Una década de corrupción con Esperanza Aguirre al frente

Varios tribunales y media docena de jueces destapan las tramas delictivas en la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012. La fiscalía no ve indicios de “ignorancia deliberada” en la actuación de la presidenta

Esperanza Aguirre muestra un documento en un pleno de la Asamblea en 2009, cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid. Junto a ella, Ignacio González (c) y Francisco Granados (i) .
Esperanza Aguirre muestra un documento en un pleno de la Asamblea en 2009, cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid. Junto a ella, Ignacio González (c) y Francisco Granados (i) .Claudio Alvarez

Una decena de investigaciones judiciales a lo largo de los últimos 15 años ha destapado múltiples casos de grave corrupción en los gobiernos de la Comunidad de Madrid que presidió Esperanza Aguirre entre 2003 y 2012. Este fenomenal pillaje de fondos públicos fue perpetrado por distintas tramas corruptas que ya figuran entre las más extensas conocidas en democracia: hay más de 100 implicados entre cargos públicos y empresarios.

Muchos de los delitos supuestamente consumados que están todavía pendientes de juicio beneficiaron a Esperanza Aguirre, candidata en dos campañas electorales para las que el PP de Madrid dispuso de más dinero del legalmente autorizado, de origen supuestamente ilícito y oculto al Tribunal de Cuentas.

Pero ni el PP de Madrid está acusado como partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por sus dirigentes y por distintas empresas privadas, ni Esperanza Aguirre está procesada en ninguna de las causas judiciales de la corrupción.

La expresidenta no sabía nada, según confiesa ella misma, y el fiscal no halla indicios suficientes para atribuir a Esperanza Aguirre una “ignorancia deliberada” que pudiera inculparla. Este principio del derecho sirve para castigar a quienes “no quieren saber aquello que pueden y deben conocer, y se benefician de la situación”.

Los principales colaboradores de la expresidenta están amenazados de cárcel y viven bajo sospecha desde hace años. La lista de damnificados es cada vez más larga: sus dos vicepresidentes, algunos de sus consejeros, su jefa de prensa, el secretario general y el gerente del PP madrileño, a quienes Aguirre nombró y con los que despachaba habitualmente, están imputados, o procesados.

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Esta situación que exculpa a Aguirre sobre la corrupción en instituciones y órganos que ella misma presidía genera una notable controversia. “No basta con que Aguirre presidiera los tres órganos donde se han producido los delitos: Fundescam, el PP de Madrid y el Gobierno de la Comunidad. Ningún subordinado suyo la señaló en los interrogatorios como conocedora de esa situación. Y con esos mimbres, no se puede acusar”, explica un fiscal anticorrupción conocedor del caso.

Uno de los procesados en los sumarios que afectan al PP de Madrid le responde: “Es surrealista que todos los que trabajaron a su alrededor y en su beneficio estén acusados de graves delitos por los que no se lucraron y ella haya sido exculpada por la Fiscalía Anticorrupción. Nadie se puede creer que en los tres órganos que presidía se produjeran irregularidades y que ella nunca supiera nada”.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decidirá a quién sienta en el banquillo en el caso de la caja b del PP-Madrid con la que se financiaron las campañas electorales de 2007 y 2011. Este instructor ha concluido otras investigaciones que seguían abiertas por diversas tramas de corrupción vinculadas a dirigentes del PP de Madrid. Decenas de políticos y empresarios han sido procesados. En un caso, por el pago de mordidas a siete alcaldes del PP —más uno del PSOE y otro de un partido local— a cambio de adjudicar contratos de eficiencia energética a la empresa Cofely; en otro, por amañar concursos a favor de Water Music, una firma especializada en la organización de fiestas populares.

Vicepresidentes, consejeros y directores generales de los tres gobiernos de Esperanza Aguirre y una docena de alcaldes del PP de la Comunidad de Madrid están o han estado ya en prisión, están procesados pendientes de juicio o están imputados por graves delitos de corrupción en una decena de causas: Gürtel (dos etapas ya sentenciadas); Ciudad de la Justicia, Canal de Isabel II, Campo de Golf, Tren de Navalcarnero, Reputación online, caja b del PP-Madrid, fiestas municipales o publicidad institucional.

Esperanza Aguirre ganó por mayoría absoluta las segundas elecciones autonómicas madrileñas celebradas en octubre de 2003. Los primeros comicios de ese año, en mayo, se arruinaron por una espantada. El tamayazo —la traición de dos diputados socialistas que evitó un Gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid— provocó la repetición electoral y el PP de Aguirre logró la mayoría absoluta que había perdido unos meses antes. Desde entonces y hasta que dejó el cargo institucional, se sucedieron alrededor de la presidenta madrileña múltiples actividades ilegales y corruptas cometidas por sus principales colaboradores.

‘Caso Gürtel’. Alberto López Viejo, escudero para los actos de autobombo

Alberto López Viejo, exconsejero de la Comunidad de Madrid, a su entrada en la Audiencia Nacional en 2015.
Alberto López Viejo, exconsejero de la Comunidad de Madrid, a su entrada en la Audiencia Nacional en 2015.Julian Rojas

Alberto López viejo está condenado a 27 años de cárcel por su enriquecimiento ilícito como colaborador de la trama Gürtel, una red empresarial corrupta que colonizó varias administraciones gobernadas por el PP donde recibió contratos a cambio de comisiones ilegales. Era el hombre de confianza de Esperanza Aguirre para los actos de propaganda. “Diseñó una novedosa política de comunicación con mayor presencia de la presidenta, que llevaba aparejada un incremento o multiplicación de sus actos institucionales”, escribe el Tribunal Supremo. López Viejo fue viceconsejero de Presidencia y consejero de Transportes con Aguirre. Llegó a adjudicar actos de la presidenta por 6,5 millones de euros al grupo empresarial de Francisco Correa, quien obtuvo un beneficio de 2,6 millones por estos contratos para cuya adjudicación se prescindía de “las más elementales normas”. López Viejo cobraba una mordida del 10% de lo facturado en cada evento contratado. Entre 2004 y 2008 se hicieron decenas de actos institucionales de Esperanza Aguirre con este sistema corrupto. La sentencia del Supremo establece que la red Gürtel se enriqueció gracias a cientos de contratos a dedo del Gobierno de la Comunidad de Madrid y al trato de favor en al menos cuatro grandes municipios madrileños gobernados por el PP.

Procesado Ignacio González por un campo de golf que ideó la presidenta

Esperanza Aguirre se trajo de un viaje a Japón la idea de levantar un campo de golf en el centro de Madrid: “Lo vi en Tokio y en las películas”. Aprovechando unos terrenos del Canal de Isabel II, el Gobierno regional se puso manos a la obra pese a la resistencia del Ayuntamiento de Madrid, que no acababa de autorizar la obra. Ignacio González era entonces presidente del Canal de Isabel II y “urdió un sistema para que las adjudicaciones recayeran en algún momento en una empresa vinculada a sus familiares, lo que les permitió embolsarse supuestamente más de medio millón de euros”, según el juez Manuel García Castellón. González, mano derecha de Aguirre como vicepresidente autonómico cuando ocurrieron los hechos, está procesado y la Fiscalía le pide cuatro años de cárcel.

El despilfarro millonario de la Ciudad de la Justicia

Terrenos de la Ciudad de la Justicia en el barrio de Valdebebas (Madrid).
Terrenos de la Ciudad de la Justicia en el barrio de Valdebebas (Madrid). Kike Para

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha enviado a juicio el caso de la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid, uno de los proyectos estrella de Esperanza Aguirre que se quedó empantanado en medio del escándalo. El exvicepresidente regional Alfredo Prada se sentará en el banquillo como máximo responsable de aquel despilfarro de fondos públicos a través de contratos amañados por más de 40 millones de euros. La Fiscalía pide ocho años de cárcel para el exvicepresidente por los delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. En una conversación de Aguirre con el comisario José Manuel Villarejo en marzo de 2014, muchos años antes de iniciarse la investigación del caso Ciudad de la Justicia, la expresidenta madrileña consideraba que su exvicepresidente Alfredo Prada era un “choricete” y explicaba que por esa razón lo había echado de su Gobierno.

La compra ruinosa de una empresa brasileña previa mordida de cuatro millones

El Canal de Isabel II, la joya de la corona de las empresas públicas madrileñas, se compró en 2012 una pequeña sociedad brasileña, Emissao, por 30 millones de dólares. En esa operación, los compradores eran directivos de Inassa, filial colombiana del Canal de Isabel II, y pactaron en secreto con el vendedor llevarse casi cuatro millones de euros en comisiones. El cerebro de esa operación, y principal directivo de Inassa, fue Edmundo Rodríguez Sobrino, a la vez consejero del diario La Razón. Cuando estalló el escándalo, los directivos del periódico presionaron a quien entonces era presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que dejara de investigar un caso que afectaba de lleno a uno de sus consejeros. Fue inútil.

El juez Manuel García Castellón ha procesado a los directivos que participaron en esa compra y a Ignacio González, el expresidente autonómico que supuestamente iba a cobrar una parte de la mordida pactada con el vendedor brasileño aunque González nunca retiró el dinero que le correspondía.

Gastos electorales excesivos en 2007 y 2011 con dinero de origen ilícito

Tras casi siete años de investigación judicial del caso Púnica, la Fiscalía Anticorrupción ha concluido que el PP de la Comunidad de Madrid incurrió en gastos electorales muy superiores a los declarados al Tribunal de Cuentas, gastos que excedían los permitidos por la ley. La candidata que se benefició de este supuesto “dopaje electoral” fue Esperanza Aguirre, que ganó ambos comicios con mayoría absoluta. “La contabilidad presentada ante el órgano fiscalizador no respondía a la realidad de lo sucedido”, escribe el fiscal. Para ejecutar ese plan, del que supuestamente no sabía nada quien era presidenta del PP de Madrid y del Gobierno autonómico, “era necesario contar con empresarios afines que, realizando el servicio, posteriormente lo facturasen bajo otros conceptos”. El fiscal también detalla que el PP necesitaba “fuentes de captación de recursos, bien opacas, bien alterando el destino declarado y trasladar esos recursos a los prestadores de servicios, bien en metálico o bien a través de facturas alteradas”. Este mecanismo se repitió en, al menos, dos elecciones autonómicas. Pero el fiscal solo culpa al gerente del partido, Beltrán Gutiérrez, y al secretario general del PP de Madrid en 2011, Francisco Granados.

La tapadera de Fundescam para financiar mítines

Fundescam es una fundación del PP de Madrid que presidió Esperanza Aguirre. Se financiaba con subvenciones de la Comunidad de Madrid y con donaciones de empresarios privados, muchos de ellos contratistas de la propia administración regional. Los fondos de Fundescam, según la ley, solo podían utilizarse para la organización de seminarios, cursos, estudios y cosas similares. Pero el dinero de Fundescam se utilizó reiteradamente para actos electorales, según la investigación judicial. “Desviar fondos de una subvención para una finalidad distinta al motivo de su concesión y encubrir ese hecho con falseamiento de la facturación supone un delito de fraude y falsedad documental”, según la Fiscalía Anticorrupción.

Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid en la campaña electoral de 2011, le recordó al juez algunas anomalías que apreció en aquel momento. “Esas empresas no estaban contratadas por el partido y esas empresas, según constan en otros sumarios, habían sido contratadas por la Comunidad de Madrid, entiendo que esa fue la forma de remunerarles”. El Fiscal Anticorrupción le considera culpable de aquellos hechos y relata las maniobras de empresas como El Laboratorio de Almagro, “principal suministradora de servicios para la campaña” de Esperanza Aguirre, que facturó 1,2 millones de euros pero solo cobró 137.000 euros desde la cuenta electoral del PP.

Propaganda de la presidenta en redes sociales pagada con fondos públicos

La empresa EICO, de Alejandro de Pedro, llegó a un acuerdo con el Gobierno de la Comunidad de Madrid para cuidar la imagen de Esperanza Aguirre en internet. Y para ello crearon una serie de cuentas donde se ensalzaba a la presidenta autonómica y se contrarrestaban las críticas o noticias negativas de otros medios. Por ese trabajo, EICO cobró dinero público de la Comunidad de Madrid. El fiscal anticorrupción sostiene que “se decidió realizar adjudicaciones directas a EICO haciendo constar unos contratos menores de trabajos online para la Comunidad de Madrid pese a que tales trabajos jamás se hicieron, siendo la simple cobertura formal para poder abonar los otros sin levantar sospechas”.

El 1% de las constructoras que repartió el Gobierno regional entre empresas que trabajaban para el PP

El Gobierno de Esperanza Aguirre impuso en los concursos de obras (carreteras, hospitales, vivienda pública…) una cláusula por la que la empresa constructora que ganara el concurso tenía que dedicar un 1% del presupuesto a publicitar los trabajos. Ese 1% nunca lo gestionaron las constructoras sino los distintos departamentos de la Comunidad de Madrid, que en muchos casos adjudicaron ese 1% a empresas privadas como pago por los trabajos electorales hechos para el PP.

Pero Aguirre, según el fiscal anticorrupción, no conoció todos estos detalles: “Del resultado de la instrucción no puede considerarse acreditada la participación de Esperanza Aguirre Gil de Biedma en los hechos delictivos expuestos en la presente pieza separada, pues, más allá de la prescripción de los delitos electores asociados a las elecciones autonómicas del 2007 y del 2011, lo cierto es que no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que la misma era conocedora de los mismos”. Anticorrupción recuerda en su relato exculpatorio de la expresidenta madrileña una conversación grabada durante la investigación en la que Aguirre le cuenta a Ignacio González que el PP de Madrid se excedió en los gastos electorales pero no incumplió la ley con los gastos de Fundescam. “Lo anterior podría plantear si se situó en lo que se ha denominado ignorancia deliberada, pero afirmar tal cuestión, considerando la ausencia de indicios, resulta insuficiente para sostener una acusación”.

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