Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Leyes, tribunales y pactos

El TSJC ha anulado una multa de 500.000 euros a la empresa eléctrica que cortó el suministro a Rosa, fallecida en 2016 en Reus a causa de un incendio provocado por una vela. El debate sobre la pobreza energética, con la justicia de por medio, parece interminable. Urgen pactos como el de las administraciones catalanas con Endesa

La casa de Rosa.
La casa de Rosa. Josep Lluis Sellart

En la madrugada del 14 de noviembre de 2016, Rosa, de 81 años, murió a consecuencia de un incendio en su domicilio en Reus. Desde hacía dos meses, le habían cortado la luz por una deuda de unos 200 euros. La mujer, que vivía sola, llevaba días iluminándose con velas. Tuvo la mala fortuna de que una de ellas prendió en el colchón en que dormía. Rosa murió. La Generalitat en virtud de la ley 24/2015 impuso una multa de 500.000 euros a Gas Natural Fenosa –ahora Naturgy–, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) –en sentencia de 29 de diciembre del año pasado, que ahora ha trascendido– ha decidido anular la sanción.

El motivo argüido por el TSJC es que el reglamento de la ley no estaba desarrollado. El tribunal, sin embargo, avala la constitucionalidad del texto aunque pasa de puntillas por el hecho de que especifique que, sin comunicación previa, no se puede cortar el suministro de agua, gas o electricidad a nadie. Era como si resucitasen las maliciosas palabras del conde de Romanones: “Hagan ustedes la ley y déjenme a mí el reglamento”. Romanones sabía mucho de la importancia de la letra pequeña y también del clientelismo y corrupción que caracterizaron la Restauración.

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El caso es que desde que se aprobó la ley 24/2015 –para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética– hasta la muerte de Rosa, la Generalitat había mantenido más de una veintena de reuniones con las compañías eléctricas sin lograr acuerdo alguno. El poder de la gran economía sobre la política se manifestaba reiteradamente. No se conseguía que las compañías hicieran la preceptiva comunicación antes de proceder al corte de la luz. Según un directivo de una gran eléctrica, el problema no era Rosa sino el precedente: “Dejas pasar un caso y luego te llueven las peticiones”. Una amenaza para los bonos y dividendos –piensan algunos– no puede dejarse al albur de sentimentalismos que acaban conduciendo al caos y a poco menos que a la quiebra del Estado de derecho. La deuda es la deuda, pero no todo vale. El pasado mes de marzo, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Barcelona citó a declarar en calidad de investigados a dos trabajadores vinculados a la empresa de recobros DPS Consulting por presunto acoso a una vecina de Cubelles, clienta de Endesa. En la denuncia impulsada por la Alianza contra la Pobreza Energética, se adjuntaban grabaciones de una llamada telefónica a la ciudadana en situación de vulnerabilidad en la que los citados empleados de la firma de recobro se hacían pasar por personal judicial y amenazaban con embargarle las cuentas bancarias si no pagaba en una semana.

En los últimos 15 años –hasta 2020– el precio de la luz ha aumentado un 92%. España es uno de los países de la UE que paga más cara la energía eléctrica. Solo el año pasado, marcado por la pandemia, Iberdrola y Endesa obtuvieron unos beneficios de más de 5.000 millones de euros. El debate entre beneficios y precariedad, grandes compañías y precarios ciudadanos, con la justicia de por medio, parece interminable. Y hay cosas que resultan difíciles de entender. Naturgy, la empresa que dejó si luz a Rosa, ha mantenido sin suministro durante varios meses –entre ellos los del pasado periodo invernal– a los vecinos madrileños de La Cañada Real debido a tomas ilegales de electricidad. El juzgado de instrucción número 42 de Madrid archivó el pasado mes de enero la denuncia interpuesta contra la empresa y achacó el problema a las tomas ilegales en la red.

Con todo, al menos en Cataluña, la muerte de Rosa supuso un punto de inflexión. Tanto las grandes compañías como la propia Generalitat se tomaron en serio la ley 24/2015. Las primeras respetando a las personas vulnerables y los segundos realizando inspecciones que hasta entonces solo hacían en caso de denuncia. Además durante la pasada Semana Santa, Endesa y la Generalitat firmaron los convenios para condonar la deuda de 35.518 familias en situación de vulnerabilidad. En total, la eléctrica mayoritaria en Cataluña se hace cargo de 28.495.403 euros y las administraciones de 10.658.842 euros. Es un primer paso hacia la sensatez que deberían seguir las restantes compañías. Es cierto que el epicentro del problema es la pobreza sin calificativos. Pero es bueno que se avance sectorialmente para que no se repitan situaciones como la de Rosa, la de los tres vecinos que perecieron en el incendio de Sant Roc en enero de 2019 o –también en Badalona– las cuatro víctimas de las llamas en la nave industrial de El Gorg. Los pequeños remiendos salvan vidas a la espera de grandes remedios que no llegan.

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