El PSOE acepta la comisión de la Operación Cataluña si se limita hasta su llegada al gobierno

Los socialistas negocian para aprobar este jueves con ERC, Bildu y otros socios el límite temporal de las actuaciones contra dirigentes independentistas, así como los comparecientes

Jorge Fernández Díaz, a la derecha, habla con Oriol Junqueras, en la toma de posesión de Carles Puigdemont en 2016.
Jorge Fernández Díaz, a la derecha, habla con Oriol Junqueras, en la toma de posesión de Carles Puigdemont en 2016.Albert Garcia

El PSOE negocia contra reloj con su socio de coalición y sus aliados nacionalistas en el Congreso de los Diputados el voto a favor —en el pleno que tendrá lugar este jueves— de que se constituya una nueva comisión de investigación sobre corrupciones relacionadas con el PP, en este caso en torno al Ministerio del Interior y la llamada Operación Cataluña, montada para desprestigiar a dirigentes independentistas catalanes. El PSOE persigue, para dar su visto bueno y que la comisión prospere y empiece a funcionar en las próximas semanas, que el objeto de la comisión se limite temporalmente hasta su llegada al Gobierno, en 2018, para demostrar que la policía ahora no ejecuta ese tipo de actuaciones ilegales.

El PSOE ya avanzó, antes del verano, su decisión de respaldar la iniciativa de poner en marcha esta nueva comisión de investigación sobre comportamientos irregulares fomentados durante los gobiernos del PP de Mariano Rajoy, presentada el 17 de junio por ERC, Junts, PDeCAT, la CUP y el BNG. Ahora esa propuesta debe pasar este jueves el filtro del pleno del Congreso y los socialistas siguen estudiando y negociando aspectos y detalles para validarla. Las conversaciones continúan, pero este lunes, tras los últimos contactos con algunos de los partidos proponentes, el PSOE aún no había comunicado su voto final. Quiere asegurarse hasta dónde pretenden llegar en sus indagaciones algunos de esos socios habituales y también conocer qué tipo de comparecientes quieren solicitar para que acudan a declarar al Congreso; fijar unas condiciones mínimas de trabajo, según varios interlocutores consultados por EL PAÍS.

En estas últimas conversaciones, el PSOE también pretende delimitar de manera bien clara qué se puede considerar como Operación Cataluña y marcar así que se trataría de averiguar hasta dónde llegó la que entienden como una “conjura policial para fabricar pruebas falsas contra dirigentes del Gobierno catalán con el conocimiento de los principales jefes políticos del Ministerio del Interior” de la etapa del exministro popular Jorge Fernández. En la propuesta inicial de las formaciones nacionalistas, catalanas, vascas y gallegas, el objetivo de la comisión de investigación llegaba hasta el momento actual. El PSOE no acepta ese envite. Entiende que desde la llegada al poder de Pedro Sánchez y la actual coalición gubernamental ya no se realizan ese tipo de prácticas irregulares en Interior y que, por tanto, estos últimos años no deben ser motivo de indagaciones.

Pasar a la ofensiva

El PSOE está trasladando esas objeciones en estos días a sus aliados habituales en el Parlamento y todavía no ha comunicado qué votará este jueves cuando llegue la iniciativa al pleno. La primera intención es votar afirmativamente si los socios aceptan estas condiciones. El PP y los demás partidos del centro y la derecha se manifestarán en contra. Los socialistas engloban este tipo de actuaciones en su intención declarada de pasar “a la ofensiva” política y parlamentaria contra el PP actual de Alberto Núñez Feijóo, aunque el nuevo máximo dirigente popular no tuviera nada que ver con ese momento del gobierno de Rajoy.

La comisión de investigación de la Operación Cataluña se centra, fundamentalmente, en intentar destripar el origen de la decisión de poner en marcha desde Interior una serie de actuaciones para desacreditar a dirigentes separatistas catalanes en uno de los momentos más delicados del proceso independentista. Según las informaciones y revelaciones publicadas por EL PAÍS y el diario digital Fuentes Informadas, una serie de audios prueban la connivencia de los principales responsables de ese ministerio con una cúpula policial comandada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo que durante varios años se dedicó a elaborar y filtrar a determinados medios de comunicación informes cargados de pruebas falsas. El sentido final de esa operación contra esos dirigentes nacionalistas catalanes era desacreditarlos y, de esa manera, intentar frenar el desafío independentista que el expresidente de la Generalitat Artur Mas puso en marcha desde septiembre de 2012.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

En esos audios de la corrupción se puede escuchar cómo los comisarios de policía a los que el PP había dado todo el poder maquinaban estrategias para desacreditar a los principales dirigentes catalanes, con maniobras incluso de extorsión a determinados bancos para conseguir información incriminatoria. De alguna de esas maniobras era conocedor e incluso inductor, según los audios de la corrupción, el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la entonces secretaria general y número dos del PP, Dolores de Cospedal.

En España esas maniobras no están investigadas en ningún juzgado. En Andorra hay una causa abierta en la que se ha imputado al expresidente Mariano Rajoy y a Fernández Díaz por haber puesto en marcha una operación de extorsión al Banco de Andorra a cambio de información sobre las cuentas del expresidente catalán Jordi Pujol. Esa operación acabó con el cierre de la Banca Privada de Andorra (BPA), donde Pujol ocultó una fortuna no declarada a la Hacienda española.

Si esta comisión de investigación prospera finalmente, será la tercera vez que el Congreso indague sobre las actuaciones del Ministerio del Interior de aquellos gobiernos del PP. Las maniobras sucias contra el independentismo ya coparon en 2017 la comisión sobre la llamada policía patriótica, el grupo de agentes bajo el mando de Fernández Díaz que desarrolló la Operación Cataluña. En esta legislatura ya se creó otra comisión que puso el foco en la Operación Kitchen, otra oscura trama policial para destruir las pruebas sobre financiación ilegal del PP en manos del extesorero del partido Luis Bárcenas. En ambos casos, las conclusiones de esas sesiones fueron demoledoras contra el exministro Fernández Díaz.

Anticorrupción sostiene que Cospedal puso en marcha "una estrategia para hacer desaparecer pruebas contra el PP”

EL PAÍS

La Fiscalía Anticorrupción pidió la semana pasada que se investigue la implicación de dirigentes del PP en el caso Kitchen, una causa que instruye el juez Manuel García-Castellón y en la que han sido procesados el exministro del Interior Jorge Fernández y su número dos, Francisco Martínez, por una operación ilegal para destruir pruebas contra el PP en la que participaron supuestamente media docena de policías.
El escrito de Anticorrupción para justificar esta medida desglosa las distintas conversaciones grabadas por Villarejo con la que fue secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y el exsecretario de Estado del Ministerio del Interior Francisco Martínez. En esas conversaciones, pertenecientes al primer semestre de 2013, cuando se puso en marcha la operación Kitchen, Cospedal conversa con el comisario José Manuel Villarejo sobre la forma de evitar que se publiquen los papeles de Barcenas, o sacar de la investigación al inspector de policía encargado de hacer los informes para el juez que instruía el caso en aquel momento. 
Anticorrupción, que ya recurrió la decisión del juez de exculpar a Cospedal y sacarla de la causa, pide ahora que se vuelva a imputar a la exsecretaria general del PP y le atribuye, en función de las conversaciones conocidas tras su publicación en EL PAÍS y en el digital Fuentes Informadas, la intención de obstaculizar la investigación judicial contra el PP por financiación ilegal. “Los nuevos elementos indiciarios que contienen las grabaciones ahora publicadas”, señala la Fiscalía Anticorrupción, “ponen de manifiesto el contenido real de las reuniones entre María Dolores de Cospedal y el comisario Villarejo Pérez, que no era otro que poner en marcha una estrategia para hacer desaparecer parte de las pruebas que pudieran afectar al PP, o personalmente a la secretaria general del partido en el Gobierno, impidiendo su acceso al procedimiento penal del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional”.
Aunque Anticorrupción detalla las conversaciones en las que Villarejo presumía de que el expresidente Mariano Rajoy estaba al tanto de estas operaciones ilegales, no pide al juez la declaración del exlíder del PP.

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites

Sobre la firma

Javier Casqueiro

Es corresponsal político de EL PAÍS, donde lleva más de 30 años especializado en este tipo de información con distintas responsabilidades. Fue corresponsal diplomático, vivió en Washington y Rabat, se encargó del área Nacional en Cuatro y CNN+. Y en la prehistoria trabajó seis años en La Voz de Galicia. Colabora en tertulias de radio y televisión.

Normas

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS