Unidas Podemos pide que se retire la ‘pensión’ parlamentaria al exdiputado socialista Damborenea, condenado por los GAL

El que fuera dirigente del PSE es uno de los 39 antiguos diputados y senadores que reciben mensualmente una “complementación de ingresos”, en su caso de 2.063 euros

A la izquierda, Ricardo García Damborenea, en un mitin del PSOE en el que participaban Ramón Rubial, Felipe González y Txiki Benegas.
A la izquierda, Ricardo García Damborenea, en un mitin del PSOE en el que participaban Ramón Rubial, Felipe González y Txiki Benegas.Ricardo Martín

El Grupo Parlamentario de Unidas Podemos ha registrado este martes en el Congreso un escrito en el que reclama a los presidentes de la Cámara baja, Meritxell Batet, y del Senado, Ander Gil, que suspendan “a la mayor brevedad” la prestación económica mensual de 2.063,75 euros que recibe el exdiputado socialista Ricardo García Damborenea en concepto de “complementación de ingresos” por su condición de exparlamentario. El escrito recuerda que García Damborenea, de 82 años y que ocupó un escaño en el Congreso entre 1982 y 1989, fue condenado a siete años de cárcel por el Tribunal Supremo por su implicación en el secuestro de Segundo Marey en 1983, el considerado primer atentado de los GAL en la guerra sucia contra ETA. Unidas Podemos considera que, por ello, esta retribución con cargo a los presupuestos de las Cortes “supone un ataque contra la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo”, según el escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El que fuera también secretario general del PSE de Bizkaia ―y que fue indultado parcialmente en 1998 por el Gobierno de José María Aznar― recibe esta ayuda desde hace años en aplicación del artículo 9 del Reglamento de Pensiones Parlamentarias y otras Prestaciones Económicas, aprobado en 2006, que la contempla para los diputados y senadores ya jubilados a los que la duración de su mandato no les ha permitido obtener una pensión parlamentaria y siempre tras petición de los mismos.

La concesión tiene “el carácter de graciable” y su asignación debe “ser adoptada mediante resolución motivada de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en sesión conjunta, que deberá adoptarse con el voto favorable de tres quintos de sus miembros”, señala el citado reglamento tras una modificación de 2011 que también obligó a hacerlas públicas. Esta es una de las tres ayudas económicas que el reglamento contempla para exdiputados y exsenadores, junto a la indemnización por cese y las pensiones parlamentarias.

Son las mesas de ambas Cámaras las que establecen “la cuantía de la ayuda y las condiciones de acceso” a esta “complementación de ingresos”, que se actualiza anualmente en septiembre. En la actualidad, otros 38 exparlamentarios reciben diferentes cuantías por el mismo concepto, que van desde los 76 euros que recibe el que fuera senador del PP Luis Piñero a los 2.907 que percibe la también exparlamentaria popular Laura Martínez Berenguer.

La que recibe García Damborenea es la segunda más alta, según se detalla en el acuerdo hecho público el pasado 28 de octubre. En total, las Cortes desembolsan solo por este concepto a exparlamentarios cerca de medio millón de euros al año. También reciben una “complementación de ingresos” 61 cónyuges viudas de exdiputados y exsenadores, todas ellos mujeres salvo uno.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Unidas Podemos denuncia en la nota en la que anuncia su iniciativa “la impunidad que existe en torno a los crímenes de Estado” y recuerda las recientes declaraciones a EL PAÍS del exministro del Interior, José Barrionuevo, también condenado por el secuestro de Segunda Marey, en las que reconocía la existencia de la guerra sucia. Según la formación, este tipo de hechos “son intolerables e injustificables porque además provocan una inseguridad jurídica y denigran a las víctimas”. Unidas Podemos considera “necesario un compromiso democrático por parte de los poderes públicos para que haya justicia con todas las víctimas del terrorismo” y, para ello, cree “fundamental” una reforma de la ley de secreto oficiales que permita conocer “lo que pasó [durante la guerra sucia] de acuerdo a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites
Normas

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS