La subasta de bienes de Millet pone trabas al resarcimiento del Palau

La entidad musical solo ha recuperado nueve de los 23 millones que se quedaron sus anteriores gestores

Felix Millet minutos antes de declarar, 10 de marzo de 2014.
Felix Millet minutos antes de declarar, 10 de marzo de 2014.Albert Garcia

El Palau de la Música solo ha recuperado nueve de los 23 millones de euros que fueron desviados a los bolsillos de sus antiguos gestores. En su pugna por elevar ese escaso 39%, la institución musical negoció con los tres principales condenados por el expolio —el expresidente Fèlix Millet, su mano derecha Jordi Montull y la hija de éste, Gemma Montull— para obtener el máximo beneficio por la venta de los inmuebles y bienes embargados. No hubo acuerdo y los 33 inmuebles serán subastados, lo que rebajará su valor de forma notable y dificulta que el Palau recupere la totalidad del dinero saqueado.

”Lo hemos intentado hasta el final, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto”, confirman fuentes del Palau de la Música sobre las negociaciones. La ejecución de la responsabilidad civil de una sentencia —la del caso Palau es firme desde que el Tribunal Supremo la confirmó hace un año— permite a las partes en liza llegar a acuerdos para maximizar los beneficios. Esos pactos siempre deben producirse bajo control y tutela judicial. La Sección Décima de la Audiencia de Barcelona, que juzgó el caso, avaló las conversaciones, pero finalmente los Millet-Montull declinaron el acuerdo.

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Los asesores del Palau habían ofrecido al expresidente del Palau y a su mano derecha una reorganización del patrimonio inmobiliario. En algunas de las fincas, Millet y Montull comparten porcentaje de propiedad con sus esposas y eso, en una subasta, penaliza mucho el precio final de venta. El objetivo de las negociaciones era que las casas se pusieran a la venta en el mercado en las mejores condiciones posibles, de manera que la institución musical obtuviera el máximo resarcimiento.

La falta de acuerdo, sin embargo, llevó al tribunal a ordenar la subasta de un total de 56 inmuebles, cuya fecha de celebración aún no se ha fijado. Como en una subasta el precio siempre cae de forma notable, todos pierden: los condenados, porque no pueden abonar la responsabilidad civil —y tienen más difícil, por ejemplo, obtener beneficios penitenciarios— y el Palau, porque no puede resarcirse tanto como querría del expolio.

Recursos de Convergència

“Hemos salido perdiendo todos. Pero vamos a seguir luchando en todos los frentes para llegar a la cifra”, añade el Palau. Esa voluntad de recuperar todo el dinero posible explica la estrategia seguida por dos de las entidades que integran la institución —la Fundació y el Orfeó Català— de buscar activos por otras vías. Por ejemplo, a través de los 6,6 millones que la antigua Convergència Democràtica de Catalunya(CDC) cobró en comisiones ilegales de Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública. El partido utilizó el Palau de Millet y Montull como intermediario a cambio de una comisión. Aunque esa cifra no puede sumarse a los 23 millones del saqueo, sí es posible reclamarla porque la justicia ordenó el decomiso de las cantidades. El pasado mes de octubre, la Audiencia de Barcelona acordó que salgan a subasta los 23 inmuebles propiedad de CDC.

La Fundació y el Orfeó —el tercer órgano del Palau es el Consorcio, de naturaleza pública— presentaron hace unos días un escrito ante la Audiencia de Barcelona. Temen que con los 23 locales de Convergència no sea suficiente. Y pretenden que el PDeCAT y Junts per Catalunya asuman, como herederos políticos y jurídicos de CDC, el pago de esas cantidades. Junts ha rechazado la petición y se ha desmarcado de la herencia convergente. Pero el Palau insiste en que existe una continuidad y que hay que fijarse en qué partidos han utilizado las antiguas sedes de la formación de Jordi Pujol.

La Fiscalía Anticorrupción ya solicitó algo similar hace unos meses, aunque solo aludió al PDeCAT. Lo hizo tras conocer un informe del juez de la Audiencia Nacional que ha procesado al partido por el caso 3% y que lo considera sucesor de Convergència. La Audiencia de Barcelona contestó que aún era pronto para acordar nada porque antes había que ver si con el patrimonio de los Millet-Montull había suficiente para satisfacer por completo al Palau.

El dinero de Convergència, entre lo penal y lo mercantil

El Palau de la Música se enfrenta a otra traba para recuperar el dinero: un conflicto jurídico sobre los 6,6 millones cobrados de forma ilegal por Convergència. Tras su desaparición como partido, CDC se sometió a un concurso voluntario de acreedores. Para entonces, ya había sentencia del caso Palau y se había ordenado el comiso de esas cantidades. Pero el juez mercantil que lleva el concurso ordenó que el dinero se repartiera a los acreedores del partido. Y pidió a la Audiencia de Barcelona que se inhibiera a su favor. Los magistrados que juzgaron y sentenciaron el caso Palau respondieron que no era posible porque la sentencia es firme. El juzgado mercantil, según fuentes judiciales, ha planteado un conflicto de competencias que, indican esas fuentes, deberá resolver el Tribunal Supremo. Aunque en teoría la audiencia ostenta mayor rango que el juzgado mercantil, operan en jurisdicciones distintas (penal y mercantil), por lo que el debate jurídico está servido y podría llegar a retrasar aún más la resolución final del caso.

Sobre la firma

Jesús García Bueno

Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.

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