El juez cita como investigados a seis exjefes de ETA por el atentado mortal de Santa Pola

Dos informes policiales sitúan a todos ellos en el “comité ejecutivo” de la banda cuando se colocó el coche bomba que costó la vida a dos personas, una de ellas una niña de seis años

Estado en el que quedó la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante) tras el atentado con coche bomba de ETA que costó la vida a una niña de seis años y un hombre de 47 el 4 de agosto de 2002.
Estado en el que quedó la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante) tras el atentado con coche bomba de ETA que costó la vida a una niña de seis años y un hombre de 47 el 4 de agosto de 2002.DIEGO/INFORMACIÓN DE ALICANTE

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado tomar declaración como imputados a seis exjefes de ETA por el atentado cometido, el 4 de agosto de 2002, contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante), que dejó dos muertos —una de los dos, una niña de seis años— y más de medio centenar de heridos. La decisión del magistrado se produce tras recibir sendos informes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que identifican como dirigentes de la organización en aquella fecha a Juan Antonio Olarra, alias Jokin; Ainhoa Mujika, Olga; Mikel Albisu, Antza; María Soledad Iparragirre, Anboto; Ramón Sagarzazu, Ramontxo; y Félix Ignacio Esparza Luri, Navarro. El juez había reabierto la causa el pasado marzo al admitir una querella de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, que intenta abrir una nueva vía en los tribunales para condenar a los exjefes de ETA como “autores mediatos por dominio” de los atentados cometidos por sus subordinados —una especie de inductores intelectuales de los crímenes, al tener el control absoluto de la banda—.

De los seis exjefes etarras ahora imputados, Olarra, Mujika, Iparraguirre y Esparza están en la actualidad cumpliendo diversas condenas en prisión por otros delitos, el último en una cárcel de Francia. Antza y Ramontxo están en libertad. Según los informes policiales, todos formaban parte de la zuba —la dirección de ETA, en la jerga de los terroristas— en el momento de los hechos. En 2012, la Audiencia Nacional ya condenó a 843 años de cárcel a los dos autores materiales del atentado de Santa Pola: Óscar Celarain y Andoni Otegi. Según el tribunal, ambos “buscaron indiscriminadamente y fríamente” causar los mayores “daños y víctimas posibles” al colocar “sin previo aviso” un coche bomba con 100 kilos de explosivos junto a las viviendas de la casa cuartel.

Sobre Olarra, el juez destaca en su auto que asumió la dirección del llamado “aparato militar” de ETA, responsable de sus comandos, en febrero de 2001, tras la caída de su anterior responsable, Javier García Gaztelu, Txapote. Desde entonces, él y su compañera sentimental, Ainhoa Mujika, fueron los encargados “de impartir las órdenes para cometer atentados a los comandos que operaban en España”, responsabilidad que solo abandonaron tras el arresto de ambos en Francia en septiembre de 2002. Por ello, el informe de la Guardia Civil sitúa a ambos integrados en el comité ejecutivo que tomó la decisión de cometer el atentado de Santa Pola. Olarra y Mujika, que ejercen la función de portavoces del colectivo de presos etarras (el EPPK en sus siglas en euskera) serán trasladados en breve a cárceles del País Vasco. Desde este último puesto, dirigieron el debate interno que desembocó en el comunicado de los reclusos de la banda en el que solicitaba el fin de los homenajes a los presos etarras cuando son excarcelados, los conocidos como ongi etorri.

El informe de la Guardia Civil también sitúa en la dirección de ETA en el momento del atentado de Santa Pola a otra pareja, la formada por Mikel Albisu, Antza, y Soledad Iparraguirre, Anboto. Ambos comparecieron recientemente como imputados también por su condición de jefes de la banda cuando se perpetró el secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, pero se negaron a declarar. Antza era desde 1994 el dirigente del “aparato político” de la organización. Anboto, que fue responsable de los comandos, se encargaba desde finales de 1998 de las finanzas de la banda armada. Los dos fueron detenidos el 3 de octubre de 2004 en la localidad francesa de Salies de Bearn. El documento policial concluye que, hasta ese día, la pareja formó parte del comité ejecutivo de ETA que tomaba decisiones, como la de cometer atentados. Los dos últimos imputados, Esparza Luri y Sagarzazu Gaztelumendi, también son situados por los especialistas de la lucha antiterrorista en la cúpula de la banda en aquella fecha. El primero era el responsable del llamado “aparato logístico”. El segundo, del denominado “aparato internacional”.

En su auto, el juez hace suyas las conclusiones de los informes policiales incorporados a la causa y señala que el comité ejecutivo al que presuntamente pertenecían en agosto de 2002 los seis etarras ahora imputados “funcionaba de forma colegiada, y en él se adoptaban las decisiones estratégicas y en ocasiones tácticas de mayor relevancia”. García-Castellón añade que “esa función incluía el diseño, planificación, la coordinación, dirección y en ocasiones también la autorización de ciertos atentados terroristas que eran materializados por los comandos operativos”. Por todo ello, la resolución judicial concluye que todos ellos tuvieron presuntamente una participación en el atentado de agosto de 2002 y, por ello, deben ser llamados a declarar en calidad de investigados.

Con el de Santa Pola, ya son siete los sumarios por atentados de ETA que se han reactivado en los últimos meses y que estrechan el cerco a 23 exdirigentes de ETA. Además de por el crimen de la localidad alicantina y por el secuestro y muerte de Miguel Ángel Blanco, se investiga a antiguos jefes de la organización terrorista como autores mediatos (inductores) del asesinato del concejal popular Gregorio Ordóñez; el atentado contra el magistrado Francisco Querol, donde perdió la vida el juez y otras personas; el ataque contra la T-4 del aeropuerto de Barajas, con dos muertos; el atentado contra la comisaría de la Ertzaintza de Ondarroa (Bizkaia) en 2008, y el atentado de Sangüesa (Navarra) en 2003, que causó la muerte de dos policías.

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