El Gobierno admite su “preocupación” por las rebajas de penas por delitos sexuales pero pide tiempo

PP y Vox llevan la presión contra Irene Montero al Congreso con peticiones de ceses y de reforma urgente de la ley y el PNV se muestra partidario de modificarla para atajar las rebajas de condenas

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en una visita a Cuenca, el pasado mayo.Foto: LOLA PINEDA (EUROPA PRESS) | Vídeo: EFE

El Gobierno mantiene que hay esperar a que a jueces y fiscales sienten jurisprudencia y unifiquen la doctrina para extraer conclusiones sobre el vacío legal que denuncian numerosos juristas en la Ley de Garantía de la Libertad Sexual o ley del solo sí es sí, en vigor desde el pasado 7 de octubre, que ha permitido en la última semana la rebaja de condenas a agresores sexuales de menores. “Se han producido esos casos, y, por tanto, se comprende la preocupación ciudadana y del Gobierno, pero permítanme un llamamiento a la prudencia para estudiar las sentencias, desde el rigor, y confiar en la acción de la justicia y de la fiscalía a la hora de unificar la doctrina”, ha dicho la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, este jueves en un desayuno informativo. PP y Vox han llevado la presión política por esta polémica al Congreso con proposiciones sobre el cese y la reprobación de la ministra Irene Montero y reforma urgente de la ley. El PNV también se abre a esa opción, como otros partidos.

El aluvión de críticas no ha cambiado, al menos por el momento, el paso del Ejecutivo, que ha recordado que la ley se aprobó en las Cortes. “¿Alguien puede dudar de cuál era la voluntad del Gobierno y del Parlamento? No hay otra inspiración y voluntad en esta ley que la protección de las mujeres ante los abusos y agresiones sexuales y condenar a los agresores”, ha observado la ministra. Dentro de la estrategia de La Moncloa de ganar tiempo, a la espera de que Pedro Sánchez finalice su gira por Asia, la portavoz ha resaltado que no hay que olvidar que España es una democracia que se rige por “la separación de poderes” y que los jueces “son siempre los que interpretan la ley”.

El presidente ya le pasó la pelota a los tribunales y a la fiscalía el miércoles en Bali (Indonesia) al término de la cumbre del G-20, donde se mostró confiado en que la jurisprudencia marque la interpretación correcta de la ley. Como hizo Sánchez entonces, la portavoz del Gobierno y miembro de la dirección del PSOE ha evitado la menor crítica, directa o indirecta, implícita o explícita, a una de las normas estrella de Unidas Podemos, el socio minoritario de la coalición.

Mientras, los partidarios de revisar la ley para atajar la situación ganan adeptos. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, cree que habría que “retocar” la norma si se detecta que no se ha hecho “adecuadamente” y para que no haya margen a que la judicatura rebaje penas. El Gobierno, dos ministerios, el Congreso, el Senado, el CGPJ, y el Consejo Fiscal no se dieron cuenta de la falta de una disposición transitoria para combatir efectos indeseados en la revisión de condenas. Hasta el diputado de EH Bildu, Óskar Matute, ha comentado que podrían apoyar que la norma “se mejore” si al final de este debate se constata por juristas prestigiosos que esos cambios podrían ser beneficiosos para las mujeres y sus derechos, al margen del ruido generado desde ámbitos de la derecha política y mediática.

PP, Vox y Ciudadanos lo tienen mucho más claro. Quieren responsabilidades políticas ya y al máximo nivel. La estrategia de la derecha parlamentaria consiste en aprovechar esta situación y trasladarla al Congreso, para intentar acorralar al propio presidente, Pedro Sánchez, por no cesar de inmediato a la ministra Irene Montero. La portavoz popular en la Cámara, Cuca Gamarra, compareció este jueves para apuntar directamente contra el jefe del Ejecutivo “por pactar con el populismo, algo que no sale gratis”. El PP, además de exigir la cabeza política de Montero, registró ya una proposición no de ley para recuperar en el caso de las penas previstas en la ley del sí es sí para los abusos y agresiones sexuales con castigos más bajos las condenas previstas antes de la reforma impulsada ahora por el equipo del Ministerio de Igualdad.

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Vox, por su parte, también registró otra PNL para demandar la reprobación de la titular de ese departamento. El portavoz de la formación ultra en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, anunció además el recurso de inconstitucionalidad de esa ley y denunció: “Pederastas, violadores, secuestradoras, terroristas, sediciosos, corruptos, sindicalistas subvencionados y multimillonarios extranjeros globalistas… esos son los grandes beneficiados de los cuatro años de Gobierno de Pedro Sánchez. Y los perjudicados los españoles honrados y decentes”.

“Correspondería retocar la ley a través de una unificación de criterio por parte del Tribunal Supremo, pero ¿esto cuándo se va a dar? ¿Hasta que empiecen a llegar bastantes casos? Creo que sí hay que reconocer que ha habido una equivocación por parte del Parlamento al no haber previsto una disposición transitoria que no dejara margen de interpretación a los jueces”, ha afirmado Esteban en RNE. “Veíamos que había una necesidad social; pensábamos que el Gobierno lo había ajustado mejor, pero faltaba esa disposición transitoria. Por tanto, creo que merece la pena una reflexión entre todos y corregirlo si no se ha hecho adecuadamente”, ha abundado el portavoz del PNV sobre el apoyo de su partido a la ley: el Congreso la aprobó el pasado mayo por 201 votos a favor, 140 en contra (PP y Vox) y tres abstenciones (la CUP y el Partido Regionalista de Cantabria). Una fórmula de modificación exprés podría ser presentar una proposición de ley con las debidas enmiendas, por vía urgente y con lectura única, según fuentes parlamentarias.

Esteban ha reprobado las acusaciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha acusado a los jueces que están rebajando las penas de actuar con “machismo” y de “incumplir” una ley que a su juicio está “bien redactada”. Esteban le ha recomendado “moderarse en sus declaraciones y no convertir todo en una especie de batalla ideológica”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hablan este jueves en el Senado en Madrid.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hablan este jueves en el Senado en Madrid. FERNANDO VILLAR (EFE)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también ha exigido a la ministra de Igualdad y dirigente de Podemos que “rectifique” sus acusaciones y le ha pedido “un poquito de humildad”. “Lo que ha hecho es muy grave; yo intentaría exigir una rectificación, sobre todo de lo que es la acusación a todo un cuerpo del Estado”, ha señalado en la COPE. La Junta de Castilla-La Mancha presentó alegaciones en julio de 2020 al entonces anteproyecto de ley. “Se nos generan dudas derivadas de la disminución de las penas máximas impuestas por la comisión de una agresión sexual”, recogía en una de sus alegaciones. Otro presidente autonómico socialista, el valenciano Ximo Puig, también es favorable a “corregir” la ley: “Si ha tenido consecuencias que no son las deseadas, habrá que actuar en consecuencia”. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sugerido esta mañana a la Fiscalía General del Estado que dé “alguna instrucción” para unificar criterio en la aplicación de la nueva ley, al tiempo que ha mostrado su “sorpresa” y “preocupación” por las excarcelaciones. Zapatero ha dicho que es consciente de que la aplicación de esta ley está provocando “algún problema” y ha defendido que hay que “afinar bien” lo que representa el periodo transitorio “desde el punto de vista del principio de retroactividad”.

El Partido Popular, por su lado, está centrando sus ataques en Irene Montero, cuya dimisión han solicitado todos los miembros del partido que han hablado hoy. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido el cese o la dimisión de Montero durante una entrevista con Telemadrid, en la que ha exigido “responsabilidades políticas” por las rebajas de penas. “Cuando pedimos la dimisión y el cese de Montero, lo podemos hacer desde la autoridad de haber advertido a la propia ministra y a las fuerzas políticas”, ha subrayado la número dos de Alberto Núñez Feijóo, que exige además revisar la ley y cambiar “la tipificación de los delitos para que nadie se pueda beneficiar de una pena más baja”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha pedido la dimisión de Montero por acatar a los jueces, a quienes, ha dicho, acusa “de sacar a los violadores cuando ella es la responsable”. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha tachado de “chapuza” la ley y ha sostenido que es “una vergüenza” que Pedro Sánchez no actúe.

Vox ha anunciado este jueves una iniciativa para solicitar al Congreso la reprobación de Montero. El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha acusado al Ministerio de Igualdad de poner “alfombra roja a los violadores” y dejar “más desprotegidas” a las mujeres. “Están empeñados en márketing y la propaganda, pero mañana quien pagará las consecuencias serán las mujeres de verdad, las españolas de carne y hueso”, ha alertado exigiendo a Montero que rectifique, pida perdón y dimita. Espinosa de los Monteros ha rechazado además las críticas de la ministra a los jueces, coincidido una serie de comentarios publicados por el líder de Vox, Santiago Abascal, en Twitter. “Van a por los jueces porque son un freno a su totalitarismo. Mañana irán a por la oposición”, ha avisado Abascal.

Sin aclarar el delito de malversación

El Gobierno, por otro lado, sigue sin aclarar cuáles serían los límites de una posible reforma del delito de malversación, posibilidad que Sánchez dejó abierta el domingo en una entrevista en La Vanguardia y que podría beneficiar a dirigentes independentistas condenados por el procés y a los que están pendientes de juicio. La incomodidad en el PSOE es creciente. Varios dirigentes consultados reconocen la dificultad de explicar a la opinión pública esa reforma destinada, en principio, a rebajar las penas a condenados por corrupción que no se hayan enriquecido personalmente pero que sí hayan malversado dinero público. “Una de las principales banderas de este Gobierno es la lucha contra la corrupción, la ejemplaridad y la transparencia”, ha afirmado Isabel Rodríguez sin entrar en más detalles.
La portavoz ha defendido que desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa se ha reconducido el conflicto territorial en Cataluña, que alcanzó su apogeo en octubre de 2017 con el referéndum ilegal. ”Aquí hay dos opciones: hacer política o no hacer nada. ¿Qué conseguimos con no hacer nada desde la política? Referendos ilegales, una declaración unilateral de independencia y que Cataluña fuera el segundo problema para los españoles en el CIS de octubre de 2017. El 40% de las familias catalanas dejaron de hablarse entre ellos por esta cuestión. Hemos conseguido que ya no sea un problema para los españoles [ocupa el puesto 41º en el último barómetro del CIS], que se haya rebajado el independentismo, que los catalanes vivan en cordialidad y que quienes se saltaron las normas se ajusten a ellas y, por tanto, a la Constitución. Hoy estamos infinitamente mejor que entonces”, ha defendido Rodríguez.


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