La coalición rebajará de 15 a 5 años de cárcel la pena máxima por los delitos del ‘procés’

El nuevo tipo de “desórdenes públicos agravados” reduce a ocho años la inhabilitación máxima

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la entrevista en La Sexta, el jueves.Foto: EL PAÍS | Vídeo: EFE

La proposición de ley que el PSOE y Unidas Podemos han registrado este viernes en el Congreso implica la desaparición en el Código Penal del delito de sedición, que tiene ahora una pena de hasta 15 años y se usó para condenar a los líderes del procés con hasta 13 años de prisión, para sustituirlo por uno de desórdenes públicos agravados con una pena máxima de cinco años, un tercio de la actual. Esto supondrá una reducción muy importante de las penas a las que tendrían que enfrentarse los líderes fugados, como Carles Puigdemont y Marta Rovira. También reducirá la inhabilitación a un máximo de ocho años de otros políticos que han sido indultados parcialmente, como Oriol Junqueras, pero no implicará que los dirigentes aún no procesados puedan librarse de la cárcel, porque los actos del proceso independentista catalán seguirán siendo delito, aunque con una pena mucho más leve, en línea con la legislación de la mayoría de los países europeos, mucho más suave que la española en este asunto.

El punto 14 de la reforma del Código Penal, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, suprimirá por completo el capítulo I del título XXII del Código Penal, con seis artículos que detallan el delito de sedición, y cambiará el artículo 557, el de los desórdenes públicos, para decir que “serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios”. “Los hechos descritos en el apartado anterior serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público. En caso de hallarse los autores constituidos en autoridad, la pena de inhabilitación será absoluta por tiempo de seis a ocho años”, remata el nuevo artículo, la clave de bóveda de la proposición de ley presentada este viernes, aunque el PSOE y Unidas Podemos han incluido en ellas otras reformas del Código Penal de delitos de estafa para adaptarlo a las directivas europeas.

Esto, según la interpretación de los grupos que la proponen, incluye las principales actuaciones consideradas por los jueces como sedición tras el procés y supone que aunque se elimine esta figura seguirá siendo delito lo que hicieron los líderes del proceso independentista catalán, aunque de forma mucho más leve. La inhabilitación también baja mucho —Junqueras tiene 13 años y pasaría a un máximo de ocho—, pero solo para la sedición, mientras que el líder de ERC también fue condenado por malversación, que de momento no se toca. Aunque podría abordarse más adelante.

Tampoco está previsto en la reforma modificar el delito de rebelión, por el que fueron imputados en un principio los líderes del procés y que tiene un máximo de 30 años. Como nadie ha sido procesado finalmente por rebelión, porque los jueces entendieron que no correspondía, dado que no hubo alzamiento armado, el PSOE y Unidas Podemos han optado por no tocarlo, aunque se podría abordar en la tramitación parlamentaria. El nuevo artículo se remata con un punto 3 que señala que “las penas de los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior a los intervinientes que portaran instrumentos peligrosos o a los que llevaran a cabo actos de pillaje. Estas penas se aplicarán en un grado superior cuando se portaran armas de fuego”.

El Gobierno precipita así la reforma del delito de sedición, que había prometido Pedro Sánchez en muchas ocasiones pero nunca llevó a efecto porque no lograba un acuerdo con ERC. Si el PSOE y Unidas Podemos se han animado a llevar de forma inmediata esta reforma al Congreso, además mediante una proposición de ley para su tramitación más rápida —si fuera proyecto de ley del Ejecutivo sería mucho más lenta y tendría que pasar por varios órganos consultivos— es porque ahora sí cuenta con el respaldo de los republicanos aunque estos no firmarán la norma y esta tendrá que ser negociada en las Cortes. El texto necesitará el apoyo de otros grupos de la mayoría para llegar a los 176 escaños, y contará sin duda con el rechazo frontal de la oposición del PP, Vox y Ciudadanos. La idea que tienen el PSOE y Unidas Podemos es acelerar al máximo la tramitación para resolver este asunto políticamente cuanto antes y evitar que se acerque a la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de junio de 2023. Con la fórmula elegida y la mayoría que ha demostrado hasta ahora mucha solidez se podría resolver muy rápidamente la tramitación, aunque depende sobre todo del Congreso, que ahora da prioridad absoluta a los Presupuestos. El Gobierno insiste en desvincular las Cuentas de esta reforma, aunque ambas se van a tramitar en paralelo.

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ERC señaló el jueves por la noche que esta reforma es “un paso en la buena dirección”, aunque sigue reclamando una amnistía que este texto descarta y que el Gobierno ha rechazado sistemáticamente. Unidas Podemos también apoyó la reforma, a través de su diputado Jaume Asens. “Estamos dando un paso adelante de homologación con Europa, estamos cambiando un delito que se promulgó en 1822. Es bueno que España dé un paso definitivo para homologarse a las democracias europeas”, insistió Sánchez en una entrevista en La Sexta. El presidente recordó que Alemania eliminó el delito de sedición en 1970. Mientras, el PP sostuvo que esta iniciativa confirma que “el Código Penal es moneda de cambio con el independentismo para facilitar la permanencia [de Sánchez] en el palacio de La Moncloa un año más”, y habló de “traición” y “humillación”.

Esta reforma, según recordó el propio Sánchez, no implicará que los líderes del procés que se fugaron, en especial el expresident Carles Puigdemont o también la secretaria general de ERC, Marta Rovira, se queden sin ningún tipo de pena. Si después de la entrada en vigor deciden volver a España se enfrentarán a una pena mucho menor y probablemente no sufrirían presión preventiva —para justificarla es necesaria una pena potencial muy alta—, pero eso no quiere decir que evitarían con seguridad la cárcel. Es algo que, en cualquier caso, dependerá de los jueces. Según el Gobierno, el delito de sedición español está obsoleto y no existe prácticamente en ninguna legislación europea.

Mayoría de 176 escaños

Precisamente la reforma de la sedición fue el argumento que utilizó el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para justificar la ruptura de las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial después de casi cuatro años de bloqueo. Feijóo exigió a Sánchez que se comprometiera a no reformar el delito de sedición, y el presidente le contestó que eso era un “chantaje” porque el Congreso, si logra una mayoría de 176 escaños —la que se necesita para aprobar una ley orgánica como esta— tiene todo el derecho a sacar adelante algo que el presidente ha prometido varias veces, y el PP no tiene derecho a vetarlo con sus 90 escaños, según le explicó.

El Gobierno está convencido de que la mayoría de los españoles, al igual que sucedió con los indultos, aceptará que esta es una buena decisión para lograr una salida al conflicto del procés y normalizar la situación en Cataluña, pero sin llegar a eliminar por completo como delito los comportamientos de octubre de 2017, cuando se llevó a cabo el referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia. Sánchez ha reivindicado varias veces que gracias a su política en Cataluña, la situación en 2022 está muchísimo mejor que en 2017. Aun así, el Ejecutivo asume que las críticas de la oposición serán muy fuertes, pero está convencido de que esta reforma era necesaria para cerrar el proceso de normalización iniciado con los indultos. Sánchez recordó que gracias a la nueva política que ha promovido en Cataluña no solo ha bajado el número de catalanes que quieren la independencia, sino sobre todo se ha reducido de forma drástica la preocupación de los españoles por el problema catalán. En el CIS, de hecho, este último ha pasado de ser el segundo problema más acuciante para los ciudadanos ―en los momentos más críticos de hace cinco años― al número 41 en el que se posiciona ahora.

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