Un Parlament ninguneado

La mayoría de grupos acusan al Govern de incumplir las resoluciones del debate de política general

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en un pleno en el Parlament.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, en un pleno en el Parlament.

El debate de política general arranca este miércoles en el Parlament y culminará el viernes con la votación de más de un centenar de resoluciones a propuesta de los diferentes grupos. La oposición lamenta que la mayoría de los textos aprobados en esas sesiones o en plenos monográficos acaban siendo ignorados por el Govern. Hace un año, por ejemplo, la cámara aprobó derogar los correbous. La iniciativa, propuesta por los comunes, prosperó con 50 votos a favor, 17 en contra y 61 abstenciones. El independentismo dio libertad de voto a sus diputados en un asunto tan controvertido en las Terres de l’Ebre. Un año después, el Ejecutivo no se ha puesto manos a la obra, según critican los comunes y las entidades animalistas que luchan por abolir los correbous desde hace años.

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Los comunes impulsaron la medida después de que un toro saltara la valla en una plaza de Vidreres (la Selva) y causara heridas a 19 personas. El animal acabó abatido a tiros. No ha habido este año correbous por la covid-19, pero tanto los comunes como las entidades animalistas lamentan la parálisis del Govern. Leonardo Anselmi, de la fundación Franz Weber, promotor en su día de la abolición de los toros, expresó la decepción de los colectivos antitaurinos con el Govern. “Hay una petición inequívoca del Parlament con un acuerdo muy mayoritario y no lo aprovechan para sacarnos esta vergüenza de encima. Es la hora de la coherencia”.

El episodio de los correbous no es algo aislado. La oposición sostiene que las propuestas de resolución que se aprueban en los debates de política general —y no solo— acaban siendo papel mojado. “Podría decir muchas de las medidas que no se han cumplido en relación a la violencia de género y de protección a las mujeres”, ha afirmado este martes Susanna Segovia, portavoz de los comunes. Sus compañeros añaden que el departamento de Salud tampoco cumplió la resolución de aprobar en un mes un decreto para abordar los criterios y reducir las listas de espera en sanidad tanto de “intervenciones como citas de asistencia primaria, a especialistas, o visitas diagnósticas”. U otro punto aprobado hace un año: “Un acuerdo para hacer un calendario e incrementar las tarifas públicas que se pagan a los servicios del sector de la dependencia".

Un Pleno con 21 diputados presenciales

La Mesa acordó ayer que los Plenos se seguirán celebrando con la presencia solo de 21 de los 135 diputados del hemiciclo y con un tercio de los funcionarios haciendo teletrabajo. La mayoría de grupos aceptaron la medida y recordaron que ni en los despachos ni en el hemiciclo permiten mantener las distancias de seguridad además de que el salón de plenos es el único espacio del Parlament que carece de ventilación. Solo los comunes se mostraron partidarios de aumentar la presencia a 41 diputados.

 

Ciudadanos coincide con los comunes en que el Govern incumple lo que promete. “Muchas cosas se han aprobado y luego se hacen los locos”, dice el diputado Nacho Martín Blanco, en alusión a una medida que de emergencia habitacional. La socialista Alicia Romero sostiene que 50 mociones impulsadas por el PSC y que recibieron el apoyo de la Cámara siguen en el limbo. “La primera resolución que me viene a la cabeza del año pasado fue la de convocar elecciones. Y obviamente no se cumplió”, expone. “Pero es una constante. Son resoluciones sobre política educativa, sanitaria o recursos universitarios. Hace un año, de nuestras 20 propuestas, se aprobaron más de la mitad. Caen en saco roto. Es frustrante”.

Maria Sirvent, de la CUP, sostiene que la lista de incumplimientos es tan larga que podría pasarse “un buen rato” recitándola. No importa, dice, que algunas de esas medidas las hayan apoyado los grupos del Govern. La anticapitalista apunta que eso ocurre tanto en los debates de política general como en los plenos monográficos. “Recuerdo la rescisión del contrato de Ferrovial; que los trabajadores de residencia cobren 1.200 al mes; que se retirara el sueldo y empleo a los mossos implicados en una agresión racista en el Bages o que no se active la comisión de estudios para desprivatizar servicios”. “El Govern”, lamenta, “abusa de los decretos pero desprecia y desoye lo que aprueba el Parlament”.

Con todo, este jueves los grupos elevarán al pleno un tope de 20 propuestas y los subgrupos —CUP y PP— 14. Muchas serán una declaración de intenciones como las que Junts per Catalunya y ERC promovieron para expulsar de Cataluña a la Guardia Civil. Albert Batet, portavoz de Junts, insinuó que las críticas de la oposición no eran ecuánimes cuando por ejemplo el Parlament no puede publicar determinadas resoluciones en alusión a la reciente sobre la Monarquía. “Si el Estado cumpliera el sistema de financiación y no arrastráramos una deuda histórica podríamos hacer mucho más”, dijo. Y remachó: “Hay algunos que no se acuerdan de que tampoco se ha cumplido la voluntad del Parlament de frenar la represión del Estado o de impedir la investidura de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez o Jordi Turull”.

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