Los parques naturales de Cataluña mantendrán las restricciones de acceso tras la pandemia

Los expertos coinciden en que alejar los coches de los puntos masificados resuelve en parte el problema

Cola de excursionistas para hacerse una foto en la Pica d'Estats, en el Pirineo, en septiembre de 2020.
Cola de excursionistas para hacerse una foto en la Pica d'Estats, en el Pirineo, en septiembre de 2020.EL PAÍS

La pandemia y las restricciones de movilidad han acelerado la masificación que desde hace años sufren los espacios naturales más populares de Cataluña. Del Delta de l’Ebre a la Pica d’Estats, y de La Mola o el Montseny al Cap de Creus, los ayuntamientos y los gestores de los espacios protegidos están tomando decisiones para regular la afluencia. La consigna es no prohibir, pero sí restringir y ordenar. Sobre todo, el acceso en vehículo privado, porque alejar coches minimiza las afectaciones sobre los ecosistemas, la geología y mejora la experiencia de la visita. También coinciden en que, más allá de la pandemia, las restricciones han venido para quedarse.

Por citar algunos ejemplos. Esta semana el parque Natural del Cap de Creus y el Ayuntamiento de Cadaqués anunciaban que vetarán los coches y habilitarán buses lanzadera. En el Delta de l’Ebre, el Ayuntamiento de la Ràpita regulará el acceso a la barra del Trabucador. En la Vall Ferrera, se habilitará un sistema de reserva previa de aparcamiento en La Molinassa, desde donde se ataca la Pica d’Estats. En Sant Llorenç del Munt, se plantean hacer pagar por estacionar en el Coll d’Estenalles. En Queralbs, la idea es no permitir subir la pista hasta Fontalba, donde se deja el coche para subir al Puigmal, si el aparcamiento está lleno. En el Monsant se controlará el aforo en Margalef, porque al espacio de escalada acuden 10.000 personas más de las que puede soportar. También se ordenará la pernoctación en campers. Y pegado a Barcelona, Collserola valora si fija barreras de paso, por aforo, horarios o usuarios (ciclistas y peatones).

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Son decisiones de ayuntamientos y parques naturales (gestionados por la Generalitat o las diputaciones). Sus responsables recuerdan datos que ilustran el colapso. El 30% del territorio catalán son espacios protegidos y el 10%, parques naturales. El 80% del total es de propiedad privada y en buena parte con actividad económica. Durante la pandemia, los parques han llegado, en el caso más exagerado, a multiplicar por siete el número de visitantes: de 50.000 a 400.000 en el caso de la Serra de Marina, un espacio pegado a Barcelona (sobre Santa Coloma, Badalona y Tiana). De los 13 que gestiona la Generalitat, seis doblaron los visitantes en los meses más fuertes.

El director general de Políticas Ambientales y Medio Natural de la Generalitat, Ferran Miralles, admite sobre la masificación: “Es una evidencia y nos preocupa mucho”. La afluencia es tanta, explica, que por primera vez no solo quienes cuidan el medio están en alerta: “También el territorio, que tienen propietarios, vecinos y agricultores que perciben cierta incomprensión e incivismo”. Porque además de más gente, a la naturaleza se acercan visitantes con un perfil nuevo, “con otra cultura de aproximación a la naturaleza”. Miralles repasa como, a un territorio frecuentado históricamente por excursionistas, se ha incorporado en los últimos años “un público que busca una práctica más deportiva y lúdica”. Y con la pandemia, un tercer perfil que se ha volcado en la montaña a falta de alternativas por las restricciones de movilidad.

Con este escenario, la prioridad para el Govern es gestionar “el acceso motorizado con vehículos privados”, un capítulo en el que incluye las autocaravanas y furgonetas, que al pernoctar en la naturaleza impactan en un ecosistema que incluso en temporada alta gozaba de una tregua por las noches. El próximo verano “el esfuerzo se centrará en habilitar nuevas zonas de aparcamiento, en no permitirlo en otros puntos [como en determinadas pistas forestales], y en ponernos más duros con la vigilancia”, de la que se encargan los Agentes Rurales y los Mossos.

Excursionistas en el aparcamiento de la estación de esquí de Vallter, en agosto de 2020.
Excursionistas en el aparcamiento de la estación de esquí de Vallter, en agosto de 2020.©Toni Ferragut (EL PAÍS)

Miralles afirma que las restricciones “han llegado para quedarse” y compara el proceso de veto al coche en los espacios naturales con las peatonalizaciones en las ciudades: “Los centros han cerrado, ha costado, pero todo el mundo lo acaba celebrando porque la experiencia de la visita mejora”. La Generalitat también explora la contratación de vigilantes o informadores, pensando en los guardas que habían tenido los parques y que comenzaron a desaparecer al crear el cuerpo de Agentes Rurales. Otra vía que no necesariamente limita, pero sí se entiende como muy beneficiosa, son las visitas guiadas a los parques: el público se marcha conociendo y valorando más el entorno.

El Govern, y también la Diputación de Barcelona, estudian, además, hacer una campaña de comunicación para explicar que el medio tiene valores a proteger y propietarios. Especialmente preocupados se muestran por el uso masivo y no siempre respetuoso que el verano pasado se hizo de ríos y pozas, donde es complicado regular accesos o el baño. También los ayuntamientos se han puesto las pilas dentro de sus competencias. Y aquí entran las ordenanzas para gestionar el paso a determinadas zonas o fijar precios públicos para aparcar, que permiten costear la vigilancia o mantenimiento.

En la Diputación de Barcelona (que gestiona sola o en consorcio diez parques), el coordinador de Espacios Naturales, Jordi Padrós, destaca la falta de conciencia sobre el hecho de que la mayoría del territorio protegido “es de propiedad privada y tiene actividad económica, forestal, agrícola o ganadera; y hay que respetarla, no abrir vallas, no llevar perros sueltos, no salir de los caminos…”. “Los propietarios aceptan que se entre sin pedir permiso, pero piden respeto”, resume. “La asignatura pendiente es un sistema de aparcamientos que permita advertir de su ocupación antes de llegar. Si tenemos los espacios desordenados, perdemos el valor que vamos a buscar al visitarlos”, considera.

Quien lleva ya años asistiendo al incremento de visitantes a la montaña es la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña (FEEC). “Antes de todo esto nosotros ya estábamos, incluso tenemos un representante en cada parque para defender los derechos del colectivo”, reivindica su presidente, Jordi Merino. Es partidario de “no prohibir el acceso, pero sí que sea ordenado y regulado”, con contadores, controles o aplicaciones. Y cita el caso del “aparcamiento disuasorio en estudio en Saldes, previo al Pedraforca, con un mini bus lanzadera hasta el actual aparcamiento”. Merino apuesta por la formación y la información, “porque no todo el mundo tiene cultura de montaña o del entorno natural”. También para que la gente aprenda “a salir preparada, bien equipada, habiendo mirado la ruta, la previsión meteorológica”. La propia FEEC ha editado un código de buenas prácticas en la montaña para usuarios de bicicleta de montaña.

Enclaves no protegidos y colapsados

Más allá de los parques naturales o espacios protegidos, en los últimos años y meses también se han masificado enclaves concretos (cuevas, pozas, árboles) que el boca a boca y el altavoz que son las redes sociales han difundido. Desde el Centro por la Sostenibilidad Territorial, Llorenç Planagumà advierte del problema que supone la masificación de estos espacios que no tienen el paraguas de la gestión activa: “Preocupa porque los Ayuntamientos son pequeños y no tienen capacidad de gestión”.

Ejemplos de estos lugares, carne de Instagram, que del día a la mañana se han visto desbordados, son el Morro de l’Abella, en Tavertet (Collsacabra); o las rocas d’en Riera, en Torrelles de Llobregat (a media hora de Barcelona), o la poza del Toll de l’Olla en Farena (Serra de Prades). En Torrelles, explica la técnica de Medio Ambiente del Ayuntamiento Laia Peidro, tuvieron que vetar el acceso en 2019, “cerrar la pista y el lugar para parar el golpe mediante una ordenanza; y luego pedir ayuda a la Diputación para restaurarlo y un estudio sobre su futura gestión”.

Planagumà cree que igual que en el espacio público urbano se habla de capacidad de carga, el concepto es aplicable al medio natural. Y cita tres factores para medirla. Primero, “el impacto de la presencia de personas y vehículos en la biodiversidad; segundo, “la erosión del terreno que producen”. Y un tercer aspecto “psicológico, para el mismo visitante, si disfruta o no del lugar al que acude para disfrutar de la naturaleza; y para los vecinos el impacto que producen los visitantes”. Planagumà introduce otro debate: el peligro de estigmatizar la figura del “dominguero”, la persona que solo puede salir un día a la naturaleza. Si lo hace es porque no dispone de más tiempo libre, advierte.

Desde el centro de estudios sobre turismo y sus efectos Alba Sud, el investigador Ernest Cañada, añade que la pandemia, al detener la movilidad internacional “nos ha puesto ante el espejo de las limitaciones de nuestras infraestructuras para poder acceder a los espacios naturales de proximidad”. “Y de rebote pone en evidencia la falta de políticas turísticas pensadas para la población local, solo como mecanismo para subvencionar a las empresas turísticas receptivas, pero nada pensado para las necesidades y derechos de la ciudadanía”.

Sobre la firma

Clara Blanchar

Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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