Las condiciones de Junts amenazan con sumir a Cataluña en un bloqueo

El partido de Puigdemont exige a Esquerra un pacto sólido para investir a Aragonès y evitar otra votación fallida

Pere Aragonès, el viernes pasado en el Parlament.
Pere Aragonès, el viernes pasado en el Parlament.Albert Garcia (EL PAÍS)

Junts per Catalunya reúne hoy a su grupo parlamentario y a su ejecutiva y, si no hay un giro copernicano, aprobará volver a abstenerse en el segundo debate de investidura de Pere Aragonès. El republicano perdió el primero y está dispuesto a subir de nuevo mañana al atril para defender su candidatura. Junts ya ha avisado de que se puede ahorrar la sesión si no han cerrado con antelación un acuerdo de legislatura. Sus condiciones amenazan con bloquear Cataluña y al nuevo Govern. Elsa Artadi, portavoz del partido de Carles Puigdemont, garantiza que no desean elecciones y confía en que en mes y medio ya esté resuelto el pacto.

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La política catalana ha arrojado en los últimos años situaciones insólitas y esta es especialmente inaudita: que un partido no invista a su socio de coalición de gobierno y le pida que renuncie a la segunda vuelta. La petición de Junts tuvo el impacto de un meteorito en el Pleno del viernes. ERC no la conocía. El republicano recabó 42 votos síes —los 33 de su grupo y los 9 de la CUP— y recibió 61 noes, los del resto del arco parlamentario sin contar con los 32 de Junts, que se abstuvieron. En TV3, Artadi expuso el sábado que Aragonès ha sido el candidato con menos apoyos en primera votación de toda la historia y pidió, si antes no pactan, utilizar la jornada de mañana para negociar y no invertirla en otra sesión. “No sé si es positivo para todos nosotros. Es más provechoso estar trabajando y no estar en el debate”, dijo la diputada.

Los contactos han continuado este fin de semana y ayer no apuntaban posibilidades de éxito. Aragonès intentará mañana ganar la confianza de la cámara e insiste en que hay margen para un buen acuerdo. Esquerra, de hecho, encajó entre atónita e incrédula el fracaso al constatar que su socio frustraba su aspiración de acceder al cargo por primera vez en democracia. Su decepción fue enorme, pero reaccionó rápido y lanzó mensajes de que no hay ningún punto “insalvable” y que las conversaciones son reconducibles porque todos aspiran a la autodeterminación, a la independencia y a la amnistía. Marta Vilalta, portavoz de ERC, insiste en que están condenados a entenderse y no desperdiciar esta ocasión histórica que les arrojan los 74 diputados y el 52% de votos en favor de la independencia.

El viernes se puso en marcha el reloj de unas futuras elecciones y el margen para la investidura expira el 26 de mayo. Los dos socios siguen gobernando en funciones bajo el liderazgo de Aragonès como vicepresidente y rechazan categóricamente nuevos comicios. La dirección de Junts, a través de la misma Artadi, del secretario general, Jordi Sànchez o el presidente del grupo parlamentario Albert Batet, asegura que no especulará con esa idea porque no quieren elecciones en dos meses, pero tampoco dentro de seis ni de dos años y que reivindican un acuerdo sólido que evite los constantes sobresaltos y desencuentros.

La negociación, que seguirá este lunes, se inscribe en una relación salpicada por una larguísima historia de reproches y heridas muy mal cerradas que se remontan al octubre de 2017 con la declaración de independencia finalmente fallida. Nada se explica si no se enmarca en ese paisaje y, sobre todo, en el hecho de que Esquerra, a través de Roger Torrent, presidente del Parlament, rechazó en el último minuto en enero de 2018 investir de forma telemática a Puigdemont ante las advertencias del Tribunal Constitucional. Fue el primer gran divorcio: le siguió la pérdida de confianza con el anuncio del fin de la legislatura y la retirada del escaño a Quim Torra tras su inhabilitación. “No creo que lo sea”, reflexiona Vilalta cuando se le plantea si cree que sufren una venganza por el episodio de la investidura fallida de Puigdemont. ”No perjudicaría a ERC, sino a todo el país”.

Las conversaciones están encalladas además por las diferencias de los dos socios sobre cómo encarar la hoja de ruta independentista. Junts lamenta desde hace tiempo que en el Congreso no compartan una estrategia y que emitan mensajes opuestos como por ejemplo en la investidura de Pedro Sanchez. ERC apuesta por la vía posibilista y seguir negociando con el Gobierno. Si esas conversaciones naufragan, ha pactado con la CUP un “nuevo embate” con el Estado en forma preferentemente de referéndum. Junts ha cuestionado profundamente la mesa de diálogo sobre Cataluña —el único fruto que ha dado, dicen, es una foto—, pero están dispuestos a participar en las reuniones. Y se llevan las manos a la cabeza cuando interpretan que ERC quiere renunciar al mandato del 1 de octubre, que cree vigente. No es algo gratuito: ERC presume de sus 90 años, pero Junts nació con el 1-O y no concibe otro.

El papel del Consell per la República se adivina capital. El órgano fundado en marzo de 2018 por todos los partidos independentistas, también por Esquerra, está liderado por Puigdemont. Su partido plantea una bicefalia: que Aragonès gestione el día a día y presida el Govern y que la dirección de la estrategia independentista se comparta en ese Consell, presidido por Puigdemont. El expresidente había tutelado además la presidencia de Torra, pero ahora perderá ese papel. Tanto ERC como la CUP quieren que se discuta en una nueva mesa. Los republicanos creen que es necesario reformular el Consell para que sea más transversal y neutral.

La CUP asiste indignada ante la nueva situación. El 14-F les concedió la llave de la gobernabilidad y se suponía que los dos socios mayoritarios deberían aguardar hasta el último momento una agónica decisión. Pero la situación fue al revés: sus bases aprobaron de forma holgada el pacto de legislatura y el preacuerdo con Esquerra. La cúpula de los anticapitalistas pidieron a Junts actuar con responsabilidad. Los desencuentros también han surgido en este punto cuando Batet les recriminó que se negaron a votar sí a la investidura de Jordi Turull, en 2018, justo antes de entrar en prisión por orden del juez Llarena.

En el capítulo de desencuentros, Junts lamenta que Esquerra iniciara las conversaciones con la CUP sin contar que sus 32 diputados eran más esenciales para la investidura que los nueve de los anticapitalistas. De hecho, solo con tres de la CUP les bastaría para alcanzar la mayoría absoluta. Y en el discurso de Aragonès echaron de menos que no hubiera menciones ni al 1-O, ni a la financiación, o que hubiera más guiños a los comunes que a ellos mismos. Artadi reivindica que el pacto de legislatura tenga concreciones y no solo principios genéricos. Y remacha: “Es una cuestión de voluntad política. Seguro que no se agotan los dos meses”.

Calendario imposible para un nuevo presupuesto

Durante la campaña electoral, los agentes sociales catalanes reiteraron hasta el agotamiento dos peticiones al nuevo gobierno que surgiera de las elecciones del 14-F: fortaleza interna y estabilidad y que se pusieran rápidamente a elaborar unos nuevos presupuestos, de forma que se pudieran actualizar los del año pasado para gestionar con más concreción la salida de la crisis sanitaria y económica. Ni una cosa ni otra. La demora en la constitución del nuevo ejecutivo amenaza con impedir la nueva elaboración presupuestaria, más si cabe si se produce un cambio de color político al frente del Departamento de Economía, actualmente controlado por ERC y ahora ansiado por Junts.

La dilación en la conformación del gobierno puede impedir que el nuevo ejecutivo pueda aprobar las cuentas antes del verano, lo que, con el calendario más optimista, no permitiría aprobar toda la tramitación parlamentaria hasta finales de año, momento en el que ya se tendría que estar trabajando en los Presupuestos de 2022.

En lo que va de año, el Govern ya ha tenido que llevar a su reunión semanal en varias ocasiones modificaciones presupuestarias para aumentar los recursos y poder encarar con mayor tesorería las medidas extraordinarias de gasto sanitario y de ayudas al sector empresarial más afectado por las restricciones y la caída de la actividad económica. La falta de un nuevo marco presupuestario dilatará a la vez la puesta en marcha de las medidas que pueda aprobar el ejecutivo autonómico, especialmente en las destinadas a la promoción de la industria, unas de las patas más débiles del Presupuesto de 2021 y con crisis en ciernes como la de Nissan.

Otro de los problemas que se puede encontrar el Govern con ese retraso es el deseo anunciado de participar en la gestión de los fondos europeos para la reactivación económica. Aragonès lo anunció el viernes en el debate de investidura: tiene la intención de crear un comisionado para gestionar los recursos del Next Generation EU. Desde el Ministerio de Industria la Generalitat ha recibido críticas por no haber participado en la definición de prioridades en diálogo con el Ejecutivo central. Ahora, con el Gobierno en funciones, la Generalitat podría quedar rezagada en su intención de participar activamente en la gestión de esos recursos, para los que incluso ha trabajado en una batería de proyectos con una inversión necesaria de más de 30.000 millones de euros. DANI CORDERO

Por primera vez desde la restauración de la Generalitat, Esquerra ganó las elecciones y Joan Tardà, exdiputado de ERC, ironizó ayer: “Hay que atender la rabieta. No es fácil aceptar que los masoveros vayan por delante cuando siempre has sido señor”. Puigdemont le replicó recordando cómo se levantaba de madrugada la víspera del día de Pascua a ayudar a hacer monas (pasteles) en la pastelería de su familia. Pese a esa relación tan agria y con la pugna por la hegemonía del independentismo, no hay alternativa posible porque ERC veta al PSC y viceversa. Salvador Illa, líder de los socialistas, está muy lejos también de la mayoría absoluta (33 escaños). De momento, está a la expectativa de lo que ocurra mañana. Dice que otra alternativa es posible y que siempre cumple sus compromisos como el de postularse para ser investido.

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