Dolores Delgado, la fiscal con pasado de ministra bajo la lupa de la derecha

El ala más conservadora de la carrera nunca le perdonó su vinculación con el Gobierno de coalición y la acusó de favorecer a los fiscales progresistas

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en un acto en febrero.
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en un acto en febrero.Isaac Buj (Europa Press)

Cuando Dolores Delgado tomó posesión del cargo de ministra de Justicia en 2018, que ocupó inmediatamente antes de aterrizar en la Fiscalía General del Estado en 2020, se definió como una “fiscal de trinchera” y prometió que sería una “ministra de trinchera”. Aunque ella se refería a que hasta entonces había trabajado a pie de calle, lejos de los altos cargos de los organismos, sus palabras se convirtieron en un arma de doble filo. La oposición y parte de la carrera fiscal la ha acusado de beneficiar siempre al PSOE y a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecía hasta que dio el salto a la política en junio de 2018 como titular de la cartera de Justicia del primer gobierno de Pedro Sánchez. Ahora deja el puesto de máxima responsable del ministerio público. A través de un comunicado, ha alegado motivos de salud.

Muy preocupada por la imagen pública que desprende, Delgado ha medido sus palabras hasta en el anuncio oficial de su despedida. Tras someterse el 20 de abril a una operación en la columna, de cuyas secuelas aún no se ha recuperado, la fiscal ha querido “subrayar” que da un paso atrás para “conjugar su inequívoca vocación de servicio público con un alto sentido del deber y responsabilidad”. “[Delgado] ha llegado a la convicción de que no se encuentra en las condiciones físicas exigidas para tan alta función”, dice la nota de prensa, donde ha celebrado también que ha cumplido “los objetivos” que se había puesto para su mandato: “Un cambio de paradigma en la Fiscalía centrado en la transparencia, los valores democráticos, los derechos humanos, la perspectiva de género y la protección de los más vulnerables”.

Antes de llegar al Ministerio de Justicia, Delgado ya se había curtido una larga carrera. Nacida en Madrid en 1962, pasó 25 años en la Audiencia Nacional, donde centró buena parte de su trabajo en combatir el terrorismo. Llegó a ejercer como fiscal coordinadora de la lucha antiyihadista y participó en la investigación sobre los atentados de Cataluña de 2017. Firme defensora de la justicia universal, sus mandatos en el Gobierno y la Fiscalía General se han visto ensombrecidos por los audios donde se la escucha conversar con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, epicentro de una macrotrama de corrupción. En otras grabaciones, donde ella no interviene, el policía afirmaba incluso que le ayudaba con sus negocios ilícitos, una acusación que Delgado siempre ha negado. En ese sentido, el juez Manuel García-Castellón le ofreció la semana pasada personarse como víctima de la trama al considerar que las afirmaciones de Villarejo pueden “constituir un delito contra su honor”.

Desde que el Gobierno la eligió para el cargo de fiscal general, cada decisión adoptada por Delgado se ha convertido en motivo de conflicto con el ala más conservadora de la carrera fiscal y en munición para la derecha política. Su propio nombramiento como fiscal general tuvo que ser revisado por el Tribunal Supremo después de que PP y Vox lo impugnaran, pero la Sala de lo Contencioso concluyó que ninguno de los dos partidos estaban legitimados para recurrir y ratificó la designación. No obstante, los detractores de Delgado nunca consideraron purgado ese pecado original y, despectivamente, se referían a ella como “una ministra más” del Ejecutivo de coalición.

La tensión se ha visualizado especialmente en cada reunión del Consejo Fiscal, el principal órgano asesor de la fiscal general y donde están representadas las asociaciones judiciales. La conservadora Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, ha acusado a Delgado durante todo su mandato de favorecer de forma “arbitraria” a fiscales de la UPF para los puestos más relevantes de la Fiscalía, en perjuicio de fiscales conservadores con más méritos o experiencia. Una de estas designaciones, la del fiscal coordinador de menores Eduardo Esteban Rincón, fue revocada por el Tribunal Supremo tras un recurso presentado por la AF y por otro de los aspirantes al cargo. El tribunal advirtió de “las diferencias” de currículum entre los dos candidatos (a favor del descartado) y obligó a Delgado a hacer una nueva propuesta más motivada; la fiscal volvió a elegir al mismo y lo defendió en un extenso escrito en el que desgranó con tanto convencimiento las virtudes de su elegido como los defectos, que a su juicio, acumulaba su rival.

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La insistencia de Delgado en designar a su candidato fue interpretada por muchos como un desafío al Supremo, que parecía haber marcado el camino para que la fiscal claudicara. Su entorno, sin embargo, aplaudió esa decisión que, aseguran, ilustra cómo se ha enfrentado Delgado a la lupa de aumento con la que se seguían sus pasos. Quienes han trabajado con ella estos años aseguran que esos reproches continuos, aunque a ratos le desesperaban, nunca le hicieron dudar. “Siempre ha obrado según sus convicciones, no le doblegó la presión”, señala una fiscal cercana. El pasado 29 de junio, durante la toma de posesión de los nuevos miembros del Consejo Fiscal, con una amplia mayoría de fiscales conservadores, Delgado pronunció un discurso que ahora muchos interpretan como un balance de despedida de su mandato, en el que reivindicó “logros” conseguidos en estos años para la carrera, desde la ampliación de plantilla a permisos y medidas de conciliación o la aprobación del Reglamento del Ministerio Fiscal.

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