Endesa afronta un alud de sanciones por la muerte de aves en sus torres

Una investigación de la Fiscalía fuerza a la compañía a adaptar instalaciones y lleva al Gobierno catalán a imponer sanciones

Un halcón en una estructura adaptada.
Un halcón en una estructura adaptada.SOS TENDIDOS

Una investigación de la Fiscalía de Barcelona por la muerte de aves en torres de media tensión ha obligado a Endesa y al Gobierno catalán a ponerse las pilas. Después de una década de inacción, la Generalitat abrió el año pasado 141 expedientes sancionadores a compañías eléctricas [más del 90% a Endesa], por incumplir un real decreto estatal que obligaría a adecuar las instalaciones para evitar la electrocución de aves en toda España y que afecta especialmente a águilas, buitres, halcones y búhos reales. Endesa, a su vez, adaptó en 2019 con dinero público al menos 89 tendidos ubicados en zonas protegidas de Cataluña tras recibir finalmente la subvención estipulada por ley, según datos de la Generalitat. A parte, en 2020, la compañía invirtió para adecuar 350 tendidos más en todo el territorio catalán, según datos del Govern. La compañía, sin embargo, eleva en 2020 la cifra a 624 apoyos -las estructuras que forman los tendidos y donde suelen pararse las aves- adaptados.

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En 2018, el fiscal Antoni Pelegrín abrió un camino inédito en España: perseguir por la vía penal la muerte de aves por electrocuciones. Según un informe del Ministerio de Medio Ambiente, cada año fallecen en toda España 33.000; entre ellas especies protegidas como los quebrantahuesos (aunque no hay notificado ningún deceso de esta especie en Cataluña). La plataforma SOS Tendidos, que agrupa a nueve entidades conservacionistas y pide soluciones, eleva los decesos a 200.000. Hasta ahora, algunos accidentes de se habían resuelto en vía administrativa, con el pago de una multa. Fuera de Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ratificó en marzo de 2018 una sanción de 100.001 euros a Iberdrola Distribución Eléctrica por una “infracción muy grave” por la electrocución de un águila imperial ibérica, un ave en peligro de extinción, en uno de sus postes en el término municipal de La Herrera (Albacete). Se trató de la primera sentencia firme contra una empresa eléctrica por la electrocución de aves.

Pelegrín indaga si las compañías vulneran un decreto de 2008 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que fijaba medidas protectoras e instaba a las comunidades a elaborar una lista con los tendidos problemáticos en parajes protegidos. El fiscal solicitó información. La Dirección General de Políticas Ambientales de la Generalitat le remitió un mapa (de 2014) que localizaba 1.089 tendidos susceptibles de ser renovados en Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). El 95% pertenecían a Endesa.

La manera de eliminar los riesgos, según los expertos, es construir tendidos “soterrados”, lo que conlleva costes más elevados e impacto en el hábitat por la excavación del terreno. Otra alternativa son conductores de electricidad aislados, cables de tensión a diferentes alturas y fundas aislantes. Las electrocuciones se producen cuando las aves utilizan los postes como posadero o lugar para nidificar. Las especies más grandes corren un mayor peligro, ya que hacen contacto con más facilidad. Un simple roce a veces supone una muerte fulminante.

Los ecologistas ven un delito contra la fauna

Los ecologistas creen que desastres ambientales como el de 2018 en Sant Quirze de Besora (Osona), cuando 51 cigüeñas murieron electrocutadas en un tendido eléctrico, podrían ser constitutivos de un delito contra la fauna y flora. Según datos oficiales del Ministerio, en la Península apenas quedan 500 parejas de águila imperial. Un estudio de la Universitat de Barcelona calcula que un 61% de las águilas perdiceras muertas en Cataluña entre 1990 y 2014 perecieron por electrocución.

Al preguntar por las sanciones contra las eléctricas, el fiscal topó con la nada. En más de una década, la Generalitat no abrió un solo procedimiento. El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, llamó al orden a las comunidades y advirtió de consecuencias: “Empezaremos a exigir responsabilidades”, dijo. Y envió un duro oficio a los territorios en el que criticaba que “con demasiada frecuencia” las propuestas que realizan los agentes medioambientales para que las muertes se remitan a los juzgados o la Fiscalía son bloqueados por las propias Administraciones.

El panorama cambió por completo el año pasado. Con la investigación del fiscal ya avanzada, la Generalitat incoó 141 expedientes a compañías, la mayoría a Endesa, en Cataluña: Girona (58), Lleida (38), Tarragona (23), Barcelona (15), Terres de l’Ebre (6) y Cataluña central (1), según explican fuentes del Departamento de Territorio a EL PAÍS. La compañía está recurriendo los expedientes y por el momento ninguno se ha resuelto de manera firme.

El pasado septiembre, la compañía hizo pública una comisión de trabajo firmada en agosto con Endesa para “priorizar los soportes a renovar”, explica el jefe de Flora y Fauna, Ricard Casanova. “También estamos en contacto permanente con la Fiscalía para facilitarles información”, añade Casanova, que admite que no hubo sanciones hasta 2020. Otras fuentes de la conselleria confirman que tanto el Govern como la compañía no empezaron a tomarse en serio la problemática hasta que la Fiscalía empezó a investigar. En 2019, Endesa había adecuado 89 del millar de los tendidos que incumplían el decreto, según el Govern. Casanova explica que esto obedece al hecho de que el Gobierno no había adjudicado subvenciones. La eléctrica también defiende que no pudo adaptarlos hasta que no recibió las ayudas. Y que en todo caso muchos han sido adaptados de motu propio, sin dinero público.

Zonas ZEPA

Casanova, los ecologistas y la eléctrica coinciden en señalar que la norma fijaba que la modernización de líneas debía acometerse con dinero público. “La normativa debe actualizarse”, opina José Antonio Montero, portavoz de SOS Tendidos. El Ministerio de Transición Ecológica está modificando el decreto y el pasado septiembre inició la consulta pública previa a su aprobación. Entre las modificaciones, la plataforma quiere que sean las propias compañías quienes siempre asuman el coste de la adecuación.

Fuentes judiciales explican, no obstante, que el decreto afectaba solo a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), pero que las líneas con problemas en otras áreas deben sufragarse con fondos privados. Además, aunque según estás fuentes judiciales, se exige una reparación inmediata cuando hay una electrocución, en ocasiones algunas compañías no las acometen. En 2017, señalan estas fuentes, un decreto exigió a las compañías hacer primero las inversiones para, después, reclamar las subvenciones.

“No fue hasta 2019 cuando el Gobierno empezó a adjudicar ayudas”, explica Casanova: fue una partida de 3,5 millones en toda España, de los cuales 325.000 euros fueron a Cataluña. Endesa recibió 283.000 con los que adaptó los 89 tendidos. “Una cifra insuficiente”, cree el jefe de Fauna, quien explica que en los dos últimos años la compañía ha adelantado el dinero para adecuar 350 más.

Endesa pone en valor que la compañía firmara en agosto un convenio con la Generalitat para adecuar los tendidos de las zonas protegidas y otros ubicados fuera de la zona ZEPA. Y defiende que lleva muchos años adecuando en torno a 600 soportes al año. “El convenio con la Generalitat lo que ha hecho ha sido poner un orden para priorizar los problemáticos”, explica Marga Díaz, responsable de Medio Ambiente de Endesa en Cataluña.

Díaz cree que los expedientes contra la compañía se deben a que la investigación de la Fiscalía ha presionado a la Generalitat para tomarse más en serio la problemática, no porque ahora se produzcan más muertes de aves. Y recuerda que ya en 1999 la eléctrica se adelantó décadas y firmó un convenio con la Diputación de Barcelona parecido y otro en 2004 con el Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) para proteger la fauna. “Llevamos 22 años adaptando tendidos”, defiende. También que en 2019, la compañía implementó un plan para invertir dos millones de euros anuales. “Nos adelantamos. Empezamos a ejecutar un plan con nuestro dinero un año antes de firmar el convenio con la Generalitat”, dice Díaz.

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