Tres años y ocho meses de obstáculos y versiones cambiantes para renovar el Poder Judicial

Desde que en diciembre de 2018 caducó el mandato del Consejo General del Poder Judicial, el PP ha ido cambiando los argumentos que ha esgrimido para evitar el acuerdo. El Gobierno hizo tres movimientos unilaterales por la demora de las negociaciones

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, este jueves, durante una rueda de prensa en Porto do Son (Galicia), acompañado de la secretaria general del PP gallego, Paula Prado (izquierda), y del alcalde de la localidad, Luis Oujo.
El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, este jueves, durante una rueda de prensa en Porto do Son (Galicia), acompañado de la secretaria general del PP gallego, Paula Prado (izquierda), y del alcalde de la localidad, Luis Oujo.OSCAR CORRAL (EFE)

La Constitución mandata a los dos grandes partidos a acordar juntos los nombres de los 20 vocales que integran el Consejo General del Poder Judicial cada cinco años. Nada dice el texto constitucional sobre que los partidos puedan condicionar ese pacto a otros asuntos, que es básico para el funcionamiento de la justicia en España. Sin embargo, en los tres años y ocho meses que el CGPJ lleva caducado, el PP ha esgrimido varias veces obstáculos relacionados con la pura contienda política, mientras otras ha planteado exigencias añadidas a la mera renovación de los vocales. El último capítulo del pertinaz bloqueo son las versiones cambiantes de los populares para tratar de desvincularse del acuerdo desvelado por EL PAÍS al que habían llegado en otoño de 2021 el Gobierno y el PP de Pablo Casado para reformar la ley del Poder Judicial. En el largo periodo de desencuentros, el Gobierno también ha hecho tres movimientos unilaterales —de uno de ellos desistió— para reformar la ley, que entorpecieron las negociaciones, con el argumento de que no podía aceptar más la demora en el acuerdo. Este es el historial de obstáculos que ha dado lugar a la mayor anomalía institucional del país.

1. El mensaje de Cosidó revienta el primer acuerdo. El PSOE y el PP pactaron en 2018 la renovación del Consejo con una mayoría progresista de vocales y presidido por Manuel Marchena, un juez de tendencia conservadora. En aquel pacto, el PP no reclamó una reforma del método de elección de los vocales para que los jueces eligieran en exclusiva a los jueces, y aceptó que entrara como vocal el juez José Ricardo de Prada, magistrado de la sentencia del caso Gürtel, exigencias que pondría después. El acuerdo saltó por los aires porque se filtró un mensaje que Ignacio Cosidó, entonces portavoz del PP en el Senado, envió a los senadores populares, justificando el acuerdo porque así el partido iba a poder “controlar la sala segunda del Supremo por la puerta de atrás”. Marchena renunció y todo se fue al traste. Así empezó el bloqueo.

2. No hay acuerdo porque Podemos critica a Juan Carlos I. En el verano de 2020, según reveló en su día Pablo Casado, el Gobierno y el PP llegaron a un nuevo acuerdo para renovar el consejo. En esas fechas, el rey Juan Carlos I abandonó España por el escándalo de sus irregularidades fiscales. El PP se negó entonces a pactar con el PSOE por los ataques al Rey de Pablo Iglesias, líder de Podemos en aquella época.

3. Movimiento unilateral del Gobierno para cambiar la ley. En octubre de 2020, el Ejecutivo registró una propuesta de reforma de la ley para poder renovar el Consejo con mayoría simple del Congreso. Terminó desistiendo ante las críticas que recibió la iniciativa.

4. Podemos debe quedar fuera de la negociación. Ese mismo otoño, Casado pasó a exigir que el partido de Pablo Iglesias fuera excluido de las negociaciones.

5. Que pasen las elecciones catalanas y que no haya indultos. En diciembre de 2020, el PP transmitió su voluntad de acuerdo para después de los comicios catalanes si Unidas Podemos seguía quedando fuera y el Gobierno no indultaba a los líderes independentistas, como luego ocurrió.

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6. Segundo movimiento del Gobierno impidiendo al consejo aprobar nombramientos mientras está en funciones. La Moncloa impulsó esta reforma para presionar al PP y que accediera a la renovación.

7. Veto al juez del ‘caso Gürtel’. En marzo de 2021, pasadas las catalanas, el Gobierno y el PP volvieron a sentarse. El PP rechazó el pacto por la entrada del juez José Ricardo De Prada por el cupo de juristas.

8. El modelo debe cambiar y los jueces elegir a los jueces. En abril de ese año, el PP planteó una nueva exigencia: un cambio del método de elección de los vocales del CGPJ para que fueran elegidos en exclusiva por sus pares.

9. No sirve el estudio del cambio de modelo, debe registrarse una reforma de la ley. En septiembre del año pasado, Casado endureció todavía más sus condiciones: exigió que se registrara una ley con el cambio de método de elección de los vocales. Ya no le servía, dijo, que la reforma se estudiara en el Congreso, como había aceptado en pactos anteriores, porque sostenía que no se fiaba de Pedro Sánchez: reclamaba de inmediato la ley. En secreto, sin embargo, el PP y el Gobierno terminaron firmando en octubre de ese año un pacto para reformar la Ley del Poder Judicial al objeto de renovar el Tribunal Constitucional y ganar tiempo para seguir negociando el órgano de gobierno de los jueces. Ese acuerdo nunca se hizo público y tampoco se anunció. EL PAÍS ha desvelado este lunes el documento firmado. Meses después, Casado fue defenestrado como líder del PP y sustituido por Alberto Núñez Feijóo en un congreso el 2 de abril de 2022.

10. Que pasen las elecciones andaluzas. Al poco de su llegada a la presidencia del PP, Feijóo se reunió con Sánchez y ambos acordaron retomar las conversaciones. El PP puso poco después una primera condición temporal: que sea después de las andaluzas previstas para junio de 2022.

11. Vinculación a más medidas de regeneración de la justicia. Feijóo renunció a reclamar un cambio de método de elección como exigía Casado, pero sí pidió un “acuerdo global” que incluyera reformas de “regeneración” de la justicia.

12. Movimiento unilateral del Gobierno para renovar solo a los magistrados del Tribunal Constitucional. En junio, el Ejecutivo registró una proposición de ley para que el CGPJ pudiera nombrar solo a los dos magistrados del Constitucional pendientes de renovación, mientras el Gobierno nombrará a otros dos que le corresponden. La Moncloa argumenta el movimiento para desbloquear al menos el tribunal de garantías, teniendo en cuenta que sigue sin llegar el acuerdo con el PP.

13. Debe retirarse la ley sobre el Constitucional. El PP pasó entonces a exigir al Gobierno que retire esa reforma para poder pactar. En julio se produjo la última reunión de los negociadores, que terminó sin acuerdo porque el Ejecutivo no dio marcha atrás. El PP hizo público un documento de siete páginas con sus propuestas.

14. Último capítulo. EL PAÍS revela esta semana el pacto escrito de otoño de 2021 y la dirección del PP cambia de versión sobre el documento. El acuerdo, según el texto desvelado por este periódico, consistía en una reforma de la ley del Poder Judicial para el desbloqueo del nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional causado por la no renovación del CGPJ. Funcionaba como salvaguarda mientras no llegaba el pacto global. Es decir, se trata, precisamente, la reforma que ahora ha promovido el Gobierno unilateralmente y el PP le exige que retire. La dirección del PP primero dijo desconocer ese texto y luego admitió que lo conocía. Este martes, el vicesecretario Pedro Rollán aseguró: “Absolutamente ningún miembro del Gobierno, ni el propio presidente, hizo referencia de ningún tipo a un documento suscrito con anterioridad”. El miércoles, el vicesecretario Esteban González Pons afirmó, en cambio, en referencia a Félix Bolaños, ministro negociador del PSOE: “Me puso encima de la mesa ese documento y otros, y desde el primer momento lo rechazamos, no quisimos verlos”.

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Sobre la firma

Elsa García de Blas

Periodista política. Cubre la información del PP después de haber seguido los pasos de tres partidos (el PSOE, Unidas Podemos y Cs). La mayor parte de su carrera la ha desarrollado en EL PAÍS y la SER. Es licenciada en Derecho y en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en periodismo de EL PAÍS. Colabora como analista en TVE.

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