El Govern eleva un 20% el precio de la vivienda social para incentivar a los promotores

Territorio ultima un decreto ley para actualizar los módulos de VPO, fijados en 2009

Interior de un piso de alquiler social del Ayuntamiento de Barcelona.
Interior de un piso de alquiler social del Ayuntamiento de Barcelona.Albert Garcia (EL PAÍS)

La construcción de vivienda de protección oficial (VPO) apenas alcanzó el año pasado las 945 unidades acabadas pese a la crisis habitacional que sufre Cataluña. La administración pública no acaba de apostar por nuevas promociones y la empresa privada no ve cómo sacarle el beneficio: el coste del suelo lo dificulta. También el hecho de que la Generalitat sea la que fije el precio de venta y de alquiler de la VPO con unos valores que no han cambiado desde 2009. Para intentar incentivar un cambio de tendencia, el Govern ultima la elaboración de un decreto que permita elevar los módulos —la fórmula con la que se fijan los precios— hasta un 20%.

Lo ha anunciado este lunes el secretario de Agenda Urbana y Territorio, Agustí Serra, en un acto coorganizado por el Colegio de la Abogacía de Barcelona y Cohabitac, la coordinadora de fundaciones de vivienda social. Lo enmarcó en una estrategia con la que se pretende incentivar la participación privada en el impulso de la vivienda social y que es transitoria hasta que el Govern cumpla su compromiso de unificar módulos. “Tenemos que ajustar los precios de venta para que sean asequibles para las compañías”, señaló Serra. Después desde el Departamento de Territorio se señaló que esa apuesta, que tendrá efectos sobre potenciales compradores o arrendatarios de pisos de protección, irá acompañada de ayudas para las familias más vulnerables que no puedan pagar las rentas.

El actual sistema de módulos de la Generalitat establece tres tipos de promociones de VPO en Cataluña, tanto de venta como de alquiler: régimen especial (para rentas muy bajas), general (rentas bajas) y de precio concertado (ingresos moderados). A partir de esas categorías delimita los precios por cuatro agrupaciones de municipios, para las que actualmente se establecen precios mínimos de 1.137 euros por metro cuadrado hasta máximos de 1.705 euros en el caso de los pisos de venta y, para los alquileres, de mínimos de 4,26 euros a máximos de 6,4.

Suelo municipal

Fuentes inmobiliarias explican que, a falta de ver la redacción del decreto, la actualización es una buena medida, aunque su eficacia quedaría restringida a los municipios de zona A, donde quedan incluidos municipios de Barcelona y su área metropolitana y otros con alta presión residencial y altos precios.

Serra subraya que Cataluña necesita impulsar el parque de vivienda social en los próximos años para hacer frente a las necesidades habitaciones a las que se encuentra. Subrayó la necesidad de actuar sobre el suelo y para ello reclamó una activa actuación de los municipios, que habrían reconocido superficie para 192.000 viviendas de protección, aunque para ello demandó agilidad y voluntad para poner a disposición ese suelo. “Urgimos a los municipios a que hagan público el patrimonio de suelo público que tienen”, dijo Serra.

El informe presentado por Cohabitac muestra la precaria fotografía en la que se encuentra la vivienda de alquiler social en Cataluña: 47.155 pisos a los que se sumarían las ayudas directas para pagar los alquileres de 61.000 hogares.

Más ayudas y créditos

El 30% más pobre de la población catalana solo podría asumir alquileres no superiores a los 436 euros mensuales (según el principio de que la vivienda no puede copar más del 30% de los ingresos). Ese es uno de los elementos que apunta el informe Retos y limitaciones de la promoción y la gestión de viviendas de alquiler social en Cataluña presentado ayer. El informe demanda medidas para hacer posible que las entidades del sector social, sin ánimo de lucro, puedan asumir la promoción de VPO, que consideran que les cuesta, en el supuesto de que el suelo les salga gratis, en torno a 105.000 euros cada vivienda. Asimismo reclaman un IVA superreducido del 4%, frente al 10% que pagan actualmente, subvenciones a la gestión, préstamos con mejores condiciones que las actuales y duplicar las ayudas a las viviendas de alquiler social y aumentar un 50% las de alquiler social asequible. Consideran que sin ese esfuerzo público las entidades que forman parte de Cohabitac no podrán impulsar los pisos protegidos.

Sobre la firma

Dani Cordero

Dani Cordero es redactor de economía en EL PAÍS, responsable del área de industria y automoción. Licenciado en Periodismo por la Universitat Ramon Llull, ha trabajado para distintos medios de comunicación como Expansión, El Mundo y Ara, entre otros, siempre desde Barcelona.

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