El juez archiva el ‘caso Niñera’, que salpicaba a la ministra Irene Montero

El magistrado concluye que “no consta acreditado” que persona alguna del partido, “ajena a los propios padres, se haya encargado del cuidado” de los hijos de la dirigente de Podemos y Pablo Iglesias

Irene Montero (derecha), junto a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, el 22 de mayo en un acto de Podemos en Valencia.
Irene Montero (derecha), junto a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, el 22 de mayo en un acto de Podemos en Valencia.Kai FORSTERLING (EFE)

El titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha dictado un auto por el que archiva el llamado caso Niñera, en el que se investigaba un presunto delito de administración desleal por la supuesta utilización de trabajadores de Podemos para el cuidado de los hijos de la ministra Irene Montero y el exlíder de la formación, Pablo Iglesias. El magistrado concluye que “de las diligencias de investigación practicadas, no consta acreditada la existencia de alguna persona del partido político Podemos, que bien percibiendo remuneración de dicho partido, bien del dinero público, desarrollara dicha actividad”. En su resolución, el juez añade que “incluso no consta acreditado que persona alguna, ajena a los propios padres, se haya encargado de su cuidado”.

La decisión del juez, que puede ser recurrida, pone punto final a una causa que ha permanecido abierta 16 meses y en la que apenas se han practicado diligencias: la toma de varias declaraciones y el análisis de un documento aportado en enero de 2021. La Fiscalía ha demostrado durante este tiempo que nunca consideró que se hubiera cometido delito en un caso que se mantuvo vivo por las acusaciones ejercidas por Vox y la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege, un grupo que ha impulsado varias causas contra Podemos.

De hecho, el caso Niñera nació como una derivada del caso Neurona, la investigación abierta por la supuesta contratación irregular de la consultora mexicana Neurona por parte de Podemos para las elecciones generales de abril de 2019 y en la que también están personados Vox y esta asociación de juristas. En el seno de esa causa, una exabogada del partido, Mónica Carmona, aseguró que Montero había recurrido a una de sus asesoras, María Teresa Arévalo ―que, según la letrada, cobraba un sueldo del partido―, para cuidar a su hija menor, aún bebé, durante aquella campaña y, en concreto, durante un viaje a Alicante, el 20 de octubre de aquel año, para celebrar un mitin. Por ello, las pesquisas se centraron en un primer momento en Arévalo, que negó las acusaciones, al igual que otros altos cargos de la formación.

Más tarde, Elena González, una exempleada despedida por la formación que declaró ante el magistrado en marzo, afirmó que nunca había visto a Arévalo ejercer de niñera, pero en su declaración introdujo un elemento nuevo: señaló a Gara Santana, que trabajó en el equipo de prensa de Montero. González relató que, al poco de que los hijos prematuros de la pareja de políticos abandonaran el hospital en 2018, ella misma llevaba en coche a Santana al domicilio de la actual ministra. “La recogía personalmente, la llevaba por la mañana y luego se quedaba todo el día”, aseguró González al juez. Eso sí, la testigo matizó que no sabía si acudía a ayudarla como parte de su jornada laboral o por simple amistad.

En su auto, el juez resta valor tanto al testimonio de Carmona como al de González, únicos elementos de prueba existente en la causa. Así, la resolución destaca que no existen indicios de que la primera acusada, Arévalo, durante los dos años que trabajó “personal y directamente para Irene Montero, se encargase del cuidado de sus hijos”. E incide en que el hecho de que se desplazara en el mismo tren que la ministra a un acto electoral no permite inferir que lo hiciera para cuidar a la hija de la ministra sino, más bien al contrario, “en cumplimiento del cargo que tenía dentro del partido político en dicho momento”, que era dirigente de la formación, candidata al Congreso por Toledo y miembro del equipo de Montero.

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Sobre las acusaciones contra Santana, el auto del juez destaca las contradicciones en la declaración de la exescolta que la señalaba, además de resaltar que esta antigua trabajadora podía “albergar un cierto resentimiento respecto a dicho partido político y sus dirigentes” por haber sido despedida. Por todo ello, el magistrado concluye que su testimonio no es “suficiente acreditativo” para concluir que la segunda acusada cuidara, como llegó a afirmar, durante “cuatro o cinco meses” a los hijos de Montero.

La decisión del juez ha sido recibida en Podemos con satisfacción, a la vez que han criticado todo el proceso. “¿Quién repara todo el daño reputacional causado a Irene Montero, a Teresa Arévalo y a Gara Santana? Han sido acusaciones falsas que tenían el propósito de perseguir a la gente de Podemos”, señalan fuentes de la formación. Arévalo se ha pronunciado en el mismo sentido en su perfil de Twitter, donde tilda lo ocurrido de “persecución política y judicial desde el primer minuto”. “Se archiva después de aguantar dos años en los que me han destrozado la vida. ¿Quién repara el daño?”, ha añadido.

El archivo del caso Niñera se suma a otras decisiones judiciales favorables a Podemos que el mismo juez ha tomado en los últimos meses en el caso Neurona, una causa donde el partido permanece imputado como persona jurídica y que se abrió en el verano de 2020 para indagar si la formación contrató a la consultora mexicana Neurona para las elecciones generales de abril de 2019 y le pagó más de 360.000 euros por unos proyectos que nunca se realizaron. En estas pesquisas, que la Fiscalía ha desinflado, se llegaron a abrir siete líneas de investigación, de las que se ha dado carpetazo a seis. Otras tres pesquisas derivadas de ella, entre ellas el caso Niñera, también han sido archivadas. En la actualidad solo queda abierta la pieza principal del caso Neurona, cuyo plazo de instrucción el juez ha dado por acabado.

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