 21 de septiembre de 2008.
Dos operarios limpian los alrededores de la comisaría de la Ertzaintza de Ondarroa, tras el atentado cometido el 21 de septiembre de 2008.Alfredo Aldai (EFE)

La Audiencia Nacional ha abierto un nuevo frente a la antigua cúpula de ETA. El juez instructor Alejandro Abascal ha admitido una querella contra cuatro exjefes de la banda para investigar su presunta implicación en la colocación de un coche bomba en Ondarroa (Bizkaia) en 2008, que dejó 18 heridos. El magistrado, que indaga si estos cuatro terroristas participaron en la toma de la decisión para cometer el atentado, pone bajo sospecha a Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki; Aitzol Iriondo, Gurbitz; Mikel Carrera Sarobe, Ata; y Ainhoa Ozaeta, Kuraia. Este es el séptimo sumario que el tribunal reimpulsa contra exdirigentes de la disuelta organización criminal en los últimos meses.

A través de una resolución fechada el 10 de julio, el juez Abascal da luz verde a las pesquisas tras admitir a trámite la querella de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que pelea para abrir en los tribunales una nueva vía para condenar a los exjefes de ETA como “autores mediatos por dominio” de los atentados cometidos por sus subordinados —una especie de inductores intelectuales de los crímenes, al tener el control absoluto de la banda—. La decisión se basa en que, según el instructor, el grupo terrorista funcionaba bajo una “rígida disciplina”, donde su “cúpula decidía, coordinaba y seleccionaba los objetivos”.

La Audiencia Nacional ya condenó en 2013 a Ibon Iparraguirre y Asier Badiola a 299 años de cárcel como autores materiales del atentado de Ondarroa. El tribunal consideró probado que ambos prepararon y colocaron un coche bomba ante la comisaría de la Ertzaintza el 21 de septiembre de 2008. La explosión del vehículo, cargado con 100 kilos de amonal, causó 18 heridos (13 de ellos, policías autonómicos). Según la sentencia, los terroristas seguían instrucciones directas de Txeroki, quien proporcionó el automóvil y concretó que debían atentar contra agentes de la policía autonómica vasca.

Txeroki ya fue imputado por este crimen, pero la causa contra él acabó archivada. Sin embargo, el magistrado Abascal sostiene que existen nuevos indicios que permiten reabrir el caso. El juez resalta que DyJ ha aportado una sentencia de otro atentado donde se describe el mismo modus operandi utilizado por la banda para cometer el ataque contra la comisaría de Ondarroa. Según el fallo, al igual que Iparraguirre y Badiola, el comando Otazua recibió de la cúpula un coche bomba para perpetrar, en su caso, el atentado contra el Patronato Militar de Santoña —cometido el mismo 21 de septiembre de 2018 y que provocó la muerte del brigada Luis Conde—. En ambos casos, para que los autores materiales pudieran identificar cuál era el vehículo cargado de explosivos y pudieran trasladarlo hasta el objetivo, sus superiores dejaron “una barra de pan en el salpicadero”.

En total, durante los últimos meses, la Audiencia Nacional ha reimpulsado siete sumarios que estrechan el cerco sobre 23 exdirigentes de ETA. Además de por el crimen de Ondarroa, se investiga a exjefes de la banda por los asesinatos de los concejales populares Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco —en este último, el juez Manuel García-Castellón acaba de imputar a Mikel Albisu, Mikel Antza; José Javier Arizcuren, Kantauri; y María Soledad Iparraguirre, Anboto—. También se han retomado las pesquisas por el atentado contra el magistrado Francisco Querol, donde perdió la vida el juez y otras tres personas; por el ataque contra la T-4 del aeropuerto de Barajas, con dos muertos; por el coche bomba colocado en 2002 junto a la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante), que dejó dos fallecidos —entre ellos, una niña de seis años—; y por el atentado de Sangüesa (Navarra) en 2003, que causó la muerte de dos policías e hirió a otro agente y a un trabajador de Telefónica.

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J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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