Los aliados de la legislatura presionan para avanzar en medidas sociales y transferencias en la negociación de los Presupuestos

ERC, PNV, EH Bildu, PDeCAT y Más País se preparan para que se note su influencia en las últimas cuentas del mandato

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, en una conversación en el Congreso con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en enero.
El portavoz del PNV, Aitor Esteban, en una conversación en el Congreso con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en enero.Mariscal (EFE)

Los aliados habituales del Gobierno de coalición en esta legislatura se preparan para afrontar esta misma semana una nueva negociación extenuante para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, con la convicción de que serán los últimos de esta compleja legislatura. Todos han mantenido contactos previos con el Ejecutivo, tanto con el sector socialista como con los representantes de Unidas Podemos, pero están a la espera de comenzar en serio las negociaciones sin teóricas líneas rojas, pero con dos premisas: más partidas sociales y más transferencias a sus respectivas autonomías. “Hay que poner justicia donde hay injusticia”, había avisado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Este martes, Rufián ha enfatizado su advertencia al Ejecutivo: “Van a tener que sudar el apoyo de nuestros 13 diputados”.

A las sedes de los grupos parlamentarios que apoyan habitualmente al Gobierno —es decir, en los despachos de ERC, el PNV, EH Bildu, el PDeCAT o Más País— llegaron ya durante el lunes señales evidentes de que la negociación más dura e inicial para los Presupuestos de 2023 entre el PSOE y Unidas Podemos, los dos miembros de la coalición, estaba a punto de culminar. Se cerró casi a las siete de la mañana de este martes. Los aliados empezaron a ultimar sus grupos de negociadores y a marcar el camino de sus reivindicaciones, con una serie de declaraciones públicas o de mensajes privados. En estas últimas semanas ha habido tomas de contacto y se ha evidenciado “la buena disposición” para tener en cuenta las diversas posturas, en la constatación de que podrían estar fraguándose los últimos Presupuestos de este mandato. En las ruedas de prensa de este martes en el Congreso, ante la Junta de Portavoces de la Cámara, lo que han hecho ha sido apuntar que quieren comenzar “cuanto antes” esa negociación formal, comentar que les “suena bien la música” que llega de esas cuentas, pero se han quejado de la falta de información oficial y que quieren conversaciones e intercambios de propuestas “sin pressing”, como han adelantado varios portavoces.

Rufián ya alertó la semana pasada públicamente en el Congreso de que en las cuentas para 2023 se tiene que notar que en La Moncloa hay un Gobierno progresista. ERC ha acelerado en estos días sus trabajos preparatorios, con consultas a sus grupos sectoriales, alcaldes, sus consejeros en el Govern catalán, para documentar sus demandas, que se focalizarán de nuevo en más inversiones en Cercanías, servicios sanitarios y sociales. Pero los republicanos no han recibido aún ningún aviso oficial para sentarse a negociar con el Ministerio de Hacienda. Sí tienen una reunión bilateral prevista con Unidas Podemos para mañana miércoles.

ERC fue uno de los últimos partidos en sumarse el año pasado al bloque de investidura a cambio de unas partidas para el impulso del catalán. Los Presupuestos de 2022 obtuvieron 188 votos a favor entre el PSOE (120 escaños), Unidas Podemos (34, a la espera de sustituir el asiento de Alberto Rodríguez), Esquerra Republicana (13), el PNV (6), EH-Bildu (5), el PDeCAT (4), Más País-Equo (2), Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y el Partido Regionalista de Cantabria. La oposición alcanzó 160, entre los del PP (88), Vox (52), Ciudadanos (9), JuntsxCAT (4), la CUP (2), Unión del Pueblo Navarro (2), Coalición Canaria, Foro Asturias y el exdiputado de Cs Pablo Cambronero.

Los republicanos volverán a hacer “sudar” tinta en este ejercicio al Ejecutivo, como enfatizó Rufián esta mañana, pero sin mezclar sus reivindicaciones de partidas o transferencias con la mesa de diálogo sobre Cataluña, que en la formación ya catalogan como un “compromiso adquirido a rastras por el PSOE y que ha llegado para quedarse”, según fuentes de ese grupo. Y el portavoz republicano ha alertado de que una negociación que no contemple hablar de la tantas veces anunciada y aún pendiente ley de vivienda (la primera de la democracia) “empieza mal”. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha admitido ese fallo y lo ha achacado al rechazo del PSOE para incluir esa propuesta en el acuerdo para estos presupuestos. Tampoco se alcanzó consenso sobre la ley mordaza (seguridad ciudadana) y sobre varias enmiendas para agilizar los trámites judiciales contra la ocupación, ha recordado Echenique, que sí ha indicado que hablarán con los demás socios para mantener la presión sobre los socialistas para desencallar esas iniciativas.

El PNV, socio prioritario del Gobierno, también quiso dejar el lunes algún aviso de cuál es su disposición. El portavoz en la Cámara baja, Aitor Esteban, no marcó líneas rojas y admitió que la “actitud” que muestra por ahora el Ejecutivo es “buena”, pero pidió más voluntad y algún gesto.. El año pasado su pugna final se concentró en la transferencia del ingreso mínimo vital.

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Mertxe Aizpurua, la portavoz de EH Bildu, también reconoció el lunes que aún no habían empezado las negociaciones por partidas, que espera tratar a finales de esta semana , pero adelantó sus prioridades: “Vamos a pedir profundizar en temas sociales, al tiempo que pediremos diversas partidas para Euskal Herria. Tenemos que tener en cuenta que seguramente serán los últimos Presupuestos de la legislatura. El año que viene probablemente habrá una prórroga de las cuentas. Por eso, es muy importante cerrar ahora muchos temas”.

El PDeCAT avanzó su buena disposición, a la espera de concretar propuestas. Más País volverá a insistir en mejoras sanitarias y sociales, como hizo el curso pasado con el programa de inversión en salud mental. Fuentes de este grupo reconocen que, desde el pasado debate sobre el estado de la nación, el Gobierno ha cambiado el rumbo en la dirección del giro social que ellos pedían, como en el tope del gas, los impuestos a la banca y las eléctricas o el impuesto a las grandes fortunas. Y explican que ahora hay que “consolidar esta nueva ruta” e incluir más recursos “frente al problema de la salud mental y una firme reindustrialización verde” para evitar que la inflación no hunda la economía de las familias.


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Sobre la firma

Javier Casqueiro

Es corresponsal político de EL PAÍS, donde lleva más de 30 años especializado en este tipo de información con distintas responsabilidades. Fue corresponsal diplomático, vivió en Washington y Rabat, se encargó del área Nacional en Cuatro y CNN+. Y en la prehistoria trabajó seis años en La Voz de Galicia. Colabora en tertulias de radio y televisión.

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