Barcelona frena el alquiler de habitaciones a turistas

El Ayuntamiento acusa a la Generalitat de regular "al dictado de Airbnb" y pide concreción y restricciones

Protesta vecinal contra pisos turísticos ilegales en Barcelona, en 2017.
Protesta vecinal contra pisos turísticos ilegales en Barcelona, en 2017.Carles Ribas

El Ayuntamiento de Barcelona frena el alquiler de habitaciones a turistas que impulsa la Generalitat. La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, anunció este martes que el consistorio suspende un año la petición de licencias de esta nueva modalidad de alojamiento turístico. El gobierno local alerta de la poca concreción del decreto del Govern, a quien acusa de haberlo redactado “al dictado de Airbnb” y entiende que podría dar paraguas a pisos turísticos, sobre los que ya pesa una moratoria, que impactan en el mercado del alquiler residencial. De ahí que pide a la Generalitat que rectifique.

El ejecutivo de la alcaldesa Ada Colau se ha mostrado desde hace años partidario de la modalidad del alquiler de habitaciones a turistas, el Bed and Breakfast del mundo anglosajón. Un tipo de alojamiento que reclama a la Generalitat que regule desde 2015. Los comunes lo ven bien porque no se pone a disposición de los turistas pisos enteros, sino que los vecinos pueden alquilar alguna habitación a turistas en su vivienda habitual.

El decreto aprobado el pasado día 4 prevé que, siempre que el propietario esté empadronado, se puedan alquilar hasta cuatro habitaciones y durante todo el año, aunque limita a 31 días consecutivos cada estancia. El Ayuntamiento critica que el Govern “se ha limitado a reconocer la actividad, ha optado por la liberalización y ha pasado la pelota a los Ayuntamientos” para que lo concreten sin tener en cuenta “los riesgos que tiene el alquiler turístico para el mercado residencial”.

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Por ello el gobierno local ha suspendido durante un año la petición de licencias, el plazo que tienen las ciudades para concretar: “Para evitar sorpresas y dar la oportunidad a la Generalitat para que rectifique”, justificó Sanz. En concreto, la ciudad reclama que el texto sea más restrictivo y refuerce las posibilidades de inspección. “Necesitamos una legislación que ponga límites a la especulación y no dictada al servicio de plataformas como Airbnb”, manifestó la edil, que incluso pidió un debate en Cataluña sobre la actividad y si debe limitarse en número.

Defender el derecho a la vivienda

La edil recordó el impacto que los alojamientos turísticos han tenido en Barcelona y señaló que preservar el derecho a la vivienda es una de las prioridades de la administración local. Con la Carta Municipal en la mano, que da atribuciones jurídicas específicas a la ciudad, Barcelona podría intentar reducir los días de alquiler anual o las habitaciones disponibles en una vivienda.

Cuando el texto se hizo público, Airbnb lo celebró recordando que la plataforma defiende que los vecinos puedan “compartir su hogar” y aplaudió un “marco regulatorio para ayudar a los residentes a alojar viajeros en su hogar de manera responsable, diversificando el turismo, protegiendo la vivienda, siguiendo la normativa vigente y pagando sus impuestos”. Por el contrario, entidades como el Sindicato de Inquilinos pusieron el grito en el cielo y aseguraron que el texto es “una alfombra roja para especuladores que se dedican a desviar viviendas de alquiler residencial al alquiler turístico”.

“Este es un decreto muy diseñado para favorecer una determinada actividad lejos de los intereses de la ciudad de Barcelona”, consideró este martes la teniente de alcalde, que insistió varias veces en que la Generalitat podría “regular mejor el control e inspección de los establecimientos turísticos”. Otra de las cuestiones que Sanz reprochó a la Generalitat es que la norma aprobada contemple que las habilitaciones se concedan a perpetuidad y no para un espacio temporal concreto.

La edil también recordó que en la negociación de los últimos presupuestos los comunes impusieron el reconocimiento de la Carta de Barcelona, que permitiría a la ciudad modificar algunas cuestiones, pero alertó de que otras zonas turísticas no puedan hacerlo.

”La Generalitat debería ser consciente de los problemas que puede generar, que algunos operadores, plataformas, grandes propietarios o mafias utilizan la especulación para obtener grandes beneficios a costa de la vivienda”, dijo y confió en que la Generalitat modifique un texto que aseguró que los Ayuntamientos desconocían.

Sanz aprovechó para reclamar al Govern otras regulaciones en materia de vivienda, como la limitación del precio del alquiler y recordó que el ejecutivo local aprobó el plan que centrifuga los hoteles a la periferia de la ciudad e impuso que un 30% de los pisos de nueva construcción sean vivienda asequible. “Necesitamos legislaciones valientes que pongan freno a la especulación con un derecho como es la vivienda”, concluyó.

Paso de pisos turísticos a residenciales

Mientras, el Ayuntamiento de Barcelona y la patronal de los apartamentos turísticos, Apartur, están pendientes de llegar a un acuerdo para que parte de la oferta —vacía a causa de la pandemia— pase a alquiler social. Janet Sanz afirmó que el consistorio “espera la oferta” del sector, contra quien arremetió: “Me sorprende que prefieran tener los pisos vacíos que cederlos para un uso social al Ayuntamiento” y recordó “las molestias que los pisos turísticos han causado en la ciudad”.

Desde Apartur, su presidente, Enrique Alcántara, aseguró que la patronal está “trabajando con el área de Servicios Sociales”, que ya hay diálogo con operadores, y que esperan un dictamen de los servicios jurídicos municipales para garantizar que la oferta turística puede pasar a residencial.

Sobre la firma

Clara Blanchar

Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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