La pandemia amenaza los compromisos de los Presupuestos

El Govern prioriza a Catalunya en Comú la renegociación de las Cuentas por la Covid-19

Comparecencia telemática del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en comisión del Parlament del 6 de abril.
Comparecencia telemática del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en comisión del Parlament del 6 de abril.Europa Press

El Parlament aprobará el viernes los primeros presupuestos de la Generalitat en tres años. Pero el articulado que se estampará en la ley será muy diferente al que finalmente utilizará el Govern para gestionar este año. El coronavirus ha puesto patas arriba las previsiones iniciales con una estimación de gasto sanitario adicional de 1.800 millones de euros, además de los recursos que se destinen a políticas de reconstrucción una vez superada la pandemia, que el Govern no cuantifica. Esos cambios amenazan el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo catalán y abren una segunda negociación presupuestaria.

Las modificaciones llegarán de la mano de las partidas de gasto, pero también de las de los ingresos. Ayer mismo el consejero de Territorio, Damià Calvet, explicó en una comparecencia parlamentaria que el nuevo tributo que gravará las emisiones de CO2 de los vehículos sufrirá, a causa del coronavirus, un retraso en su aplicación y una reducción del tipo que se aplicará este año a causa de la restricción de vehículos motivada por la pandemia. El parón de la actividad turística también afectará a la recaudación de la tasa sobre los establecimientos hoteleros. Y otros impuestos se pueden ver igualmente afectados por el desplome de la actividad turística, pese al nuevo paquete fiscal que selló el Govern de Quim Torra y el grupo de Catalunya en Comú.

El vicepresidente económico, Pere Aragonès, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno inyecte más recursos a las comunidades autónomas para sufragar el gasto derivado de la lucha contra la pandemia. La consejera portavoz, Meritxell Budó, reclamó el viernes que se dote de mayor flexibilidad en el objetivo de déficit, limitado de momento a dos décimas del PIB. Las peticiones parecen desesperadas, pese a la mejora del escenario que se abrirá una vez se estrenen nuevos Presupuestos y que el Gobierno central se ha comprometido a inyectar a las comunidades autónomas 12.000 millones de euros de liquidez para afrontar la Covid-19.

La renovación de los Presupuestos autonómicos permitirá aumentar de golpe en unos 3.000 millones de euros la capacidad de reparto de recursos a consejerías gracias a unas cuentas que el Departamento de Economía había diseñado para alcanzar el equilibrio presupuestario. Pero ese hito será imposible de asumir: sin Covid, la Generalitat cerró 2019 con un déficit del 0,56%, cinco veces más del objetivo. Este año el Ministerio de Hacienda le ha dado dos décimas más de margen y se prevé que habrá más manga ancha. Pero la situación es difícil de cuadrar.

“¿Bajar matrículas? ¿Invertir en guarderías? Todo ha saltado por los aires, veremos si pueden hacerlo”, sostiene Albert Carreras, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universitat Pompeu Fabra y exsecretario de Economía de la Generalitat, sobre los compromisos alcanzados a finales del año pasado. Quien fuera número dos de Andreu Mas-Colell apunta que ahora toca “abrir un melón” sin saber cuál será el resultado. Incluso apunta a la posibilidad de que el retorno de la paga extra de 2013 a los funcionarios comprometida parta este año podría quedar condicionada. Una portavoz del Departamento de Economía se limitó ayer a responder que “se repriorizará” el presupuesto.

Joan Maria Sentís, responsable de Función Pública de CC OO en Cataluña, afirma que los sindicatos no han recibido ningún aviso de que el 60% de la paga extra de 2013 pendiente de pago este año esté en juego. “No podemos negar que haya un riesgo, la sospecha siempre está, pero no lo podríamos asumir. Esa es una deuda que arrastramos de la crisis anterior”, defiende. El coste es de 325 millones de euros, más de una décima del PIB catalán.

Áreas beneficiadas y perjudicadas

En el seno del Ejecutivo se ha asumido que se tendrán que modificar partidas para redirigirlas a políticas sanitarias, asistenciales y económicas para intentar minimizar el impacto en ciudadanos y empresas. Fuentes parlamentarias explican que la renegociación de los Presupuestos, cuyos cambios se efectuarán a través de modificaciones de créditos validados a través de decretos, podrían empezar la próxima semana. Pese a la brecha que se ha abierto por las críticas que Catalunya en Comú ha hecho a la gestión del coronavirus del Govern en las residencias geriátricas, los comunes vuelven a ser los aliados con quienes se intentará cerrar acuerdos. Será ese grupo, de hecho, el que con su abstención permitirá aprobar los presupuestos el viernes. El PSC también está dispuesto a entrar en la partida, pero pedirá más recursos a políticas económicas, educativas y sociales.

Los comunes asumen que parte del redireccionamiento de recursos, además de los que ya está consumiendo Salut, será para atender al Departamento de Empresa, que lleva semanas avisando de la necesidad de conseguir recursos para dotar de liquidez sobre todo a las pymes, ahogadas por la falta de liquidez. Su titular, Àngels Chacón, pidió el jueves modificar partidas para reforzar la economía productiva. El problema es decidir de dónde pueden salir esos recursos. Una de las opciones que se baraja es rebajar los niveles de inversión en infraestructuras de este año. Pero esa modificación puede tensionar todavía más a un Govern poco cohesionado y que está condenado a entenderse después que el president, Quim Torra, descartara el escenario electoral en las actuales circunstancias.

Sobre la firma

Dani Cordero

Dani Cordero es redactor de economía en EL PAÍS, responsable del área de industria y automoción. Licenciado en Periodismo por la Universitat Ramon Llull, ha trabajado para distintos medios de comunicación como Expansión, El Mundo y Ara, entre otros, siempre desde Barcelona.

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