Lesmes no ve urgencia en cambiar el sistema de elección de los jueces: “Hasta cinco años después no toca”

El comisario europeo subraya la diferencia entre la “buena situación” en la Justicia de España y países con “problemas sistémicos”

El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y el comisario de Justicia de la UE, comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, hoy en el Supremo. Foto: GENERAL COUNCIL OF THE JUDICIARY (EFE) | Vídeo: Europa Press

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha afirmado este viernes que no ve urgencia en cambiar el sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces porque no tocaría aplicarlo hasta dentro de cinco años, en la siguiente renovación. Lesmes ha hecho estas manifestaciones tras reunirse con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, con el que ha abordado el bloqueo en la renovación del Poder Judicial, que lleva casi cuatro años en funciones. “Creemos que el comisario puede ayudar a que se solucione, el impulso es importante”, ha dicho.

El presidente del órgano de gobierno de los jueces ha trasladado a Reynders que, en su opinión, ahora debe acordarse la renovación pendiente desde 2018 y abrir a continuación “un procedimiento de reflexión y reforma” sobre el posible cambio de modelo. “Luego ya veremos adónde podemos llegar”, ha añadido. “No entraría en vigor nunca antes de cinco años. España puede darse unos tiempos de reflexión sobre esto, porque no hay urgencia, porque hasta cinco años después no toca”, ha argumentado.


Lesmes amenazó hace semanas, en el acto de apertura del año judicial, con dimitir si no se solventaba la renovación del CPJG, que está paralizada por las sucesivas condiciones impuestas por el PP. Sobre esta decisión, sobre la que ya ha pedido los correspondientes informes técnicos para ver cómo aplicarla, el presidente del CGPJ ha manifestado que todavía tiene confianza en que los negociadores del PP y del Gobierno vuelvan a encontrarse. “Depende de lo que ocurra en los próximos días. Si en los próximos días hay un acercamiento, estaré a la expectativa”, ha declarado a un grupo de periodistas en la puerta del Tribunal Supremo. Sobre el desbloqueo en la designación de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden al Poder Judicial, ha dicho que está pendiente de que termine la visita del comisario europeo y que, aunque los sectores conservador y progresista “tienen posiciones distintas con respecto a los tiempos”, “no hay boicot” y cree que están ”mejor que hace unos días”.

El magistrado ha considerado que la visita de Reynders puede “desatascar” una situación que ya es “muy grave”. “Creo que su visita ayuda a una cierto desenconamiento, a flexibilizar un poco las posturas de ambas partes”, ha añadido sobre la falta de entendimiento entre el Gobierno y el PP en la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

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Lesmes ha hecho hincapié en la importancia de pensar bien la reforma y ha advertido de los “riesgos” de que se trasladen los “bloques ideológicos” de los partidos a través de las asociaciones judiciales. “No tiene por qué ser tan simple [como] que eligen los jueces. Se puede hacer de muchas maneras para evitar que se trasladen ideológicamente bloques a través de las asociaciones judiciales porque estaríamos exactamente en las mismas. O sea, habría que buscar otros caminos”, ha fijado en declaraciones recogidas por Europa Press.

El efecto “reputacional”

A primera hora de la mañana, el comisario Reynders ha subrayado en un desayuno informativo la diferencia entre la “buena situación” en la justicia española y otros países con “problemas sistémicos”, entre los que ha citado a Polonia y Hungría, y las sanciones económicas millonarias a esos países que ha impulsado la Comisión Europea porque están preocupados por la falta de independencia judicial o que no se respete el Estado de Derecho. Sus declaraciones contrastan con la del negociador del PP en la renovación del Poder Judicial, Esteban González Pons, que el jueves alertó sobre la posibilidad de que un próximo informe sobre el Estado de Derecho en España llegue a equiparar la situación de la justicia española con la húngara o la polaca y subrayó que eso deslegitimaría “toda la Presidencia española de la UE”, prevista para el segundo semestre de 2023. El comisario europeo ha asegurado que si España aplica sus recomendaciones para entonces se dará “un buen ejemplo”. “Es un efecto reputacional, pero no más que eso”, ha matizado.

El comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, y la ministra de Justicia, Pilar Llop, conversan a su salida del desayuno Forum Europa en el hotel Ritz de Madrid.
El comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, y la ministra de Justicia, Pilar Llop, conversan a su salida del desayuno Forum Europa en el hotel Ritz de Madrid. Eduardo Parra (Europa Press)

El representante europeo se encuentra desde el martes de viaje institucional por España. Su visita ha sido ideada para trasladar las recomendaciones del informe sobre el Estado de Derecho 2022, publicado en julio, y en el que se insta a España a renovar el Consejo General del Poder Judicial e, inmediatamente después, modificar el actual sistema de elección de los vocales jueces del Consejo. La Comisión Europea sostiene que deben ser elegidos directamente por los miembros de la carrera, sin intervención del Parlamento. Tras haberse reunido con el negociador del Gobierno, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y con el popular González Pons, el comisario europeo ha confiado en que se solucione “en los próximos meses”. Su próximo informe llegará en julio de 2023, coincidiendo con el inicio de la presidencia española: “Es evidente que siempre será mejor dar un buen ejemplo (...) Si España ocupa la presidencia estaría bien que demuestre que pudo aplicar las recomendaciones. Es un efecto reputacional, pero no más que eso”, ha explicado.

Durante el acto, al que ha acudido la ministra de Justicia, Pilar Llop, el comisario de Justicia ha subrayado que no le parece “correcto” que el mandato del fiscal general del Estado dure lo mismo que el del Gobierno y ha mostrado su inquietud por ello, aunque después ha incidido en que en Polonia la situación es peor, porque el ministro de Justicia es el fiscal general. Reynders se reunirá a las 15.30 con el nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y mantendrá durante la jornada otros encuentros. “Si queremos tener una lucha eficiente contra la corrupción, es importante que tengamos una Fiscalía independiente”, ha recalcado, en declaraciones recogidas por Efe. “Si hay vínculo tan estrecho entre Gobierno y fiscal general del Estado, la percepción no es buena”, ha añadido, aunque ha asegurado que tiene “confianza plena” en que en España el fiscal general es independiente.

El representante europeo se ha esforzado por dejar claro que no quiere interponerse en asuntos internos ―”os garantizo que a nivel europeo no queremos interferir en las competencias nacionales”, ha manifestado en el cierre de su intervención―. “Yo no estoy aquí para reformar nada”, ha sostenido en otro momento, sobre la sospecha del Gobierno de que el comisario europeo esté maniobrando con el PP para imponer su modelo judicial. “Solo queremos trabajar todos juntos”, ha resumido.

El comisario Reynders, sobre el 25% de castellano: "Las autoridades nacionales tienen que garantizar la aplicación de las sentencias"

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha afirmado este viernes que son "las autoridades nacionales" las que tienen que "garantizar la aplicación correcta de las sentencias adoptadas por los tribunales”, y se ha mostrado convencido de que España hará cumplir las sentencias que obligan a que el castellano sea lengua vehicular en las escuelas de Cataluña. Reynders, que se ha pronunciado sobre la cuestión ante preguntas de los medios durante un desayuno informativo organizado por Fórum Europa en Madrid, ha sugerido además que, si las sentencias siguen sin cumplirse, la UE podría tenerlo en cuenta en sus informes anuales sobre la situación de la justicia. “Si hay una falta de implementación de una sentencia judicial y el Estado no tiene la capacidad de garantizar la implementación de esta sentencia, quizás haya que empezar con una advertencia en el informe del Estado de Derecho y ver qué pasa, pero de momento son las autoridades nacionales las que tienen que garantizar una aplicación correcta de las sentencias adoptadas por los tribunales", ha dicho, según informa Europa Press.

Las asociaciones integradas en la plataforma Escuela de Todos, que luchan por la aplicación de la sentencia que obliga a los colegios catalanes a impartir al menos un 25% de las clases en español castellano, sostienen que el pronunciamiento de Reynders "refuerza" su reivindicación por el bilingüismo y por el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Sobre la firma

Juana Viúdez

Es redactora de la sección de España, donde realiza labores de redacción y edición. Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en EL PAÍS. Antes trabajó en el diario Málaga Hoy y en Cadena Ser. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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