El Tribunal Constitucional cierra el curso con numerosas sentencias pendientes y la incertidumbre sobre su renovación

El fallo sobre la ley del aborto, preparado desde hace meses, no ha sido llevado a pleno para evitar nuevas tensiones en el tribunal

Sede del Tribunal Constitucional, en Madrid.
Sede del Tribunal Constitucional, en Madrid.Álvaro García

El Tribunal Constitucional ha cerrado el curso hasta septiembre próximo con importantes sentencias pendientes de deliberación y una gran inseguridad sobre cuándo y cómo podrá dictarlas, a la espera de que se desbloquee su renovación. Este escenario es compatible, en todo caso, con que en el propio tribunal exista una percepción generalizada de fin de etapa. El último pleno jurisdiccional debió tener lugar el pasado jueves 19, pero fue suspendido porque tanto el presidente, Pedro González-Trevijano como el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y el magistrado Enrique Arnaldo estaban afectados de covid, enfermedad de la que ya se han recuperado.

El cese temporal de actividades del tribunal ha dejado en el cajón fallos tan relevantes como el relativo a la ley del aborto, cuyo borrador de sentencia, preparado desde hace meses, no se ha llevado a pleno para no reabrir heridas en el Constitucional. Ello se debe a que el texto que apoyaría la actual mayoría conservadora en ningún caso sería respaldado por la minoría progresista, lo que llevaría al tribunal a un nuevo episodio de división y fuertes tensiones.

Las discrepancias derivan de que el fallo avalaría la ley de plazos, pero contendría cláusulas cautelares como el establecimiento de un periodo de reflexión de la mujer que quisiera abortar. También persistiría tras la resolución la exigencia de la autorización de los padres a las menores de 18 años que tuvieran la misma voluntad de interrumpir su embarazo, porque este punto no fue recurrido, ya que entró en vigor en virtud de una reforma de la ley aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en 2015. Ninguna de estas medidas cuenta con el respaldo de los magistrados progresistas, que prefieren que el recurso del PP se resuelva cuando el tribunal haya sido renovado y hayan cambiado los equilibrios internos a favor de este sector, que pasaría entonces a contar con una mayoría de siete a cinco frente a los conservadores.

La sensación de fin de ciclo se traduce en que en ambos sectores del Constitucional se comparte el deseo de que a la vuelta del verano puedan hacerse efectivas las previsiones de la nueva ley aprobada este mes de julio para que el Consejo General del Poder Judicial recupere su capacidad de nombrar a los dos magistrados del tribunal de garantías que le corresponde designar. El Gobierno, a su vez, tiene intención de nombrar en septiembre a los otros dos magistrados que completarían esta renovación, aunque el Consejo ponga dificultades y no acuerde las designaciones que le competen en el plazo legalmente previsto para ello. Dicho plazo termina el próximo 13 de septiembre. Y el Senado tendrá que nombrar al sustituto del magistrado conservador Alfredo Montoya, quien renunció este miércoles al cargo por motivos de salud, tras el ictus que sufrió en agosto del año pasado, sin que desde entonces haya podido volver a integrarse en el tribunal.

Tanto los magistrados del sector progresista como los del bloque conservador comparten la esperanza de que los nombramientos del Gobierno y del Poder Judicial puedan acompasarse, a sabiendas de que si no fuera así el Ejecutivo procedería a cumplir su parte, designando a dos nuevos miembros del tribunal. Si se llega a esta situación, y sólo resultan nombrados los dos magistrados promovidos por el Ejecutivo, se abriría en el Constitucional un nuevo conflicto, ya que hay miembros de los dos sectores del tribunal que consideran que una renovación parcial sería inconstitucional.

Ello podría traducirse en que el Constitucional rechazara las nuevas incorporaciones hasta que pudieran hacerse junto a las del Consejo, de acuerdo con la previsión constitucional de que las renovaciones deben llevarse a cabo “por tercios”. Es decir, de modo que cada una de ellas implique el ingreso de cuatro nuevos magistrados, y no solo de dos.

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Con independencia del debate jurídico sobre esta cuestión, en ambos sectores del tribunal se comparte el criterio de que solo los cuatro cambios previstos —entre ellos los de presidente y vicepresidente— permitirán que el Constitucional pueda recuperar su velocidad de crucero a partir de septiembre. La renovación pendiente, en suma, es considerada en el propio órgano de garantías como el presupuesto necesario para que el tribunal esté en condiciones de resolver sin fuertes tensiones sobre el recurso que el PP presentó contra la ley del aborto hace ya más de 12 años, en junio de 2010.

Junto a aquel recurso esperan también sentencia algunas de las leyes más importantes de la presente legislatura, impugnadas por el PP y por Vox. Entre ellas figuran la ley de Eutanasia y la reforma educativa de la ley Celáa, así como numerosos decretos leyes aprobados durante el mandato del actual Gobierno de coalición. La mayoría conservadora del tribunal ya ha anulado algunos de tales decretos con el argumento de que no resultaban urgentes —como exige la ley—, frente al criterio del Gobierno de que las medidas que contenían eran inaplazables, por ejemplo frente a la pandemia. También están pendientes importantes recursos en materia parlamentaria, como el relativo a la pérdida del escaño por parte del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, o el presentado contra las fórmulas alternativas de juramento o promesa del cargo por parte de numerosos diputados, al inicio de la legislatura.

En condiciones normales, la mayor parte de los asuntos pendientes de sentencia podrían estar resueltos desde hace muchos meses, pero el Constitucional ha ido postergando sus decisiones sobre la base de una doble consideración. Por una parte, ha querido evitar enfrentamientos como el que provocó la sentencia que anuló por inconstitucional la declaración del estado de alarma frente a la pandemia, hace un año. Y por otra, el tribunal tiene asumido que en la situación actual, con un mandato concluido desde el pasado 12 de junio, cualquier resolución que se adopte sobre los asuntos políticamente más sensibles será considerada como consecuencia del incumplimiento de las previsiones constitucionales sobre la renovación pendiente.

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