El racismo, el cinismo y Buch

Interior promete mano dura con las actitudes policiales racistas, pero desoye la petición del Parlament para adoptar sanciones contra los agentes presuntamente implicados en la agresión a Wubi

Protesta en la plaza de Sant Jaume de Barcelona por la muerte de George Floyd.
Protesta en la plaza de Sant Jaume de Barcelona por la muerte de George Floyd.Joan Sánchez

Solo son 45 segundos. Merece la pena prestarles atención. En ellos, entre gritos de dolor, se puede escuchar: “Negro de mierda, hijo de puta”. “He fallado, ¿eh? Si no, te reventaba las costillas de un balazo”. “La próxima vez que veas a la policía, corre; vete más lejos de África”. Mientras el detenido dice: “Por favor, dejadme en paz, que soy un humano como vosotros”, a lo que un agente responde: “¡No eres humano, eres un mono! ¡Negro de mierda!”.

Los hechos ocurrieron en Sant Feliu Sasserra (Bages) en enero de 2019. Fue tras el desalojo de una vivienda por los mossos. El detenido fue el joven Wubi, de 20 años de edad. Los policías se lo llevaron esposado hasta un aparcamiento donde se produjo la presunta agresión. Hasta hace unas semanas ninguna autoridad había abierto la boca al respecto. Pero a las 24 horas de que el audio del arresto fuera colgado en las redes sociales por SOS Racisme, los responsables del Departamento de Interior y del Govern pasaron de ignorar los hechos a considerarlos intolerables. El mismísimo Quim Torra aseguró que tomaría las “medidas más radicales y extremas” por esta agresión. El jefe de los Mossos, Eduard Sallent, dirigió una carta a todos los agentes en la que afirmaba que se trataba de un “caso aislado” que “genera recelo de la ciudadanía hacia la policía”. “Sé que cuando oísteis la grabación sentisteis también vergüenza e indignación por una conducta que no nos representa”, concluía Sallent.

El consejero de Interior, Miquel Buch, indicó —tras su protocolaria condena verbal— que esperaría a la sentencia para proceder a tomar medidas disciplinarias. De momento la ejemplaridad ha consistido —después de que la grabación trascendiera a la opinión pública— en enviar a los seis agentes investigados judicialmente a hacer trabajo de oficina en dependencias distintas de las que estaban destinados como integrantes de los ARRO. Contrariamente a lo dicho por Buch, la ley de policía no impide que con la apertura de un procedimiento penal se puedan tomar medidas disciplinarias por los mismos hechos, tal como se encargó de recordar ante el escándalo el nada sospechoso síndic de greuges, Rafael Ribó. Quizás el problema reside en que este Gobierno tiene una visión tan crítica de las leyes que instintivamente se resiste a aplicarlas. O tal vez el contorsionismo político de este Ejecutivo le permite sentir vergüenza y al tiempo no hacer nada para superarla.

Tal vez el contorsionismo político de este Ejecutivo le permite sentir vergüenza y no hacer nada para superarla

De momento los mossos imputados —explica Eldiario.es— se han negado a hacer la rueda de reconocimiento para que el agredido pueda identificar a los autores y así separar las manzanas podridas del resto. El juez hace un año que lo intenta infructuosamente. Los mandos policiales aseguran, por su parte, ser incapaces de identificar las voces de los protagonistas de la agresión como les ha requerido la justicia. La defensa de los seis policías pide al juzgado de Manresa el archivo de la causa al haberse superado los seis meses de instrucción del caso.

Toda esa exhibición de cinismo se produce mientras aún dura la resaca propagandística de “la auditoria más grande en la historia de los mossos”, con la que las autoridades de Interior trataron de mostrar arteramente cómo depuraban responsabilidades por los supuestos excesos policiales en las cargas contra manifestaciones de protesta a la sentencia de los lídere

s independentistas.

Este Gobierno tiene a la ciudadanía acostumbrada al trampantojo. Por eso mientras asegura que habrá mano dura contra el racismo hace oídos sordos a la petición del Parlament —aprobada con los votos de Esquerra, comunes y CUP— para que se suspenda de empleo y sueldo a los mossos presuntamente implicados en la agresión a Wubi. Para acallar críticas, JuntsxCat es capaz unos días después de apoyar la creación de una comisión de investigación sobre racismo institucional y estructural, aunque haciendo énfasis en escrutar a la seguridad privada.

La agresión ocurrió en 2019 pero ninguna autoridad abrió la boca hasta que SOS Racismo colgó el audio del arresto

El trato dado por Interior al caso de Wubi supone un triunfo del esprit de corps que la derecha y los poderes han practicado y reivindicado. Es un corporativismo defensivo que a veces guarda un enorme parecido con la meridional omertà siciliana. El problema es que cuando se hace bandera de la democracia, la transparencia y los derechos humanos, un caso como el del joven de Sant Feliu Sasserra es capaz de arruinar un buen eslogan. Por mucho que el conseller Buch y sus colaboradores levanten cortinas de humo con la propaganda de “la auditoria m “la auditoria más grande en la historia de los mossos”.

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