PSOE e IU intentan desligarse del ‘caso Madeja’ sobre corrupción institucional y mordidas

Torrijos, ex teniente de alcalde de Sevilla, y Sánchez Rull, exregidor de Algeciras, niegan en la Audiencia Nacional el cobro de sobornos a cambio de adjudicaciones

Antonio Rodrigo Torrijos, ex teniente de alcalde de Sevilla, durante su declaración en el juicio del 'caso Madeja', este miércoles.
Antonio Rodrigo Torrijos, ex teniente de alcalde de Sevilla, durante su declaración en el juicio del 'caso Madeja', este miércoles.

PSOE e IU protagonizan esta semana una de las vistas orales que se celebran en la Audiencia Nacional. Las dos formaciones se encuentran acusadas como personas jurídicas por beneficiarse del bautizado como caso Madeja, una supuesta red de sobornos diseñada por la empresa Fitonovo, que pagaba comisiones a autoridades y funcionarios para conseguir contratos públicos. El tribunal enjuicia desde el lunes la presunta implantación de la trama en los Ayuntamientos de Sevilla y Algeciras entre 2004 y 2012, cuando gobernó principalmente la izquierda. Y la Fiscalía mantiene que parte de las mordidas acabó en las arcas de los partidos. Una acusación que las fuerzas políticas niegan.

Este lunes, en la primera sesión del juicio, tres ex altos cargos de PSOE e IU en el Ayuntamiento de Sevilla, la cuarta ciudad más poblada de España, admitieron el cobro de sobornos tras pactar con la Fiscalía —un acuerdo al que se sumaron otros siete acusados y que incluye a un ex concejal socialista, que afirmó que dio parte del dinero al partido—.

Sus palabras han tenido una enorme repercusión. El PP, condenado ya tres veces por el caso Gürtel, ha aprovechado la ocasión para arremeter contra sus rivales. Mientras, PSOE e IU tratan de desligarse del caso Madeja, también llamado caso Fitonovo. Izquierda Unida ya rechazó en el juicio que recibiese, “en su patrimonio o contabilidad, cantidad alguna de Fitonovo”. Una tesis que ha repetido el PSOE en un comunicado de su agrupación hispalense, donde ha negado “rotundamente” haber ingresado dinero en sus cuentas de “ninguna trama corrupta”: “Nuestra financiación es absolutamente legal y transparente”. Los socialistas limitan así la responsabilidad a “quienes se beneficiaron personalmente” de la presunta red criminal.

Una línea similar mantienen los principales políticos que se sientan en el banquillo, como Antonio Rodrigo Torrijos (IU), ex teniente de alcalde de Sevilla; y Diego Sánchez Rull (PSOE), exregidor de Algeciras. Ambos han negado este miércoles que cobrasen mordidas a cambio de contratos a Fitonovo.

—¿Le consta que Fitonovo pagara dos entregas de dinero de 70.000 y 80.000 euros, en 2010 y 2011, para financiar la campaña en la que usted era cabeza de lista? —ha preguntado el fiscal a Torrijos.

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—En ningún caso. No me consta —ha respondido el ex teniente de alcalde de forma tajante, antes de remachar que ningún área bajo su responsabilidad adjudicó un contrato a esa compañía y que “nunca” le habló nadie de que se estuviese recibiendo dinero de ella. Es más, Torrijos ha recalcado que no tuvieron muchos recursos en esa campaña: “Se usaba más la bicicleta que el coche”, ha ironizado: “Se usaba más el trabajo militante que el gasto económico”.

Otro acusado de IU que tampoco ha pactado con la Fiscalía, José Manuel García, ex concejal de Deportes de Sevilla, incidió el martes en esa idea: “Yo no tengo ningún conocimiento de que nadie de IU pidiera nada a nadie, ni de que llegara ningún dinero a IU”, afirmó a preguntas del ministerio público. Según el juez instructor José De la Mata, este exedil se concertó con Torrijos y con uno de los asesores del partido, Antonio Miguel Ruiz Carmona, para recibir dinero de Fitonovo a cambio de contratos. Ruiz Carmona es uno de los que admitió el lunes esos sobornos.

Más de 300.000 euros bajo sospecha

PSOE e IU se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional, acusados como partícipes a título lucrativo, una figura que describe al que se beneficia del fruto de un delito sin tener supuestamente conciencia de su origen ilícito. Según el sumario, los socialistas ingresaron en sus arcas 159.839,36 euros por los tejemanejes en el Ayuntamiento de Sevilla; e Izquierda Unida, 155.000 euros. Esas cifras no resultan baladíes: el PP, procesado también como partícipe a título lucrativo en varias derivadas del caso Gürtel, fue condenado por beneficiarse de 111.864,32 euros por la parte referida a las irregularidades en Pozuelo de Alarcón (Madrid); o de 133.628,48 euros, por las de Majadahonda.

El PP explota ahora este caso para cargar contra los socialistas, a los que pide explicaciones. El popular Ramón Fernández-Pacheco, portavoz de la Junta de Andalucía, ha afirmado que las confesiones del lunes implican “un reconocimiento expreso de financiación ilegal”: “Se trata de las peores prácticas posibles que un político puede poner en marcha”. “Es una prueba más de la utilización corrupta que el PSOE hizo de la Administración durante décadas en beneficio propio”, añadió Antonio Repullo, secretario general de la formación regional, pese a que entre los acusados en este juicio se encuentra también un exedil del PP.

Se trata de Joaquín Peña, director general de Medio Ambiente a partir de 2011, con el Gobierno de Juan Ignacio Zoido. Este exedil del PP ha rechazado un pacto con la Fiscalía y aseguró el martes que nunca dio instrucciones para favorecer con adjudicaciones millonarias a Fitonovo o a otras sociedades instrumentales. El político también negó que la trama le costeara la compra de un Volkswagen Passat valorado en 21.046 euros; del que, según la Fiscalía, él solo abonó 6.600. “No me lo han regalado, hasta el último euro lo pagué yo”, subrayó Peña, antes de recalcar que tampoco supo que se estuviera “untando” a funcionarios para dar contratos a la red criminal: “Si me hubiera constado, primero al funcionario se le habría apartado; y, después, habría comunicado dicha circunstancia a quien correspondiera: al juzgado de guardia, a la Policía o a quien fuera. No me cabía en la cabeza que alguien estuviera cobrando”.

Joaquín Peña, ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, durante su declaración como acusado en el 'caso Fitonovo', este martes.
Joaquín Peña, ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, durante su declaración como acusado en el 'caso Fitonovo', este martes.

La pata algecireña de Madeja

Entre las líneas de investigación del caso Madeja se encuentra la presunta implantación de la trama en Algeciras, que se instruyó por separado, pero que se enjuicia ahora junto a las pesquisas sobre el Consistorio Sevillano. En esta parte hay cuatro acusados: entre ellos, Sánchez Rull, procesado por cobrar comisiones a cambio de la adjudicación de la construcción de un polideportivo en la ciudad gaditana. El socialista, que niega las imputaciones, era concejal de Urbanismo cuando ocurrieron los hechos (2010).

“Nunca he conocido a Fitonovo. No conozco a ningún empleado. No le digo directivos..., no conozco ni al chico de los recados. Fitonovo no ha tenido ninguna actividad en Algeciras, ninguna actividad en el Campo de Gibraltar y, hasta donde mi conocimiento alcanza, en la provincia de Cádiz”, se ha defendido este miércoles el exregidor, cuya carrera política quedó destrozada tras estallar este caso .

Diego Sánchez Rull, ex alcalde de Algeciras, durante su declaración en el juicio del 'caso Madeja', este miércoles.
Diego Sánchez Rull, ex alcalde de Algeciras, durante su declaración en el juicio del 'caso Madeja', este miércoles.

Cuando se produjo la imputación del exalcalde de Algeciras, Rull ya había pasado a la oposición y ejercía la portavocía del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento. El socialista era una de las grandes promesas del partido en la ciudad. Como concejal de Urbanismo, fue uno de los hombres fuertes del Gobierno del regidor Tomás Herrera (2005-2010), también investigado en la instrucción del caso Madeja, al que sucedió tras una guerra interna en el partido del municipio gaditano. Rull asumió el bastón de mando después de que Herrera dimitiera a raíz de que el secretario local de la formación, Rafael España, maniobrara para desbancarlo como cabeza de lista para las elecciones de 2011. Entonces, el hoy acusado ejerció el poder como alcalde durante menos de un año, hasta esos comicios.

—¿A usted le han entregado dinero alguna vez relacionado con ese contrato? —ha vuelto a la carga el fiscal.

—En absoluto —ha respondido el exdirigente socialista.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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