Dos exjefes de ETA se niegan a declarar sobre el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco

Antza y Anboto comparecen en la Audiencia Nacional tras reabrirse el sumario

​​A la derecha, Miguel Albisu, alias Antza, a su llegada este jueves a la Audiencia Nacional. Foto: RICARDO RUBIO (EUROPA PRESS) | Vídeo: EPV

Dos exjefes de ETA se han negado este jueves a declarar en la Audiencia Nacional sobre el atentado contra Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP de Ermua (Bizakia) secuestrado y asesinado en 1997. Mikel Albisu, alias Antza, y María Soledad Iparraguirre, Anboto, han comparecido como imputados ante el juez Manuel García-Castellón, que reabrió en marzo este sumario para investigar a la antigua cúpula de la banda por “delito de omisión”: es decir, por ordenar el crimen y no frenarlo durante las 48 horas que el edil permaneció retenido por los terroristas.

Según detallan fuentes jurídicas, Antza le ha dicho al juez que no iba a declarar y que ya había sido sentenciado por su pertenencia a ETA en Francia, donde cumplió condena y de donde fue expulsado en 2019. Actualmente, vive en España y se encuentra en libertad. El magistrado ha aceptado la solicitud de las acusaciones populares (PP, Dignidad y Justicia y la Asociación de Víctimas del Terrorismo) de que se le retire el pasaporte, medida que ya se tomó en las pesquisas sobre el asesinato del edil popular Gregorio Ordóñez, por el que Albisu se encuentra también investigado. Anboto, que está en prisión, tampoco ha querido responder a ninguna pregunta.

La reapertura de este sumario ahonda en la nueva vía abierta en los tribunales para investigar a las antiguas cúpulas de la ETA por los atentados que materializaban sus subordinados. La Audiencia Nacional ha reimpulsado hasta siete sumarios en los últimos meses y mantiene en la diana a 23 exjefes etarras. “Nada se hacía, nada se movía en ETA, que no fuera conocido, coordinado, dirigido, ordenado y, en la mayoría de los casos, autorizado por su comité ejecutivo”, incide la Guardia Civil en sus informes.

Amaia Izko, abogada de los etarras, ha criticado estos procedimientos: “No tienen ninguna base en legislación ni jurisprudencia. Suponen una situación excepcional y atropello. En estos momentos, solo se pueden explicar por venganza y para ganar en la Audiencia Nacional la batalla del relato”.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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