Espadas ordena al PSOE mantenerse al margen de la petición de indulto de los condenados por los ERE

“La sentencia es carne de recurso. Hay dudas muy razonables que el Tribunal Constitucional debe resolver”, afirma el dirigente socialista andaluz

El secretario general del PSOE de Andalucía y Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Espadas, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno andaluz.
El secretario general del PSOE de Andalucía y Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Espadas, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno andaluz.Joaquin Corchero (Europa Press)

Casi 24 horas después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso los ERE, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, tiene “más dudas que certezas” sobre si ha producido una “vulneración de derechos fundamentales” de los ex altos claros socialistas de la Junta de Andalucía condenados por delitos de prevaricación y de malversación, por lo que, a su juicio, debe ser el Tribunal Constitucional el que debe resolver en última instancia.

Tras debutar en la sesión de control al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, en el Parlamento, Espadas se ha acogido sobre todo al argumento del voto particular de dos de los cinco magistrados del Supremo que entienden que no hay pruebas para incriminar de malversación al expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión, ni a otros cuatro ex altos cargos. El socialista cree que la sentencia “es carne de recurso” y que aún “no hay nada concluyente ni está cerrado”.

La posición manifestada por el secretario general del PSOE andaluz es la de todo el PSOE. No es un análisis que se haya hecho solo desde Sevilla, sino que es compartida por la dirección federal, según fuentes socialistas. Con mayor rotundidad que en otras ocasiones, Espadas ha pedido a su partido que se “desligue” de la petición de indulto que ya ha formulado Griñán y que también harán los otros condenados porque se trata de un derecho individual y se les haría “un flaco favor”. Las palabras de Espadas han sonado a una orden: “Esto no va de cuestiones personales. En ningún caso he dudado de la inocencia, pero mi organización no va a estar en el apoyo a un derecho que debe ser estrictamente personal”.

Aunque las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo sostienen en su voto discrepante que “los indicios barajados no son unívocos y concluyentes, sino que construyen una secuencia incriminatoria a través de inferencias demasiado ambiguas y abiertas, que generan márgenes de incertidumbre en los aspectos nucleares sobre los que se construye la autoría de los acusados”, ambas sí suscriben los argumentos jurídicos sobre el delito de prevaricación. La sentencia establece que el procedimiento para ayudas a las empresas en crisis se hizo para “evitar todo control administrativo” y “al margen de toda legalidad”.

El PP no pedirá la ejecución inmediata de la sentencia

Este fondo estaba dotado de 680 millones de euros, de los que la Junta de Andalucía solo ha podido recuperar 23 millones, según afirmó el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, el pasado lunes en el canal 7TV. Los populares, que ejercen la acusación particular y que han hecho de los ERE su principal herramienta de percusión contra los gobiernos socialistas en la Junta, no pedirán la ejecución inmediata de la sentencia para que Griñán entre de inmediato en la cárcel. Fuentes del PP reconocen sin tapujos que la tramitación del indulto “desgastará” más al Gobierno del socialista de Pedro Sánchez, que será el que tenga que pronunciarse sobre las medidas de gracia en un clima abiertamente electoral. Estas fuentes creen que ese presunto deterioro le es más rentable a medio y largo plazo.

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Antes de la sesión de control, el presidente de la Junta ha aludido de manera parca a la sentencia que recoge “argumentos muy duros y contundentes” y ha expresado su “máximo respeto”. El portavoz parlamentario popular, Toni Martín, sí ha dejado dicho en el diario de sesiones de la Cámara en la pregunta que ha formulado a Moreno: “Ningún miembro su gobierno se va a tener que plantear la disyuntiva de tener que firmar o no firmar la petición de indulto de un compañero de filas por el simple hecho de que ningún compañero de filas ha sido condenado por corrupción, como sí les ha pasado a los responsables políticos del partido socialista”.

Espadas no firmó la lista de apoyos a la medida de gracia que los exministros socialistas Rosa Conde y Ramón Jáuregui, entre otras personas, han impulsado, excusándose en que el Código Ético del PSOE impide a los cargos públicos socialistas proponer o apoyar indultos “por casos de corrupción”. En parte del PSOE esta afirmación tan reglamentarista causó asombro y en algunos casos malestar, ya que si Espadas no la firmó fue porque la familia del expresidente andaluz, aconsejada por su abogado José María Calero, no quiere que el indulto se “politice” y se presente como una iniciativa del PSOE. Antes de hacerla pública, Espadas comunicó a Griñán su posición a través de una tercera persona.

El secretario general socialista ha ido posteriormente añadiendo palabras de apoyo más amables al expresidente andaluz, consciente de que sus primeras declaraciones sonaron duras y frías. “Difícilmente se puede acusar a Griñán de un delito de malversación de caudales públicos porque no se ha llevado un duro” a su bolsillo, dijo, al tiempo que pidió “alejar” la medida de gracia de la “opinión” de los dirigentes socialistas. En la lista de apoyo, que no tiene ningún valor jurídico, figuran los nombres de los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero y la del exvicepresidente Alfonso Guerra.

También cuenta con el respaldo de la expresidenta de la Junta, Susana Díaz, quien sí ocupa un cargo público, ya que es senadora por la comunidad. Díaz reprochó a Espadas que invocara el Código Ético que insta a los cargos públicos “a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción” y aseguró que la “malversación, como tal, no significa que haya corrupción política”. Cuando fue elegida en 2015 presidenta de la Junta, Díaz pidió la dimisión de Chaves como diputado y de Griñán como senador, antes de la apertura del juicio oral, como marca el Código Ético, para poder ser investida, porque así se lo exigió Ciudadanos, su socio de legislatura.

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